Cuando nos anuncian un proyecto de prevención del delito en el cual participarán los tres niveles de gobiernos, uno espera que nos den información sobre cómo estamos en este momento en materia de seguridad, que den a conocer las propuestas del proyecto y las expectativas que se tienen con él. Esto, por un lado, les dará credibilidad a los funcionarios públicos que están inmersos en el proyecto. Pero también nos permitirá a los ciudadanos y ciudadanas estar informados, discutir la propuesta y apoyarla si la vemos pertinente.
Desafortunadamente esto no sucedió el 24 de abril en Hermosillo, día que se enunciaron dos proyectos para la prevención de delitos en Cajeme y en Hermosillo. Dos de los municipios que en el Estado tienen una tendencia a la alza en muertes relacionadas con el crimen organizado. Los proyectos se aprobaron por unanimidad sin mayores explicaciones. En una nota de un periódico sólo se resalta que el Secretario de Seguridad Publica, Ernesto Munro Palacio, se mostró complacido y que incluirá a los proyectos en el Programa Nacional de Prevención del Delito para aportar a los municipios 54 millones de pesos. ¿Pero cómo sabremos si este dinero se está usando en la prevención cuando no nos explican cómo van prevenir la delincuencia? ¿Cómo sabremos que estos métodos de prevención del delito comienzan a dar resultado si no nos dicen cuales son y las expectativas que tienen con este proyecto a corto, mediano y largo plazo? Y la pregunta más básica de todas a la hora de vender un producto o una idea: ¿qué nos están vendiendo por 54 millones de pesos?
En el caso de esta columna, como no pretendo vender nada, no comenzaré con las malas noticias. Tampoco con las buenas, porque aunque no me lo crean este mes tengo buenas noticias. Comenzaré con lo absurdo, más que nada por llevar un orden cronológico. Desde el mes de marzo el gobierno del Estado y la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano de Hermosillo Sociedad Anónima [Sictuhsa] comenzaron a recrudecer sus diferencias al punto de que en la primera semana de abril los hermosillenses dejamos de tener transporte público. La respuesta del gobierno estatal, en su lógica político partidista que se basa en la idea de ‘todos nos atacan porque somos del PAN’, tuvo la idea de comenzar a dar raites a los ciudadanos. Esta medida se aplicó de la siguiente manera. El Estado mando a sus funcionarios a dar raites a todos los ciudadanos que vieran a pie. Usaron los carros de la policía municipal y estatal para preparar convoys de raites y de repente uno comenzaba a ver por las calles camionetas de la Policía Estatal Investigadora [PEI], de la policía estatal y municipal llevando estudiantes a clases o ciudadanos a sus trabajos. Si caminabas por la calle los convoys se detenían para preguntarte amablemente si querías que te levantaran. En ocasiones te tocaba una camioneta blindada para transportar reos o un pickup de la policía investigadora secreta con las sirenas prendidas. Fue una semana en la cual los carros que son adaptados para transportar reos, patrullar calles y combatir la criminalidad se usaron como transporte público. En ocasiones estos carros venían con los cristales pintados con frases como ‘El PAN (o el Gobierno) te da raite’. Entendemos que ante una problemática como la del transporte público los vehículos oficiales pueden usarse para ayudar a la ciudadanía, pero usarlos también para hacer proselitismo políticos sólo es señal de ingobernabilidad por parte del gobierno estatal.
Del absurdo que fue esa primera semana en la cual los policías trabajaban como choferes de transporte publico pasamos a las malas noticias. Esas que no nos contaron cuando presentaron el proyecto de prevención de delitos y son necesarias para entender lo que sucede y podrá suceder dentro de poco. El 13 de abril en el periódico Entorno aparece una nota sobre el trasiego de drogas. En ella explican que el litoral de Sonora es usado para llevar cargamentos de droga proveniente de Sinaloa al norte del estado. Según el comandante de la Cuarta Región Naval, Rubén Medina Muro, el cargamento de estas embarcaciones es principalmente de mariguana y el mayor incremento se da en el último trimestre del año que es cuando se recoge la cosecha.
En el último mapa de los cárteles de México, publicado por la BBC Mundo y por Animal Político en octubre del 2012, vemos que Sonora ya no es territorio único del Cartel la Federación de Sinaloa, ahora la mayor parte del litoral le pertenece al Cartel del Pacifico Sur. La parte del litoral que aparece bajo el poder del Cartel del Pacifico Sur corresponde a la de los municipios de Huatabampo, Etchojoa, Benito Juarez, Cajeme, Bacum, San Ignacio Río Muerto, Empalme, Guaymas, Hermosillo y parte de Pitiquito. La parte del litoral que es del municipio de Caborca y el norte de Pitiquito, aparecen como terrenos en disputa. Casi en la frontera con Baja California, San Luis Río Colorado sigue bajo el poder del Cartel de la Republica de Sinaloa. Los principales puertos de esta región están en los municipios de Cajeme, Guaymas, Hermosillo y Puerto Peñasco y en dos de ellos la violencia aumentó notablemente en las últimas semanas de este mes. Se pueden resaltar los días 22 y 23 de abril en los que en cada uno aparecieron cuatro cuerpos sin vida y con señales de tortura en el Valle de Yaqui. Sí, el 22 aparecieron cuatro y el 23 otros cuatro. Cuéntenlos bien, 8 muertes violentas en dos días.
Las malas noticias no terminan aquí. Ya sé que con esto repruebo como vendedor de políticas de seguridad para el estado de Sonora. Pero algo de lo que poco se habla en Sonora es de los desaparecidos. De cómo los migrantes llegan aquí y parece que se los come el desierto. Supongo que un proyecto de prevención del delito también debe prever esto. Porque como señala José Merino, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas [CIDE] en un artículo publicado en Animal Político, qué curioso que en Sonora, Sinaloa y Tamaulipas, las localidades que concentran altos niveles de violencia y homicidios por presunta rivalidad delincuencial, coinciden también altas tasas de hombres desaparecidos. Merino hace este cuestionamiento después de haber revisado los datos que la Secretaría de Gobernación hizo públicos el 27 de febrero pasado sobre los desaparecidos en el sexenio de Calderón. En este mismo tema, Univisión presentó en este mes un mapa con los municipios donde más desaparecen personas. Los dos municipios que encabezan esta lista nacional son de Sonora: Cucurpe con 398 y Onavas con 271 desaparecidos por cada 100 mil habitantes en el sexenio de Calderón. Pero también hay otros municipios en los cuales se tienen altas tasas de desaparecidos: Nogales, Imuris, Agua Prieta, Santa Anna, Cananea, San Pedro de la Cueva, Caborca y Altar. Con la excepción de Caborca, que es un territorio disputado por el Cártel del Pacífico Sur, todas estas otras poblaciones son controladas por el Cartel de Sinaloa –también llamado el Cártel del Chapo.
Ubicando en el mapa las zonas controladas por los distintos carteles que tiene presencia en el Estado, reconociendo los territorios en disputa y el tipo de actividades que estos cárteles tienen, podemos entender un poco lo que sucede en materia de violencia. Las desapariciones en su mayoría se dan en la sierra y en el desierto de Altar -que es por donde van las rutas de migrantes hacia los Estados Unidos-, y por el litoral del mar de Cortes se tiene la ruta de trasiego de mariguana hacia el norte.
Ahora, como les prometí al comienzo. Tengo una buena noticia. No es para intentarles vender un proyecto de prevención de delitos. Se los prometo. Pero creo que vale la pena resaltar los esfuerzos de la ciudadanía por iniciar espacios de dialogo con la autoridad a la hora de hablar de proyectos para prevenir la violencia. El 20 de abril en Hermosillo se dio una pequeña consulta ciudadana sobre la legalización de la mariguana. En la invitación al evento de Facebook 1,211 personas dieron asistir, pero al momento de llevarse a cabo la consulta hubo 331 votos. La casilla permaneció abierta desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde en el mercado municipal en el centro de la ciudad y arrojo los siguientes resultados: 279 de los votos favorecieron la legalización de la mariguana, 49 se opusieron y 3 fueron nulos. Esta consulta aunque no tenga peso legal manifiesta que un alto porcentaje de la población en Hermosillo quiere por lo menos discutir la posibilidad de la legalización de la mariguana y por tanto se preocupa por los temas de seguridad que se relacionan con el crimen organizado y a la prohibición de la mariguana. Desafortunadamente los tres poderes -municipal, estatal y federal- no pensaron en esta ciudadanía a la hora de presentar su proyecto para la prevención del delito. Sólo nos anunciaron que recibirá 54 millones de nuestros pesos.
