Una joven desaparece y al volver denuncia que estuvo en una casa de seguridad con otras mujeres, nadie investiga. Una profesora da una clase a nivel secundaria, las autoridades escolares y los padres se alarman porque es una mujer de género, su “solución” es crear un aula espejo para que los alumnos decidan tomar o no la clase con ella, la distinción de género resulta discriminatoria. El número dos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un año de estar encarcelado, sale libre por “falta de pruebas”. Un alcalde que se negó a dar una “disculpa pública” a las familias de los jóvenes que criminalizó ignora la disposición de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y se va de la presidencia municipal de Lagos de Moreno para contender por una diputación local. Sí, así inició el año 2015 en Jalisco.
¿Quién sigue la ruta de la trata detrás de las desapariciones de mujeres en Jalisco?
Cynthia Judith García Salcedo, de 19 años de edad, desapareció el 6 de enero del 2015. Ella es alumna de la Preparatoria Tonalá Norte de la Universidad de Guadalajara. Tras su desaparición sus familiares hicieron públicos los presuntos acosos sexuales que ésta aparentemente sufría de parte del Comité Estudiantil de su escuela. Éstos se descartaron.
Cynthia desapareció en pleno centro de Guadalajara, lugar al que llegó después de haber visitado a su abuela en la colonia Atlas. Ella toma en el centro de la capital de Jalisco, el camión que la traslada a su casa en San Sebastianito en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Sin embargo, ella no llegó a casa ese día.
La Fiscalía General de Jalisco y la propia Universidad de Guadalajara informaron que el día 10 de enero, Cynthia regresó “por su propio pie”. La razón de su “huida” fueron los problemas familiares y la falta de comunicación en su hogar. Ambas instituciones afirmaron que nunca padeció acoso y que sólo se ocultó de su familia en casa de una amiga. Nunca se ofrecieron pruebas para ratificar ambas cosas.
Extraoficialmente se conoció que Cynthia fue privada de su libertad por unos hombres que la llevaron a un sitio donde permaneció resguardada con otras jóvenes. La búsqueda de su familia y la visibilidad mediática de su desaparición hizo que la dejaran en libertad cuatro días después; sin embargo, no se ofreció información alguna de este lugar ni de quiénes podrían estar implicados en la posible trata de personas.
Un hecho similar ya había ocurrido el 28 de mayo del 2014, en esa ocasión dos jóvenes de 16 años desaparecieron de un centro comercial en Zapopan. Ambas fueron trasladadas a una finca ubicada entre los límites de Jalisco y Colima. Una de ellas logró realizar una llamada donde expresó lo siguiente: “Vengan por nosotras. Nos tienen a muchas encerradas y en las noches nos sacan a fiestas con hombres armados”.
La Fiscalía General, un día después, informó que ambas menores fueron rescatadas pero no mencionó nada de lo que éstas habían denunciado y, por supuesto, nada se supo de la finca en donde aún estaban otras menores. La Fiscalía prefirió no entrar en detalles, cuestión que no cumple cuando sí hace públicos los presuntos problemas familiares que orillan, como asegura el Fiscal Luis Carlos Nájera, a las jóvenes de Jalisco a huir de sus hogares.
La mayoría de las veces que la Fiscalía General o su Fiscalía de Derechos Humanos se refieren a la desaparición de mujeres insisten en que éstas no desaparecen sino que huyen de sus casas a causa de conflictos derivados de la incomprensión familiar. Es tal su seguridad que, incluso, las variables estadísticas que usan para explicar la desaparición de mujeres en Jalisco incluyen indicadores como: 1) Se fue con el novio y 2) Se peleó con la familia.
En 2014, en Jalisco, se interpusieron mil 097 denuncias por desaparición de mujeres y 135 fueron asesinadas. La alerta de género no ha sido activada.
Su nombre es Andrea Carolina
Andrea Carolina es mujer de género, es su decisión. No viste como mujer ni es un travesti es: MUJER DE GÉNERO y se desempeña como docente en la Escuela Secundaria Mixta No. 4, ubicada en la colonia Estancia del municipio de Zapopan.
Andrea Carolina tuvo que esperar seis años para reintegrarse a sus labores de enseñanza porque en 2009 fue separada de su cargo por el procedimiento de responsabilidad administrativa PRA159/2009-E que la Secretaría de Educación de Jalisco (SEJ) realizó porque ella se presentó a laborar en ropa femenina. En su momento, el procedimiento resultó en amonestación y reubicación definitiva de su empleo. Ella defendió su derecho a decidir.
En noviembre del 2014, dicho procedimiento se anuló porque se incurrió en abuso de autoridad, pues no se le respetó a Andrea Carolina el debido proceso porque se violó su garantía de audiencia y defensa. Así que se hizo improcedente la amonestación y se restituyó como maestro frente a grupo a Sergio Alberto Márquez González, hoy Andrea Carolina. Ella tenía todo el derecho de regresar como profesora en enero del 2015.
Desde noviembre del 2014 hasta esa fecha ni la SEJ ni la Escuela Secundaria Mixta No. 4 implementaron alguna estrategia educativa o formativa en materia de derechos humanos que propiciara un escenario de no discriminación. No hicieron nada, razón que generó el espacio para que algunos de los padres se manifestaran en las instalaciones de la secundaria para exigir que Andrea Carolina se presentara a dar clases como el maestro Sergio: “En una primera petición se hizo que viniera vestido como está adscrito en la Secretaría, que es como el maestro Sergio y no como Andrea Carolina, que les hizo saber a los niños que será su nombre, ahorita ya no estamos en esa postura; queremos que nos den resultados óptimos y resultados que vayan en pro de nuestros niños, de nuestros hijos, y en pro de la calidad y de los principios que nosotros les hemos inculcado”, declaró Angélica Medina, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia de la Secundaria Mixta No. 4.
Las quejas de estos padres ocasionaron que Andrea Carolina tuviera que suspender sus labores docentes en tanto se resolvían las audiencias que éstos solicitaron ante la SEJ. En la primera reunión, celebrada el 23 de enero, Andrea Carolina pidió se respetara su derecho al silencio y fue ella misma quien expresó, a través de perfil de Facebook, su sentir: “Resulta difícil ser imparcial en la propia descripción de la persona. Sería mucho más acertado que me conocieran por la opinión que tienen las demás personas de mí, tanto de las amistades como de quienes discrepan, de manera que usted(es) pudiese formarse un criterio. Ser mujer es mi convicción, pero en realidad soy una mezcla del hombre como imposición familiar y de la sociedad como de la mujer que fui gestando paralelamente”.
Andrea Carolina, como precisa Guadalupe Ramos –integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem)-: “es una mujer de género y no alguien que sólo se viste de mujer para dar clases. Ella vive una vida como mujer y así lo ha hecho en los últimos años; por ello, resulta, discriminatorio que la Secretaría de Educación de Jalisco estableciera como solución la creación de un aula espejo para que los alumnos tengan derecho a decidir tomar o no la clase con la profesora Andrea Carolina”.
El 27 de enero, el Secretario de Educación de Jalisco, Francisco Ayón, sin ningún sustento jurídico, normativo o pedagógico anunció que la solución a las demandas de los padres (no a la discriminación de la que es víctima Andrea Carolina) es crear un aula espejo: “Vamos a cumplimentar la parte de no discriminación y también estaremos revisando el tema del derecho de los padres y los alumnos a tomar clases con quien ellos decidan pertinente”.
Para Guadalupe Ramos esta “distinción” para la generación de un aula espejo es un acto discriminatorio porque no se genera esa aula por criterios educativos o pedagógicos sino únicamente por la condición de género que decidió adoptar Andrea Carolina: “La medida es violatoria porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una opinión consultiva ya estableció que para que una distinción no se convierta en discriminación debe cumplir con las siguientes exigencias: perseguir un fin legítimo y tener carácter objetivo, esto implica la existencia de una diferencia sustancial y no meramente formal, además de que esa diferencia debe ser relevante y poseer una importancia suficiente para justificar un trato distinto, pues no basta con que sea útil o conveniente”.
En ese sentido, como explica la integrante de Cladem, “no hay en la solución de la SEJ proporcionalidad entre la diferencia fáctica y la jurídica, entre los medios escogidos y los fines, ya que la medida no tiene sustento jurídico y, por ende, la desproporción entre el contenido del trato diferente y la finalidad propuesta lleva a la discriminación”.
Con aula espejo o sin ella, Andrea Carolina seguirá con sus clases: “Yo disfruto mucho la docencia y la razón que más se me ocurre de ello es que me encanta aprender, todos los días, lo que mejore la vida mía y de mis semejantes”.
El alcalde de Lagos de Moreno se va sin pedir disculpas
“Lamentablemente una de las líneas de investigación habla de una probable, lo subrayo, probable relación de estos jóvenes con la delincuencia organizada, es una de las líneas que se está investigando y donde hay fuertes indicios en el tema”, esta fue la declaración que emitió el ahora alcalde con licencia del municipio de Lagos de Moreno, Hugo René Ruiz Esparza, cuando el 23 de julio del 2013 explicó la desaparición y muerte de Eduardo Isaías Ramírez Hernández (21 años); Ángel de Jesús Rodríguez Hernández (19 años); Daniel Armando Espinoza Hernández (22 años); José Gerardo Aguilar Martínez (18 años); Marco Antonio Ramírez Cárdenas (19 años), Cristian Fabián Ávila Cardona (18 años) y Rodrigo Espinoza Aguayo (38 años), sucedida en su municipio el 7 de julio del 2013.
Las familias de cada uno de ellos no se quedaron con los brazos cruzados porque las declaraciones de quien ahora busca contender por la diputación local en el Distrito II aún siguen afectando sus vidas y vivencias cotidianas. Las familias interpusieron, el 23 de julio del 2013, la queja número 6092/2013/III en la Tercera Visitaduría de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) en contra del Alcalde de Lagos de Moreno por mancillar la dignidad y el nombre de sus familiares, razón por la cual exigieron que éste emitiera una disculpa pública por hacer vinculado sin sustentos ni pruebas a las siete víctimas con el crimen organizado.
La queja interpuesta por los familiares tuvo que esperar más de un año porque el Presidente Municipal se negó en diversas ocasiones a reconocer los hechos porque a su parecer éste nunca quiso criminalizar a nadie. Algo que las familias no aceptaron al ratificar su queja en la CEDHJ, el 5 de diciembre de 2013. Tras una “revisión exhaustiva”, la CEDHJ emitió el 9 de mayo de 2014 una resolución donde sólo conminó al Alcalde a publicar en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Lagos de Moreno: “una aclaración puntual y detallada respecto de sus declaraciones”. No una disculpa, sólo una aclaración de lo dicho, lo cual como establece la Ley General de Víctimas estaría muy alejado del “reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades” (Art. 73, IV).
Don Armando, padre de Daniel Armando Espinoza, después de la resolución de la CEDHJ se dedicó a ir cada semana a la Presidencia Municipal de Lagos de Moreno para saber si en la Gaceta Municipal ya se habían publicado las aclaraciones del Alcalde, la respuesta era siempre la misma: “Aún no, regrese la semana que viene”. Así pasaron más de tres meses; incluso, cuando dicha “aclaración puntual” se publicó el 16 de julio de 2014.
Sin acceso a la aclaración y sin el tacto debido para notificar a los implicados, las familias se enteraron que el 19 de agosto del 2014 (un mes después) que “la aclaración puntual” ya había sido publicada en la Gaceta Municipal con diversas irregularidades; primero, en la aclaración del Alcalde se omitió el nombre de una de las víctimas, Rodrigo Espinoza Aguayo; segundo, en este no hubo un reconocimiento pleno del hecho ni se aceptaron las responsabilidades que se desprendieron de éste, pues en la página 25 de la Gaceta, Hugo René Ruiz Esparza, afirmó que en las declaraciones que emitió “no se hace ninguna afirmación categórica acerca de la relación de las víctimas con la delincuencia”.
La CEDHJ, el 18 de agosto del 2014, le notificó al Alcalde de Lagos de Moreno que estaba conforme con lo que éste había publicado en la Gaceta municipal. Esto como le dijera, el Presidente Municipal de Lagos de Moreno, Hugo René Ruiz Esparza, a Don Armando, padre de Daniel Armando Espinoza: “es un asunto ya delegado”.
Sin embargo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) atendió las quejas de los familiares que denunciaron las violaciones a la Ley General de Víctimas ante la negativa de ofrecerles “disculpas públicas”, así que en una resolución emitida el 11 de diciembre del 2014, la CEAV instó a Hugo René Ruiz Esparza, alcalde de Lagos de Moreno, a ofrecer una disculpa pública a las familias, pues eso quedó inconcluso con su “aclaración puntual”. La notificación de la CEAV recibió el acuse del municipio el 22 de diciembre del 2014, día en que Ruiz Esparza solicitó licencia para dejar la alcaldía y cumplir su sueño de ser diputado.
Las familias fueron notificadas de estas diligencias el 9 de enero del 2015. Las autoridades de Lagos de Moreno y el alcalde con licencia, Hugo René Ruiz Esparza, siguen sin ofrecer las disculpas que las familias merecen y ellos están obligados a dar.
Colofón
“Por faltas de pruebas que lo vinculen al crimen organizado” un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado decretó auto de libertad a Rubén Oseguera González, alias “El Mechito”, hijo de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, actual líder del CJNG.
“El Menchito” había sido detenido el 30 de enero del 2014 en Zapopan por efectivos del Ejército mexicano y de la Secretaría de Marina. En su detención le fueron confiscados 10 millones de pesos y 500 mil dólares, así como diversas armas de uso exclusivo del ejército. Al también conocido como “El Junior” se le adjudica, a sus 24 años, ser el encargado de administrar los recursos financieros del CJNG y de coordinar la compra-venta y trasiego de la droga proveniente de Sudamérica, además de encabezar el robo y la comercialización de combustible en el estado, así lo aseguró Alejandro Rubido García, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad.
Pese a ese historial y por falta de elementos para procesarlo, “El Menchito” salió bien librado de las acusaciones en su contra, pues primero recibió un amparo (16/10/14) para salir del penal de máxima seguridad número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, y ser trasladado al penal de Puente Grande en Jalisco. Allí llegó el 18 de diciembre del 2014 y ocho días después fue puesto en libertad. La noticia se dio a conocer el 3 de enero del 2015.
