Con los tiempos electorales encima y con la negación que parece volverse verdad a los ojos de la mayoría de los políticos y los medios, Jalisco cierra un año cargado de violencia y opacidad. Violencia porque en todo 2014 fueron asesinadas mil 097 personas, el 60 por ciento de ellas por uso de arma de fuego, y opacidad porque todas estas muertes se reportan de manera oficial y mediática como casos aislados y sin conexión. Es la terrible suma de muertes cruentas que no encuentran explicaciones en un escenario de violencia que crece debajo de las apariencias y engaños gubernamentales.
En diciembre se desarmaron dos corporaciones de seguridad pública municipal por presuntos vínculos con el crimen organizado, pero otras entidades donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) opera a plena luz del día ni siquiera aparecen en el radar de la Fuerza Única Jalisco (FUJ) que, tras un año de su integración, pregona que su mando único policial es un ejemplo a seguir; por ello, consideran que es un “reconocimiento” el que Jalisco esté entre los estados más críticos en materia de seguridad a nivel nacional.
Tanto reconocimiento y confianza dicen tener de parte del Gobierno Federal que, el 18 de diciembre, la Procuraduría General de la República capturó sin avisarles a Omar Espejo Flores, uno de los líderes del CJNG, el cual es presunto responsable de la desaparición de dos policías federales en los límites de Jalisco y Michoacán, la búsqueda de estos agentes derivó en la exhumación de 74 cuerpos de las fosas clandestinas localizadas en el municipio de La Barca. Así fue diciembre en Jalisco.
Desarmes preventivos, jamás correctivos.
Luego de que el presidente, Enrique Peña Nieto, incluyera a Jalisco como uno de los cuatro estados que requerirían medidas urgentes en materia de seguridad para evitar la infiltración del crimen organizado en sus policías municipales pocas cosas han cambiado porque desde la Fiscalía General se ha negado sistemáticamente que el estado sea un foco rojo, pues aquí estamos muy lejos de la violencia que se vive en Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, estados que forman parte de las 10 medidas para mejorar la Seguridad, la Justicia y el Estado de Derecho en México implementadas por el Gobierno Federal.
Lejos aceptar que existe un riesgo importante en materia de seguridad y que hay zonas en el estado que se han vuelto intransitables para sus habitantes e ingobernables para sus autoridades, lo que se ha hecho es inflar aún más la burbuja de la aparente seguridad, ya que se precisa que las acciones federales son preventivas y no correctivas.
Tan preventivas como el desarme de las policías municipales de Cocula y Casimiro Castillo que se realizó el 8 de diciembre, esto por la supuesta infiltración del crimen organizado en ambas corporaciones de seguridad.
En el caso de Cocula se informó que el subdirector de seguridad pública, Gustavo Valencia, y Victoriano Rosas, primer comandante, aceptaron que recibían dinero de la delincuencia organizada a cambio de la información sobre los diversos operativos que en la zona realizaban (o realizarían) la FUJ, la policía federal y el ejército. Además confesaron que también brindaban protección a los criminales y los dejaban vender y distribuir la droga libremente en su municipio. Ambos policías ya fueron consignados por los delitos de peculado y crímenes en contra de representantes de la autoridad.
Cocula, como su homónima guerrerense, dejaba operar al crimen organizado bajo el cobijo y amparo de su policía municipal; sin embargo (como también pasó en Cocula, Guerrero), acá se dejó sin ninguna culpabilidad al alcalde de extracción panista, Félix Alberto Ibarra Vázquez, quien aparentemente desconocía el actuar de su policía.
Cocula ya había sido escenario de enfrentamientos entre elementos de la FUJ y el CJNG, pues en junio de 2014 se realizó una balacera que dejó heridos a tres policías. Este municipio famoso por ser la cuna de mariachi ahora está bajo el resguardo de la FUJ, la cual ahora tiene a su cargo todas las labores de seguridad pública, esto hasta que se compruebe la confiabilidad de sus 45 policías que aún se encuentran en investigación.
El municipio de Casimiro Castillo, gobernador por el priísta Salvador Durán Núñez, también sufrió el desarme de sus 26 elementos de seguridad pública municipal; sin embargo, en este municipio no se ha consignado a ningún elemento y, por tanto, se desconoce el nivel de infiltración que el crimen organizado tenía en dicha corporación.
Apenas el pasado 23 de octubre de 2014, Casimiro Castillo cobró notoriedad nacional por el operativo que 200 infantes de la Sexta Región Naval realizaron para capturar a Nemesio Ocegueda Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG. Al llegar al lugar donde aparentemente se encontraba el capo, éste ya se había esfumado. La Secretaría de Marina Armada de México informó que la huida del narcotraficante se debió a la amplia red de informantes que “El Mencho” posee en la zona. En este operativo no participó la FUJ.
Un mes después de este operativo, el 7 de noviembre, la FUJ capturó a 17 personas en este mismo municipio vinculadas al robo de vehículos, siete de ellas eran policías municipales en funciones. Sin conectar ninguno de los hechos anteriores, la Fiscalía General sólo ha precisado que sigue investigando a los policías municipales retenidos.
Tanto Cocula como Casimiro Castillo forman parte del Distrito Federal Electoral 18, el cual hasta el 22 de septiembre del 2014 representaba el diputado Gabriel Gómez Michel, quien fue plagiado a plena luz del día en Tlaquepaque y fue encontrado muerto junto con su asistente, Heriberto Núñez Ramos, un día después en el municipio de Apulco, Zacatecas.
A pesar de que se anunció que otros municipios serían igualmente desarmados es fecha que la Fiscalía General o el gobernador no dan la orden de intervenir en la seguridad pública de otros municipios siendo que sitios como Ameca y Tala (en la Región Valles); San Gabriel (Región Sur); Ejutla, El Grullo, Unión de Tula (Sierra de Amula); Ayutla, Mascota, San Sebastián del Oeste, (Sierra Occidental); Autlán de Navarro, Zapotlán el Grande (Costa Sur); La Barca, Chapala, Atotonilco el Alto (Ciénega); Acatic (Altos Sur) y Lagos de Moreno, Ojuelos (Altos Norte), han existido hechos que vinculan a sus policías con el narcotráfico.
Incluso, la muerte del presidente municipal de Ayutla, Manuel Gómez Torres, acontecida el 3 de agosto del 2014, sucedió tras los pactos previos que el munícipe presuntamente realizó con la cabecilla del CJNG, Sergio Hernández González, alias “El Comandante Sergio”, en la región sierra occidental. El municipio de Ayutla no ha sido desarmado.
La desconfianza imperante en una detención clave
El 3 de noviembre de 2013 se reportó la desaparición de los agentes de la Procuraduría General de la República (PGR), René Rojas Márquez y Gabriel Quijadas Santiago. Cuatro días después se montó un operativo para localizarlos, pues su rastro se perdió en la frontera entre Jalisco y Michoacán, específicamente entre los municipios de Vista Hermosa (Michoacán) y La Barca (Jalisco)
El operativo de búsqueda se incrementó cuando en el kilómetro 4 de carretera Sahuayo-Vista Hermosa, en la comunidad de Briseñas, se encontró calcinada la camioneta de los agentes. A partir de esto, se detuvo a 25 personas, entre ellos 22 policías del municipio de Vista Hermosa. De las indagatorias y confesiones, se supo que en los límites entre Jalisco y Michoacán existían diversas fosas clandestinas usadas, presuntamente, por integrantes del Cártel Jalisco NuevaGeneración.
Hoy tristemente se sabe que en el municipio de La Barca se localizaron 37 fosas clandestinas de las que se exhumaron 74 cuerpos. De los responsables sabíamos muy poco hasta que el 18 de diciembre, elementos de la Agencia de Investigación Criminal, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y de la Secretaría de Marina (Semar), detuvieron en Zapopan a Omar Espejo Flores, alias “El Toro”, uno de los cabecillas del Cártel Jalisco Nueva Generación.
De acuerdo al director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, Espejo Flores está vinculado directamente con la desaparición de los agentes federales, pues su zona de influencia y acción criminal se ubica en el lugar donde no sólo desaparecieron los policías sino donde también fueron halladas las fosas clandestinas.
La detención de “El Toro” se realizó sin ayuda de la Fiscalía General de Jalisco y se registró sin realizar un solo disparo, pues el cabecilla del CJNG fue detenido mientras manejada un carro de lujo por las calles de Zapopan. Tomás Zerón de Lucio informó que: “Como parte importante dentro de esa organización criminal, su participación era la de coordinar a grupos de halcones, operadores y sicarios en ambas entidades, realizando además secuestros, robo de hidrocarburos, cobro de piso y el trasiego de droga”.
El líder del CJNG fue internado en el penal federal número 4 del Rincón en Tepic, Nayarit. Su detención e implicación en la desaparición de los dos agentes de la PGR se dio tras la confesión de los policías municipales de Vista Hermosa, pues fueron éstos quienes aseguraron que éste había mandado a levantarlos; sin embargo, Omar Espejo Flores no ha declarado nada respecto de estos hechos ni tampoco ha dado mayor información sobre las fosas clandestinas localizadas en La Barca. Sus declaraciones serán vitales pasa saber los motivos que llevaron a asesinar y enterrar a las 74 personas localizadas en las 37 fosas.
Con esta detención lo que ya parece desdibujarse es la versión oficial de las autoridades de Jalisco que han insistido una y otra vez que las fosas y sus 74 cuerpos no corresponden a actos delictivos sucedidos en el estado, pues a decir de la Fiscalía General: “aquí sólo los vinieron a enterrar”. Habrá que esperar a las indagatorias de la PGR, aunque las esperanzas para aclarar lo sucedido en La Barca no son muchas, pues a un año de los hechos esta instancia federal no ha rendido informes sobre sus investigaciones.
Colofón
A pesar de que los tiempos oficiales de campaña electoral aún no inician en el estado, los aspirantes a contender por las candidaturas internas a las presidencias municipales, diputaciones locales y federales están ya realizando actos públicos de campaña que, apegados a la Ley Electoral, sólo debieran ejercerse ante los militantes de sus partidos, ya que el calendario electoral lo que ahora marca es la inscripción y participación de pre-candidatos partidistas e independientes.
Este último punto es donde se ha generado mayor ruido, ya que Guillermo Cienfuegos Pérez y su hijo Costel Cienfuegos y Fuentes mejor conocidos como los payasos "Lagrimita" y "Costel", acudieron al Instituto Nacional Electoral (INE) en Jalisco para registrar una planilla independiente para contender por la alcaldía de Guadalajara.
Estos personajes, famosos por su programa cómico que se trasmite en Televisa Guadalajara, aprovecharon la oportunidad que brinda la Reforma Electoral para contender legalmente por la alcaldía, aunque para ello deberán reunir 24 mil firmas que apoyen su postulación, las cuales deberán ser representativas de por lo menos 491 secciones de las 982 que posee el municipio de Guadalajara. De lograr esto, ambos payasos de la televisión local podrían participar en las elecciones del próximo 7 de julio y recibir un porcentaje del millón 400 mil pesos que el INE presupuestó para el financiamiento de candidatos independientes.
