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En los pináculos de poder discuten sobre el crimen organizado en la capital sin darle información a una ciudadana dejada en la indefensión.  

Ricardo Monreal (del partido Morena) es delegado en la Cuauhtémoc. El 27 de abril habló ante el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México. En esta delegación, dijo, hay actividades delincuenciales con olor a crimen organizado. Luego presumió de tener “claridad sobre el problema y sobre lo que se debe de hacer”, para luego lamentarse de estar maniatado y de carecer de facultades para enfrentar a los delincuentes. Miguel Ángel Mancera reaccionó con otro más de sus arrebatos de negación mientras que los diputados perredistas y la secretaria de gobierno, Patricia Mercado, exigieron a Monreal denunciar y demostrar sus afirmaciones.

En los estudios que hago sobre mafias y carteles he establecido cuatro etapas en la reacción de gobiernos y sociedades: negación, aceptación, elaboración de políticas e implementación. En los Estados Unidos, por ejemplo, Edgar Hoover (director del FBI entre 1924 y 1972) negó la existencia de la “mafia” hasta que, en noviembre de 1957, policías del estado de Nueva York sorprendieron en Appalanchin una cumbre de 24 familias mafiosas. Tras el escándalo vendría la aceptación del riesgo y los tres niveles de gobierno se lanzaron contra las familias que terminaron fragmentadas sin que con ello eliminaran al crimen organizado.

En México lo negaron durante décadas. Esto cambió para 2006, cuando Felipe Calderón declaró la guerra al crimen organizado con una estrategia pésima y un desorden monumental. “Haiga sido como haiga sido”, la federación ya reconoció al problema y tiene una estrategia mediocre; un buen número de gobernadores y presidentes municipales hacen lo que se les ocurre. En la Ciudad de México, Mancera se atrinchera en la negación mientras los carteles crecen y consolidan su presencia. Sustento con evidencia mi afirmación.

Uno. En julio de 2015 la Drug Enforcement Administration (DEA) actualizó sus estimaciones sobre los territorios mexicanos donde el crimen organizado tenía una “presencia significativa o creciente”. Según la DEA, en la capital actúan los carteles de Sinaloa, el Golfo, los Beltrán Leyva, los Zetas y los Caballeros Templarios.

Dos. En lo que va del sexenio el Gobierno Federal ha canalizado 466 millones de pesos para combatir un problema inexistente para Mancera. La Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación ha canalizado esos fondos para trabajar en los Polígonos de Riesgo (territorios con “alto nivel de delincuencia y peligrosidad”) de cinco delegaciones capitalinas: Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc.

Tres. De acuerdo con cifras oficiales entre 2011 y 2015 la capital tuvo más homicidios por cada 100 mil habitantes que Guadalajara y Querétaro. Un porcentaje de estas muertes siguen métodos comunes en el crimen organizado. Es el caso con los dos jóvenes descuartizados que aventaron este lunes en Tepito.

Cuatro. Algunos medios de comunicación aportan constantemente piezas del rompecabezas delincuencial. Arturo Sierra ha documentado en Reforma que la falta de una estrategia ha facilitado el crecimiento de la Unión Tepito que en siete años se ha convertido en la fuerza dominante del tráfico de droga. La Unión también vende franquicias para que se utilice su nombre, ejecuta, extorsiona y cobra derecho de piso a comerciantes.

En El Colegio de México Ricardo Monreal nos dio a probar la enorme cantidad de información que tiene sobre los patrones delincuenciales en la Cuauhtémoc. Dos días después Patricia Mercado le reprochó que litigara esos temas en público. ¡Qué actitud tan retrógrada! La seguridad es un tema que interesa a todos y la manera cómo ocultan información detallada es un indicador de su incapacidad como gobernantes y del desprecio que tienen hacia la ciudadanía. En lugar de reprocharnos nuestro mal humor que nos hablen con claridad.

Morena dice ser diferente. Que sus delegados lo demuestren explicando lo que pasa en los territorios que gobierna. Ricardo Monreal debe informar sobre lo que va pasando en las calles y centros comerciales de la Cuauhtémoc, territorio que equiparó a una bomba de tiempo. ¿Cuántas otras zonas de la capital están en una situación parecida? Aunque Mancera lo niegue, en la Ciudad de México se infiltra el crimen organizado.

No recuerdo cuándo fue la primera vez que las drogas entraron en mi vida, no como materia de consumo sino como telón de fondo de lo que era mi día a día, el de mi familia y el de todos los que vivíamos en aquel barrio de clase media baja, situado al este de Guadalajara, México. Recuerdo la charla que mi hermano mayor, Ignacio, quiso tener conmigo antes de dejar el país. Fue en la década de los 90 y para entonces yo tenía 12 años y él 22. Nos vimos a escondidas, a la vuelta de la calle en donde estaba la casa en donde yo vivía con mis otros dos hermanos y con mis padres. Fue una charla a escondidas porque las relaciones con mis padres estaban completamente rotas; él y mi padre no podían verse ni en pintura. Le preocupaba irse de México sin prevenirme, sin avisarme que mis otros dos hermanos, Adrián y Jorge, eran consumidores de cocaína, como la gran mayoría de los hombres del barrio. Ignacio temía que a mí también me llevara el tornado que se estaba llevando a todos, poco a poco, sin que nadie se diera cuenta. Yo asentía a todo lo que él me comentaba, como si fuera novedad, cuando en realidad no lo era. Para entonces yo sabía que mis dos hermanos consumían, así como casi todos los amigos de mi barrio, que en general eran mayores que yo. En más de una ocasión yo también había probado la coca, al chupar los bolígrafos que, sin saberlo, habían sido utilizados por mis hermanos para esnifar. Pronto descubrí que por eso se me adormecía la lengua. También me llegué a encontrar una que otra micha escondida entre las páginas de los libros que se encontraban en la sala.

Todo aquello se convirtió rápidamente en mi cotidianeidad. Todos, absolutamente todos, teníamos algo que ver con la coca. José, el chico que me encantaba y con el que comencé a salir a los 13 años no sólo era consumidor sino también vendedor. Yo, como podía, le echaba la mano, solapándolo, guardándole el material o el dinero que iba ganando. En alguna ocasión utilizamos mis monos de peluche para guardar las michas en su interior y poder trasladarlas por la calle sin arriesgarse a que se las encontraran. Nunca consumí y mis amigas, salvo una, tampoco, aquello parecía actividad propia de hombres.

La coca era parte de la vida del barrio, como los conciertos de Caifanes y de la Maldita, las fiestas con “luz y sonido”, los “skatos” y las caguamas. Yo era feliz y sé que muchos de los del barrio lo eran, al menos la mayor parte del tiempo. Pero todo aquello tenía sus momentos grises, casi negros. En casa, los primeros conflictos familiares se desataron cuando empezaron a desaparecer mis cosas, las de mi madre y todo aquello que fuera de valor y cuya ausencia no pudiera ser notada inmediatamente: anillos, cadenas, pulseras. Objetos que íbamos recuperando cuando podíamos con las diversas personas, también del barrio, a las que mis hermanos se los habían empeñado. También empezaron a hacer estragos las ausencias prolongadas. José, como mis hermanos, se desaparecía por días. Cuando volvía se encontraba en un estado físico deplorable, después de pasar días enteros en casas que alquilaban para eso, para atiborrarse de coca. Adrián, mi hermano, llegó a ver sus pies bañados en gasolina a unos centímetros del fósforo que sostenía uno de los narcotraficantes al menudeo que quería recuperar todo lo que se le adeudaba. Jorge, mi otro hermano, comenzó a hacer fraudes de importancia en las empresas en donde trabajaba como agente comercial para poder mantener su nivel de consumo. José, por su parte, dejaba de lado de vez en cuando el atuendo skate, se ponía traje y camiseta, agarraba su motoneta y, junto con otro amigo, se iba al oeste de la ciudad, a las colonias ricas, a bolsear a los paseantes.

En cierto momento mis padres se dieron cuenta de lo peligroso que resultaba aquel ambiente. Era sobre todo mi relación con José lo que los inquietaba. Me veían enamoradísima de un adicto, busca problemas, sin destino alguno, con el que a los 15 años yo ya quería casarme y ser mamá. Curiosamente a mis hermanos no los veían como unos perdidos de la vida, aunque para ese entonces mi hermano Jorge, que ya se había casado con Cristina, una chica del barrio, ya no vivía en Guadalajara. Había huido de la ciudad por un gran fraude que había cometido; era eso o terminar en el penal.

Mis padres tomaron la decisión de sacarme de aquel mundo a través de una mudanza. Nos instalamos todavía más al este de la ciudad. Pensaron que aquello ayudaría a que yo dejara de ver a José, pero por algún tiempo me las arreglé para que mis padres siguieran aceptando mi relación con él. Adrián, mi otro hermano, también se las arregló para continuar con sus antiguas amistades y sus antiguas adicciones. Luego para mí todo cambió. Hice amigos en el nuevo barrio, cuya vida no giraba alrededor de la coca, me olvidé de José, decidí continuar con los estudios de bachillerato y conocí al que hasta el día de hoy es mi compañero.

Pero el cambio de barrio para Adrián, y de ciudad, para Jorge, no fue suficiente. Su dependencia a la coca era demasiado fuerte. Robos, fraudes, peleas, demandas penales, centros de desintoxicación… Esa fue la vida que mi familia continuó y continúa teniendo desde entonces. Jorge pasó de la coca a la piedra y todo se fue más al carajo. La vida con Cristina ni con sus cuatro hijos fue suficiente para que, como decimos, agarrara el pedo. No aguantó más y tras 17 años de adicción y de todo lo que aquello conllevaba decidió suicidarse a los 35 años. El shock que supuso su partida tampoco fue suficiente para que Adrián, mi otro hermano, decidiera empezar otro camino. Hoy tiene 41 años y se encuentra más hundido que nunca. Hace cuatro años abandonó a su esposa, otra chica de aquel barrio del infierno, como a sus tres hijos. Mis sobrinos, junto a su madre, continúan viviendo en dicho barrio. Uno de ellos, de apenas 13 años, ya pasó también por el centro de desintoxicación, lo abandonó y continúa siendo consumidor. En su adicción lo acompañan muchos de los hijos de los antiguos amigos de mis hermanos del barrio. Otra de mis sobrinas, de 15 años, ya es madre de una niña de un año.

Yo estoy lejos de México en estos momentos. Hace 9 años que me fui, como mi hermano mayor, que desde hace 23 años ha vuelto a visitar a mis padres sólo cinco veces. Actualmente soy militante, desde el extranjero lucho activamente junto con otras personas para denunciar la violencia de Estado, la corrupción de las autoridades mexicanas, su colusión con el crimen organizado y la maldita herencia que eso nos ha dejado: miles y miles de muertos y desaparecidos y una impunidad sistemática. Esta es la cara más visible del estado de putrefacción en el que se encuentra el país. La otra cara, la de las generaciones perdidas, como la de mis hermanos, como la de mis sobrinos, no lo es tanto, pero no por ello es menos catastrófica. Desde hace décadas las autoridades mexicanas no han sabido ni han querido hacer frente a la problemática de producción, transporte y comercialización de estupefacientes. Mucho menos ha habido políticas públicas eficientes para enfrentar la problemática del consumo interno. Las élites políticas se han preocupado más por sus alianzas estratégicas con los cárteles y por su acceso al poder, que por el bienestar de la población. Si la falsa guerra contra el narcotráfico declarada por Calderón desató como nunca una violencia que puso todavía más al país patas arriba, el pactismo de los gobiernos priistas con el crimen organizado puso en marcha un deterioro del tejido social de baja intensidad que mucho tiene que ver con lo que actualmente vivimos. No pretendo ser reduccionista y culpar exclusivamente al Estado por la situación en que se encuentran miles de familias mexicanas como la mía, pero su papel mucho ha jugado. ¿Cómo lograr que la gente no se inmiscuya en el narco –porque el narco no funciona sin los miles de mexicanos que ocupan diversos puestos–  cuando el simple hecho de ser halcón te ofrece ingresos mucho mayores a los de cualquier obrero mexicano?

No sé ni siquiera cómo terminar estas líneas. Las empecé porque no podía más, porque necesitaba escribir tras la última llamada de mi madre, contándome cómo Adrián andaba de nuevo muy mal. A veces me pregunto cómo puedo seguir luchando por los miles de desaparecidos si no he sido capaz de ayudar a mi propia familia. A veces me pregunto si vale la pena seguir luchando. “Esperanza”, es la palabra que me pasó por la cabeza. Esperanza de que algún día mi hermano agarre el pedo, esperanza de que la sociedad civil organizada vaya poco a poco reconstruyendo el tejido social que por el momento sigue muy desgarrado.

La mañana del domingo 1º. de mayo de 2016, lo que prometía ser un día de fiesta más por la celebración del Día Internacional de los Trabajadores en la ciudad de Querétaro, algunos de los cientos de enardecidos manifestantes arrojaron playeras y gorras en contra del templete de honor en donde se encontraba el gabinete del gobernador Francisco Domínguez Servién.

Los indignados manifestantes gritaron a todo pulmón: ¡traidores, vendidos, rateros y cobardes! a los integrantes del presídium quienes, ante los reclamos, bajaron del lugar para enfilarse a toda prisa a las oficinas de la Secretaría de Gobierno, lugar en el que se escondieron de la gente que los persiguió con sus reclamos.

Sin embargo, los gritos de ¡cobardes, cobardes, cobardes! Siguieron retumbando en Plaza de Armas, sede del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

Uno de los videos, subido al Facebook por el periodista Diego Armando Rivera Becerra, se viralizó (es decir, fue reproducido miles de veces) en unas cuantas horas. No era para menos ver cómo Pancho Domínguez y sus acompañantes, con los rostros desencajados, bajan del estrado ubicado en la esquina de Corregidora y 5 de Mayo y son perseguidos por su conciencia manchada con los gritos de cientos de manifestantes que les gritaban ¡fuera, fuera, fuera!

¡Esos son, esos son, los que…!

¿Quiénes son los que salieron huyendo del ensordecedor “¡fuera, fuera, fuera!” de este 1º. de mayo de 2016 y de las peligrosas playeras y gorras que les arrojaron los manifestantes?

Francisco Domínguez Servién, quien, en 2006, siendo diputado federal, en el Congreso de la Unión pateó a sus adversarios para que Felipe Calderón Hinojosa tomara protesta como presidente de México; más tarde, en 2012, aprobó las reformas estructurales de Peña Nieto que significaron un despojo a la nación, ya encarrerado, en diciembre pasado, mandó una iniciativa de ley a la legislatura local para arrancar las conquistas laborales del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes des Estado. Hoy es gobernador de Querétaro.

José Cruz Araujo Ávila, secretario general de la Federación de Trabajadores del estado de Querétaro de la CTM, por más de treinta años ininterrumpidos.

José Luis Aguilera Rico, el ex Niño Naranja y ahora flamante Secretario del Trabajo, quien, durante la huelga del Sindicato de Trabadores y Empleados de la Universidad Autónoma de Querétaro (Steuaq) fue juez y parte en contra de la Universidad Autónoma de Querétaro, cuyo padre, aprovechando el poder del hijo, se ha dedicado a despojar de sus predios a los vecinos de la colonia de San Pedrito Peñuelas.

Alejandro Delgado Oscoy, quien en 2013, como diputado de la LVII legislatura, aprobó sin conocer, en menos de cinco minutos, la Reforma Energética de Peña Nieto. Dos años después, en 2015, el todavía diputado fue evidenciado ebrio en las redes sociales en una fiesta privada, bailando con un grupo de mujeres. Ahora es Secretario del Transporte.

Juan Martín Granados Torres, quien, en 2004, siendo Procurador General de Justicia durante el gobierno de Francisco Garrido Patrón, salió en defensa de Federico Ruiz Lomelí, presunto asesino de Marco Antonio Hernández Galván, dejando en la impunidad el crimen conocido como el caso de la BMW. Hoy es Secretario de Gobierno.

General de Brigada D.E.M. Francisco Aguilar Hernández, Comandante de la XVII Zona Militar de Querétaro.

Alfredo Botello Montes, Secretario de Gobierno durante el periodo de Francisco Garrido Patrón, también permitió la impunidad del caso de la BMW. Además, a Botello Montes se le ha identificado como militante del grupo de ultraderecha El Yunque, bajo el alias de John Queres. Hoy es Secretario de Educación.

Gobierno fallido y charros sindicales

Unas horas después de la huida del desfile del 1º. de mayo, ya repuesto del susto, Pancho Domínguez sentó a los líderes sindicales de las centrales obreras queretanas para que se disculparan y propagaran ante los medios de comunicación que la bíblica paz social de nuestra entidad solo fue interrumpida por inadaptados sociales. Fue en una rueda de prensa en la que él fue el “invitado”, curiosamente en el Salón Gobernadores de la Casa de la Corregidora.

Todos los charros sindicales se sometieron y dijeron que ellos no habían sido los causantes de la agresión que provocó la estampida del gabinete, también alabaron la paz laboral y el buen gobierno panista. Francisco García García, como si su trabajo fuera el de un descuidado gendarme, a nombre de la Unión Nacional de Trabajadores, disculpándose, dijo que entre sus huestes, conformadas por el sindicato de telefonistas, el Steuaq, el Sindicato Único de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de México: “varios gremios se metieron, tratamos nosotros de invitarlos al orden y no fue posible”.

Por su parte, Ceferino Ramírez Olvera, sempiterno líder de la CTM, con su retorcido colmillo sindical, se atrevió a decirle públicamente y cantinflescamente al gobernador Francisco Domínguez que su gobierno era fallido: “Y también decir a los que dirigen a Querétaro, ahí también van a ver, que algunos funcionarios de su gobierno quién está haciendo la chamba y quién no la esté haciendo ahí, para que el señor gobernador seguramente valore la situación y les dé un jaloncito de orejas o los cambia…”. Por supuesto que el destinatario principal del mensaje de Ceferino fue el secretario de gobierno Juan Martín Granados Torres, quien, presente en la rueda de prensa, fue el responsable de la corretiza que le propinaran los trabajadores al gobernador.

El día siguiente

El lunes 2 de mayo, envalentonado y blandiendo el garrote represivo, Francisco Domínguez Servién, declaró ante los medios que su gobierno “actuará con todo el peso de la ley”, lo que en buen castellano, significa la criminalización de la protesta social, tal y como lo hiciera en su momento el también panista Ignacio Loyola Vera, que encarceló a Sergio Gerónimo Sánchez, Anselmo Robles, quienes pasaron largos años encarcelados por la agresión a un autobús presidencial el 5 de febrero de 1998 y Rubén Orozco Díaz, líder de El Barzón, preso durante dieciocho años.

La colonia donde me crié durante mi adolescencia tenía un visitante frecuente: aprovechaba cuando veía niñas para abrir su gabardina y mostrarnos su condición de Adán recién traído al mundo. La primera vez que apareció andaba a pie; la segunda, en bicicleta. Para la tercera ya se había sofisticado y se transportaba en auto.

Mi banda de amigas y yo nos supimos sus víctimas el día que una compañera del colegio nos contó que el sujeto había reaparecido. Desde niñas siempre nos tuvimos que cuidar de ese y otros depredadores sueltos. Ya adulta no me salvé de una manoseada en el Zócalo, en pleno Grito de Independencia (al que sumé mi propio grito). Otro día fue en el baño de un cine cuando descubrí, tirado en el piso, a un hombre-cangrejo-contorsionista asomando su cabeza.

La primera vez que leí que hombres y mujeres eran separados por la policía en el transporte público de la India me pareció un extremo, pero cuando experimenté el Metro de la Ciudad de México en hora pico entendí que no lo era. Muchas veces he agradecido esa medida.

Durante las últimas semanas en las redes sociales han sido constantes las denuncias de acoso, violencia y abuso sexual sufridas por varias mujeres valientes que se atrevieron a hacerlas públicas. Las víctimas, además cierta solidaridad, han recibido una tunda de comentarios de odio donde las califican de putas, merecedoras de ser violadas. Las mujeres que salen en su defensa de inmediato son insultadas y obligadas a callar con el insulto de “feminazis”.

El mundo artístico es otra expresión de ese manifiesto odio contra las mujeres y no sólo por el cantante que agarró fama con el video donde quema viva a su novia pues otros muchos respetables del género han hecho sus contribuciones propias, pero a esos nadie los ha cuestionado.

No sólo ocurre en esta ciudad. En Veracruz  están los violadores que grabaron su delito. Constantemente en la prensa se publican notas donde se pone en duda a las víctimas de delitos que no se mostraron desvalidas o se culpa de su muerte a las mujeres asesinadas.

La violencia se refleja en otros ámbitos. Muchas veces noto que cuando se habla de mujeres reporteras que sufrieron una amenaza sus pares varones las califican de histéricas, locas, víctimas fingidas o necesitadas de publicidad, pero cuando son hombres nadie cuestiona.

El patrón de las amenazas contra mujeres periodistas no se parece a los de los hombres: a colegas se les han metido a la casa y les dejaron claro que les revolvieron su ropa interior, les dejaron la tapa del baño levantada para mostrar que un hombre estuvo ahí, las insultan con cuestiones relacionadas con su sexualidad, las amenazan con hacerle algo a los hijos o –como en el caso de Regina Martínez- antes de matarla le dejaron claro que se bañaron en su regadera y usaron su jabón. A las defensoras de derechos humanos les va igual.

Un estudio del diario londinense The Guardian encontró que de cada 10 periodistas cuyas notas reciben los comentarios mas agresivos, ocho fueron escritas por mujeres; resultados que bien pueden aplicarse a México.

Otra muestra de esa violencia con escalas institucionales es el video que circula estos días donde una mujer policía y una soldado (que asumieron las formas institucionales machistas) torturan, junto a otros colegas, a una mujer guerrerense a la que intentan sofocar.

De pronto, al partir una rebanada de la realidad y revisar detenidamente esa muestra parecería que respiramos un aire denso que asfixia. En esta sacudida retrógrada los violentos machos neandertales se han asomados, envalentonados, para recordarnos su presencia. Pero nosotras no vamos a dejar de salir a la calle, a usar taxi en vez de transporte público, a abandonar la minifalda, a dejar de ir al Zócalo o a callar nuestras opiniones. #NoalasViolenciasMachistas

Trazar un mapa por encima de provincias, ciudades y campos. Marcar sobre el territorio mexicano el andar de quienes buscan a las personas desaparecidas. Esa es la tarea que se ha impuesto el escultor Alfredo López Casanova, autor del proyecto ‘Huellas de la memoria’.

La idea fraguó en su mente en mayo de 2013. Era el Día de las Madres, una fecha asociada a festejos que en años recientes se ha empañado porque miles de mujeres se preguntan dónde están sus hijos. “Recuerdo claramente ese día -relata el escultor-. Era caluroso; yo caminaba con ellas y me quedé tieso mirando sus zapatos. Pensé, ¿qué pasaría si esas familias hubieran registrado sus pasos, si nosotros tuviéramos un mapa de cuando van al Ministerio Público, a la Comisión Especial de Atención a Víctimas, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Investigación de la Delincuencia Organizada, a buscar por todas partes?”.

Nació entonces el proyecto de intervenir zapatos de familiares de los ausentes “porque su desgaste está lleno de contenido”. Un caminar durante meses o años buscando respuestas: ¿quién se llevó a sus hijos?, ¿dónde están sus hermanos?, ¿qué le pasó a mi papá?

‘Huellas de la memoria’ persigue un doble fin: abonar al recuerdo de quienes faltan y visibilizar la lucha de quienes los buscan. Si el grosor de la suela lo permite, el escultor graba un texto que habla sobre el caso y transforma al zapato en sello. Si el original es demasiado delgado, agrega una sobresuela de linóleo. Ambas opciones van en superficie y tinta verde, color que simboliza la esperanza de encontrarlos.

Estrategia de memoria

Alfredo López Casanova nació en Guadalajara en 1968. Es artista plástico de amplia experiencia en la escultura y compromiso con la memoria. Ahora reside en la capital del país y en su estudio, un departamento dentro de un viejo edificio que amenaza con caer, atesora más de 20 pares de zapatos intervenidos. Están acomodados en una estantería y al señalarlos resume: “Ahí está el país”.

Unos mocasines negros de tacón bajo son los primeros que trabajó. Pertenecen a Leticia Hidalgo, madre del estudiante Roy Rivera Hidalgo, desaparecido por policías en la ciudad de Nuevo León, estado de Monterrey. Su suela cuenta: “Me llamo Letty Hidalgo y busco a mi hijo Roy. Fue desaparecido el 11 de 2011”.

A su lado, los de Luz Elena Montalvo, madre de Daniel Roberto Dávila Montalvo, también desaparecido en años recientes y en la región norte del país, provincia de Coahuila. Junto, los de una mujer hondureña que busca a su hijo, migrante de quien perdió la pista cuando atravesó el territorio mexicano; y los de Teresa Vera, hermana de una persona desaparecida en Oaxaca.

Color beige y con tachas los de Lourdes Huerta, quien anda detrás del rastro de su hijo Kristian Karim, un muchacho desaparecido en el norte del país en agosto de 2010, días antes de ser padre. Hay un par de huaraches -sandalias típicas de campesinos e indígenas-, blancos, gastados, con barro adherido. Pertenecen a Margarito Ramírez, padre de Carlos Iván Ramírez Villarreal, uno de los 43 normalistas desaparecidos desde 2014.

López Casanova conoce a detalle las historias que se trazan detrás de cada zapato. “La hermana de Tere (Vera) salió a cortarse el pelo y ya no volvió”, cuenta y mira el par en silencio. Toma otro: “Estos son de Graciela, busca a su hija Milinalli y es muy valiente. En Tamaulipas, ella solita se mete en territorios controlados por el cartel de Los Zetas”.

Mientras habla, las manos del artista recorren la superficie del calzado como acariciándolo. “Es un tema delicado, muy personal -advierte-. Por eso el proyecto empezó con personas a quienes conocía y después ha ido definiéndose siempre en diálogo con los familiares, por una cuestión de respeto. Cada vez que planteo mi idea a algún familiar, si accede a darme zapatos, nos vemos y platicamos un largo rato, no quiero que me los dejen con otros”. De ese diálogo y de un texto expreso que les solicita surgen las palabras que usará en la suela, el contenido del sello.

“Algunos padres solo tienen un par, entonces les hago un cambalache, les consigo zapatos nuevos a cambio y por eso también junto donaciones”, explica López. Pide botas, tacones, sandalias y demás modelos, nunca financiamiento. “No he pedido ni voy a pedir dinero a nadie porque no se requiere. Lo único que necesito es tinta para grabar, linóleo y papel bond. Invierto tiempo, ganas de hacer”.

SE LANZA CAMPAÑA: JORNADA POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS EN MÉXICO DESDE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EXIGIR AL GOBIERNO MEXICANO LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA.  SE ESTIMA QUE EN MEXICO EXISTEN MAS DE 1,000 PRESOS POLITICOS.

Somos un grupo de organizaciones y redes defensoras de los derechos humanos de Estados Unidos y a nivel internacional, sin vínculos con partidos políticos y  organizados libremente para exigir al gobierno mexicano la liberación de los policías comunitarios de Guerrero, (CRAC - PC) ( Gonzalo Molina, Arturo Campos Herrera, Abad Francisco Ambrosio, Bernardino García Francisco, Ángel García García, Benito Morales Justo, Florentino García Castro, Samuel Ramírez Gálvez y Eleuterio García Carmen )  y demás presos políticos y de conciencia en México.

 La formación de la Policía Comunitaria en Guerrero es un derecho constitucional y está protegida por La ley estatal de Guerrero 701 que textualmente en su artículo 37 dice: “El estado de Guerrero reconoce la existencia del sistema de justicia indígena de la Costa-Montaña y al Consejo Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).   Y avalada por la Constitución Mexicana que en su artículo 2.A garantizan el derecho de los pueblos indígenas al autogobierno y la autodefensa, el cual incluye la formación de fuerzas policiacas llamadas Policías Comunitarias para proteger a sus pueblos en caso de violencia y de crímenes.


Nos sentimos indignados por estas prácticas sistematizadas de represión, violencia y encarcelamientos arbitrarios donde se encarcela a ciudadanos inocentes por delitos prefabricados por un gobierno que no respeta en lo más mínimo las leyes constitucionales.

Por lo que exigimos al gobierno mexicano el respeto a las garantías constitucionales, a la libertad, a los derechos humanos y civiles de nuestros compatriotas.

Denunciamos el encarcelamiento arbitrario de los policías comunitarios, de los defensores de los recursos naturales, de los estudiantes, de los maestros, de los obreros, de los periodistas y de todos aquellos luchadores sociales que amparados por la ley han salido a ejercer su derecho de expresión y su derecho a la vida y han sido golpeados, torturados y arrestados por policías, militares y marinos al mando del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Los reclamos de los familiares amigos y pueblo en general por la libertad de los  presos políticos no han sido atendidos ni escuchados por las autoridades al contrario los arrestos injustificados se siguen recrudeciendo, violando así los derechos humanos, civiles y constitucionales de los mexicanos.

Por lo que Invitamos a organizaciones de derechos humanos, grupos, colectivos, sindicatos, universidades, comunidad nacional e internacional se unan para hacer valer los derechos de nuestros defendidos ante sus transgresores los funcionarios del gobierno mexicano.

Así mismo hacemos del conocimiento que no permitiremos más que este sistema dictador y represor continúe encarcelando inocentes con el propósito de callar las voces disidentes,  por eso nos organizamos para defender y demandar  la liberación  inmediata e incondicional de los presos políticos de la CRAC, quienes permanecen encarcelados en penales de Ayutla y Chilpancingo, y de todos los presos políticos en México.

Campaña: Jornada X la Libertad de los Presos Políticos de México en US

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Discreto, el profesor José Díaz Navarro camina unos pasos afuera del área acordonada por las familias y comienza a remover la tierra. Se le suma Araceli Salcedo, la mujer que busca a su hija, desaparecida en Orizaba desde septiembre de 2012, y que se volvió famosa en redes sociales cuando encaró públicamente al gobernador Javier Duarte.

No tardan mucho escarbando. En unos minutos, encuentran cuatro trozos de huesos: tres pequeños, planos y alargados, y uno, un poco más grande, que a simple vista parece una vértebra.

“Esto es un cementerio”, murmura Díaz Navarro, el hombre que viene de Chilapa, Guerrero, donde lleva 16 meses buscando las cabezas de sus hermanos.

“Aquí hay muchos huesos… ¿dónde está Mario?”, grita la mujer, enfundada en el chaleco antibalas que el gobierno federal le ha asignado para protegerla. Con la mirada busca a Mario Vergara, el líder del grupo, pero éste camina entre los surcos, al otro lado del paraje, rodeado de periodistas.

Díaz Navarro y Salcedo acaban de destapar el “hallazgo número 7” en un cañaveral de la comunidad de San Rafael Calería. Mientras marcan el lugar con banderillas rojas, los buscadores aclaran que no son fosas, porque a diferencia de Guerrero — aquí no hay osamentas completas, sino fragmentos óseos, que salen de la tierra apenas barriendo un poco. Lo que hay aquí, dicen los familiares convertidos en peritos, es una cocina, es decir, un lugar donde disolvían cuerpos en ácido o los quemaban, y dispersaban los fragmentos. Por eso, nadie se tomó la molestia de enterrarlos. Sólo cubrían el lugar con un poco de tierra y la vegetación hacía el resto.

¿Quiénes lo hicieron? ¿De quiénes son estos huesos? Quizá nunca se sepa. Pero eso no le importa por ahora a Alma Rosa Rojo, quien viajó desde Culiacán, Sinaloa, a mil 500 kilómetros de este lugar, para acompañar la búsqueda.

La mujer ubica un espacio circular en la tierra y siente una corazonada. No espera a nadie. Agarra una pala y empieza a jalar con prisa. Una, dos, tres veces. Su cuerpo largo y delgado parece romperse del esfuerzo. No se detiene hasta que encuentra un pedazo de fósil poroso y quemado, del tamaño de un pulgar. Lo huele y dice: “si es”.

Un par de periodistas se acercan a oler la minúscula pieza y se miran con extrañeza. “Sí… huele como a diésel”, dice dudoso uno de los reporteros.

Pero Alma Rosa no tiene dudas. La experiencia de llevar la delantera de búsquedas en Sinaloa y Baja California empezaron a hacerlo hace años — y lo que ella llama “el corazón de madre y hermana desesperada”, le asegura que se trata de un hueso calcinado. Así que pone el pedazo en el torso de su mano enguantada para la foto y luego lo regresa a la tierra, al mismo lugar del que lo sacó. Como en los otros casos, lo cubre con un papel bond blanco y un pedazo de plástico de burbujas de aire, del que se usa para embalar cosas delicadas. Luego, vuelve a llenar el hueco en la tierra y le poner la banderilla roja: “hallazgo #8”.

Rosa Imelda Díaz Nery, su compañera del grupo Voces Unidas por la Vida, le toma una foto con su celular. “Me da gusto, porque es el suyo (su hallazgo), amiga”, le dice. Las dos mujeres que vienen de la tierra donde el narco ha sentado sus reales desde hace muchos años y donde nació el capo más famoso del país, se abrazan y repiten su consigna: “somos las sabuesos de Sinaloa”.

El sol de mediodía cae de lleno sobre los rostros de los buscadores y enfatiza en cada uno el motín sentimental que los invade: se les ve agitados, casi eufóricos, porque encontraron los huesos que vinieron a buscar. Se les ve furiosos con las autoridades que los han obligado a venir aquí a rascar la tierra y hacer el trabajo que el Estado no hace. Pero sobre todo, se les ve tristes, acongojados por el recuerdo de sus ausentes, que las señoras llevan a todos lados en camisetas y botones.

Después del primer hallazgo, se juntan para una foto y rezan un Padre Nuestro.

“Ojalá que también encontremos cuando sea nuestra búsqueda”, dice a su compañera una de las cinco mujeres que vienen de más lejos: Piedras Negras, Coahuila.

“Hasta dios está llorando”

Es viernes 15 de abril. La Brigada Nacional de Búsqueda de Familiares lleva seis días en Veracruz, pero apenas cuatro de búsquedas formales. Lo más que han encontrado hasta ahora es un cartucho quemado de escopeta junto a un calzón para juegos sexuales junto al Río Atoyac y restos de ropa —de tallas pequeñas— con manchas que creen que son de sangre en un pozo de La Pochota, atrás del ingenio de San Miguelito.

Hoy, por primera vez, el grupo será escoltado por policías federales, que llegaron 120 horas tarde a la cita con la brigada. Desde la víspera hay nervios en el grupo que acampa en la Parroquia de los Santos Reyes, en Amatlán, el pueblo más cercano a Córdoba. Un vecino que llegó a la iglesia a dar razón del lugar donde están los huesos los guiará al punto exacto de que “dará positivo”.

Y sí. En menos de 30 minutos, una docena de señoras y señores uniformados con camisetas grises que tienen dibujada una paloma de la paz, encuentran 11 “hallazgos”, o restos de cuerpos que fueron despedazados, calcinados y esparcidos en este cañaveral.

“Aquí va a estar peor que en Iguala”, presagia Juan Carlos Trujillo Herrera, el principal impulsor de la brigada. Está satisfecho. La búsqueda de sus hermanos le ha costado, entre muchas cosas, una parálisis facial, y hace una semana, un día antes de salir, seguía juntando el dinero para pagar el camión que traería a los buscadores a Veracruz. “Es la caravana más pobre de todas”, decía.

El dinero se reunió de las iglesias y organizaciones aliadas. Ahora, cuando se acaba el papel para resguardar los huesos, dice que es hora de parar y esperar a que llegue la Fiscalía de Veracruz: “No vayan a decir que contaminamos”.

El grupo detiene la búsqueda con el hallazgo número 11. Minutos después, en San Rafael Calería comienza a lloviznar. Es una lluvia suave, que se funde con las lágrimas de los familiares del grupo que, frente a los huesos hallados, no pueden evitar pensar en la suerte de los suyos.

“Es que hasta Dios está llorando por esto”, dice Miguel Trujillo, el hermano menor de Juan Carlos.

Veracruz es el mayor productor de caña de azúcar del país. No es extraño, pues, que sus campos sean también testigos mudos de la barbarie que ha reinado la región en los últimos años.

El lugar de los “hallazgos”, por ejemplo, está cercado por cañaverales de hasta 6 metros, ideales para esconder crímenes. El clima semi-tropical pone hasta las piedras verdes por moho. Tanta vida hace que la naturaleza se consuma así misma.

Tampoco es que los caciques y drogas sean temas ajenos en la zona. Un hombre de Amatlán cuenta que hace apenas 30 años la gente del pueblo salía de sus casas cuando llegaban las avionetas de Toribio Gargallo, y los empleados del narcotraficante sacaban las pacas de marihuana y las pasaban a camionetas. La diferencia, dice, es que “esa gente no se metía con uno”. No como ahora, que hay una batalla campal entre cárteles, políticos y policías, que aterrorizan a la población para obligarla a estar de un bando o del otro.

Así es desde que llegaron los zetas, en 2008. La gente de Córdoba todavía habla en voz baja de un sanguinario jefe de plaza al que le llamaban el Tavo (una investigación de la revista Proceso lo identifica como Gustavo Cano Sánchez) y que tenía un tigre en una casa de seguridad de la colonia de Los Filtros. Cuando el Tavo quería que alguien desapareciera lo daba de comida al animal. Su reino en Córdoba duró menos de dos años y al final, tuvo una suerte similar a la de sus víctimas, pues sus enemigos lo mataron, lo descuartizaron y dejaron sus pedazos regados en distintos lugares de la región. “La policía ocultó todo”, asegura un poblador.

De los muertos y desaparecidos de la zona se habla poco en las noticias, aunque Córdoba, Orizaba, Atoyac, Cardel y Tierra Blanca son señalados por el Colectivo Solecito como cementerios clandestinos, no sólo por los grupos criminales. Pie de Página documentó al menos 80 desapariciones forzadas que involucran a la policía del estado y el corredor montañoso de Córdoba-Orizaba es uno de los protagonistas centrales de esa historia.

“Nuestros familiares no están en papeles”

La Brigada Nacional de Búsqueda de Familiares está formada por dos puñados de víctimas de Sinaloa, Coahuila, Chihuahua, Baja California, Estado de México, Veracruz y Guerrero, que se han agrupado en la Red de Enlaces Nacionales, un colectivo impulsado por Juan Carlos y Miguel Trujillo, dos de los hijos que le quedan a María Herrera, la mujer que encarna la tragedia de miles de desaparecidos en México.

Hasta antes de 2008, María era la cabeza de una familia de “oreros”, como se le conoce a los comerciantes de oro, que vivían en un pueblo de Michoacán que tiene menos de 10 mil habitantes. Pero en un par años, la guerra que el gobierno mexicano emprendió contra su propia población —con el pretexto de acabar con las drogas— le arrebató a cuatro de sus ocho hijos. Primero fueron Salvador y Raúl, el más chico del clan Trujillo Herrera, quienes quedaron atrapados en un pleito entre bandas criminales en Atoyac, Guerrero. Y dos años más tarde, en 2010, Gustavo y Luis Armando desaparecieron en Poza Rica, Veracruz, un territorio controlado por los zetas. Su delito fue nacer en un “territorio enemigo” para grupos criminales de otra región. Y en los dos casos hay policías involucrados.

En 2011, María conoció el Movimiento por la paz, con Justicia y Dignidad que encabezó el poeta Javier Sicilia y, como muchos, se convirtió en activista.

El año pasado, Herrera y sus hijos crearon la Red de Enlaces Nacionales para articular grupos de familias de desaparecidos para la gestión de trámites que agilizaran investigaciones y procesos judiciales. Pero eso cambió cuando Miguel y Juan Carlos conocieron a Mario Vergara, un comerciante de Huitzuco que busca a su hermano y que forma parte de Los Otros Desaparecidos, el colectivo de búsqueda que nació espontáneamente en Iguala, tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y que ha encontrado 145 fosas clandestinas en Guerrero.

“Fui a hacer búsquedas con Mario y me di cuenta de que eso es lo que tenemos que hacer, porque a nosotros nos habían tenido años entretenidos en mesas de trabajo, y avances que no eran más que pasar un papel de un expediente a otro. Pero nuestros familiares no están en papeles, y nadie los va a buscar si nosotros no lo hacemos”, cuenta Miguel Trujillo.

A Veracruz los acompaña Simón, un campesino guerrerense convertido en buscador de la Procuraduría General de la República. También están los equipos del Programa de Protección a Víctimas de la Universidad Autónoma de Morelos, que toma muestras de ADN en la parroquia, y el del Programa de Atención a Víctimas del Delito de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aunque fuera de este programa, la CNDH —como el resto de las comisiones y fiscalías especializadas estatales y federales— ha hecho muy poco por los desaparecidos de este país: ni recomendaciones, ni alertas, ni informes ameritan los 30 mil mexicanos enviados a la dimensión desconocida en 10 años.

¿El gobierno mexicano no sabe que el país está sembrado de huesos, como el cañaveral de San Rafael Calería? ¿O que los desaparecidos que no están bajo la tierra probablemente vivan esclavizados en un burdel o un campo de entrenamiento para sicarios?

“El Estado quiere desaparecer a nuestros desaparecidos”, resume Julio Sánchez Pasilla, un coahuilense que ha buscado a su hija Tania durante casi cuatro años en hospitales, cárceles, casas de seguridad y prostíbulos y que tiene la confianza de encontrarla viva.

Aún así, se sumó a la búsqueda de huesos y antes de salir a Veracruz participó en un taller donde los familiares aprendieron, de genetistas y arqueólogos, cómo funciona el ADN, cómo reconocer un hueso calcinado, qué huellas deja un cadáver en la tierra, cómo conseguir y valorar fuentes de información para una búsqueda, la preparación previa, técnicas de acercamiento a los lugares o de identificación de los hallazgos.

En agosto de 2015, la brigada había tenido un primer encuentro para aprender cómo documentar sus casos. Es decir, cómo volverse peritos y abogados.

El gobierno mexicano está inmóvil, paralizado, ante el horror que provocó con su guerra. La causa de los familiares de desaparecidos, que quizá sea el más grave problema de derechos humanos en México, es acompañada sólo por organizaciones de la sociedad civil y algunas iglesias.

En la parroquia de Amatlán, por ejemplo, los brigadistas y sus acompañantes reciben colchonetas, baños, agua y comida.

“No nos podemos volver esclavos del miedo”, dice de buen ánimo el cura Julián Verónica, que entre bodas y bautismos se da tiempo de acoger a migrantes, a campesinos que se oponen a una hidroeléctrica y ahora, a familiares de los desaparecidos.

“Bienvenidos a duartilandia”

El equipo del servicio forense de Veracruz llega casi tres horas después de que los buscadores avisaron del primer hallazgo. Es imposible no ver a los cinco peritos que parecen salidos de una película del espacio, acompañados de tres funcionarios y varios policías.

Mario Vergara les pide que cada uno se presente y anota sus nombres. El delegado de la policía ministerial, Juan Carlos Santos Marín, intenta ser invisible, pero también lo hacen pasar lista. Manuel Antonio Mirón Rebolledo, el jefe de los peritos, trata de conciliar, pero termina por reforzar el absurdo: “Venimos hacer lo mismo que ya hicieron ustedes —dice el funcionario—. Vamos a resguardar la zona, identificar restos, llevar las muestras. Díganme ustedes ahora yo le pregunto: ¿qué han encontrado? ¿Qué zona creen que debemos acordonar?”

Si no fuera tan doloroso escuchar esto, podría ser hasta cómico, casi ridículo: los familiares, con sus sombreritos y sus playeras grises de palomas de paz, dan clases a los expertos de trajes espaciales. Los regañan. Les explican qué hacer, dónde acordonar.

“Esto es por la total incompetencia del Estado para garantizarnos el acceso a la verdad y a la justicia. Estamos haciendo su trabajo, porque ya rebasamos a las instituciones”, dice Juan Carlos Trujillo a silenciosas “autoridades”.

Animados por los hallazgos del día, los buscadores optan por dar un voto de confianza a la fiscalía de Veracruz. Pero la prueba dura sólo unas horas y el gobierno de Javier Duarte reprueba con cero: a las 6 de la tarde, cuando todavía los peritos están trabajando en el cañaveral, la Fiscalía envía un comunicado de tres párrafos que titula: “Hallazgos de Córdoba, no son restos humanos, revelan primeras periciales de la FGE”.

La noticia enfría la cena en la Parroquia de Amatlán y le quita el cansancio a los brigadistas. El comunicado sorprende hasta los periodistas, que conocen bien cómo se gobierna en el “estilo Veracruz”.

“Bienvenidos a duartilandia”, resume irónica una reportera local.

Araceli Salcedo marca por teléfono a Griselda Acosta, la representante de la fiscalía especializada para la búsqueda de personas que estuvo con los familiares hasta hace unos momentos y no les dijo nada.

— Nos dieron una cachetada, sacaron un comunicado de gobernación del estado de Veracruz donde la fiscalía dice que los restos encontrados son ropa solamente quemada, sintética. No se vale — dice furiosa la madre

— Eso no pudo haber sido algo oficial, porque usted sabe perfectamente dónde estuvimos (…) ahorita le voy a hablar a mi jefe - alcanza a balbucear la apanicada funcionaria.

— O se retractan o no entran mañana y rompemos todo vínculo con ustedes — interviene Juan Carlos Trujillo.

Las llamadas entre funcionarios y familiares seguirán en las siguientes horas. Pero esta noche, el intento de albazo del gobierno decide la suerte de la brigada.

* * *

Sábado 16 de abril. Cuando la brigada regresa al cañaveral, el equipo de peritos ya está trabajando. Araceli Salcedo trae en la mano un periódico que tiene de principal la noticia de que no son restos humanos y lo agita como espada frente a los policías que resguardan el lugar.

Los funcionarios presentes no atinan una respuesta y se echan culpas entre ellos, porque ninguno se atreve a culpar a los responsables, que son sus jefes. “Nuestro trabajo es técnico, no tenemos nada político. (…) No hemos dado ningún tipo de resultado porque no hemos salido de aquí. Yo desconozco cómo llegó esa información”, dice por fin, el jefe de los peritos.

La respuesta tranquiliza a los familiares, que deciden dejar una comisión para supervisar que el gobierno no desaparezca los huesos de los desaparecidos, mientras el resto sigue la búsqueda en otros lados. Anuncian que se quedarán una semana más y que para los siguientes hallazgos pedirán la ayuda del gobierno federal.

No lo saben aún, pero pasarán otros cuatro días antes de que vuelvan a encontrar huesos: un fémur, pedazos de cráneo, de cadera y de pies, a 700 metros del cañaveral y en un pozo cercano.

Por la noche, en una larga charla sobre los avances en las investigaciones de sus hermanos desaparecidos en el norte del estado, Miguel Trujillo reconoce que aún si desentierran todos los huesos de esta enorme tumba clandestina llamada Veracruz, no significa que los van a encontrar.

Sabe, como los demás brigadistas, que muchos de los desaparecidos nunca van a poder ser identificados. Pero eso no los va a detener. “Esto es una carrera de resistencia de 10 mil kilómetros —dice Miguel Trujillo—. Y apenas nos estamos poniendo los tenis”.

En el marco de la Jornada #NosQueremosVivas, varias mujeres han compartido sus historias de acoso bajo el hashtag #MiPrimerAcoso. Esta es la experiencia e Isha Oropeza.

Qué claves tienen ciertas masacres que se quedan en la mente de la gente. Por qué otras se diluyen, se borran, desaparecen de la memoria o pareciera que ni siquiera quedan registradas. Por qué se le pone categorías a las víctimas y algunas parecen invisibles. Cuáles cicatrices de nuestra historia merecen ser recordadas.

Cuando se menciona San Fernando el pensamiento nos remite al sitio del horror donde fueron asesinados 72 migrantes, en agosto de 2010. Aunque San Fernando, Tamaulipas, es sinónimo de sucesivas masacres cotidianas que comenzaron hace varios años y continúan hasta este día. Es la noticia-espejo-Medusa que nos mostró el rostro mexicano del horror.

El día de hoy hace cinco años salió a la luz el hallazgo de 47 cadáveres en diversas fosas de ese sitio. El jueves será el día de la estremecedora noticia publicada en primeras planas. Durante todo abril de 2011 en ese desolado municipio norteño fueron desenterrados 196 cadáveres: la mayoría de hombres, jóvenes, viajeros o migrantes mexicanos y centroamericanos que fueron torturados hasta la muerte. En sus asesinatos no se gastaron balas. Los mataron a golpes, quizás con marros, como lo hacían los cavernícolas. Sus rostros quedaron tatuados con el rictus del horror.

Fueron condenados a muerte por atravesar ese municipio bisagra rico en yacimientos de gas natural que conecta con las fronteras de Matamoros y Nuevo Laredo, por haber tenido números sospechosos en sus celulares, por estar en edad de ser reclutados para la guerra, por llevar un automóvil llamativo o porque a alguien cayeron mal.

Nadie les informó que ese municipio era un succionadero de personas que continúan desaparecidas. Nadie les dijo que el gobierno cedió ese sitio y sus carreteras a Los Zetas que, en la paranoia de su guerra contra el Cártel del Golfo, veían a todo extraño como enemigo. Nadie les habló de los autobuses enteros desaparecidos con todo y pasaje. Nadie les contó de las terminales de camiones a donde llegaban más maletas que pasajeros. Nadie los advirtió que los policías municipales ayudaban a los criminales a conseguir a sus presas, prestaban camionetas, ayudaban a enterrar. Nadie podía imaginarse que el ejército y la marina sabían de las masacres pero volteaban hacia otro sitio.

Un equipo de periodistas, fotógrafos, diseñadores, camarógrafos, programadores, dateros nos hemos dedicado a sacar a la luz las noticias ocultas sobre esas masacres donde fueron asesinados #Másde72. Así se llama el especial multimedia que lanzaremos el día 7 en un micrositio especial dedicado a investigar masacres de migrantes en México.

La información obtenida muestra cómo a las víctimas después de haber sido rescatadas de los entierros clandestinos volvieron a ser desaparecidas por funcionarios de la PGR y de la procuraduría tamaulipeca. Cómo los cremaron aunque no había seguridad de su identidad. Cómo los aventaron a fosas comunes aunque algunos tenían una identificación en el bolsillo del pantalón. Cómo los perdieron en los laberintos de la burocracia porque nadie se hizo cargo de avisar a sus familias que habían sido identificados. Cómo se entregaron restos erróneos a familias erróneas. Cómo las familias no se han cansado de buscar y de luchar hasta traerlos de regreso a casa y de exigir justicia.

Los mismos funcionarios de la Unidad de Servicios Periciales de la PGR y los ministerios públicos que condenaron a cientos de víctimas a vagar como ánimas en pena, y a sus familiares a penar muertos en vida, son los que están a cargo de la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y de la mayoría de los desaparecidos de este país.

San Fernando sigue sembrado de cadáveres. En San Fernando todavía desaparece gente. San Fernando es sinónimo de la impunidad. San Fernando son #Másde72.

Aleida Quintana Ordaz es una joven mujer amorosa y una férrea luchadora social comprometida con su tiempo y su circunstancia. También es solidaria, feminista y antropóloga por la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Desde hace siete años, se dio a la tarea de canalizar su lucha en favor de los derechos humanos, con los conocimientos adquiridos en la academia: documentación, investigación, sistematización, promoción y difusión para denunciar la desaparición de mujeres, la trata de personas y los feminicidios en Querétaro.

Aleida también decidió direccionar sus esfuerzos de manera colectiva, creando la organización no gubernamental T’e’ke’i. Grupo interdisciplinario por la equidad, que también ofrece acompañamiento a los familiares de mujeres desaparecidas.

¿En dónde están?

Recuerdo la ocasión en la que Aleida me entregó una fotocopia del documento oficial que consigna los 1270 casos de mujeres queretanas desaparecidas de 2009 a 2012. Eran los días en los que “en Querétaro no pasaba nada”, porque el gobierno de José Eduardo Calzada Rovirosa ocultaba esa realidad para “no asustar a los inversionistas extranjeros”.

Revisé con lupa el oficio SPF/UIG/AJ/2460/2013, obtenido a través de la Unidad de Información Gubernamental, que detalla los 1270 casos de mujeres desaparecidas en Querétaro, siendo las jovencitas de entre los 11 y los 18 años de edad, el subconjunto de mayor cantidad de mujeres desaparecidas.

Tercamente, en aquellos días, el titular de la Procuraduría General de Justicia de Querétaro (PGJQ), Arsenio Durán Becerra, sólo reconocía la existencia de 200 casos de personas desaparecidas, entre hombres y mujeres.

Amenazas

A partir de que Quintana Ordaz, en noviembre de 2014, diera a conocer ante la prensa local y nacional, la cifra de casos de mujeres desaparecidas en Querétaro, las consecuencias en su contra no se hicieron esperar. Agentes de la propia PGJ la empezaron a hostigar tomándole fotografías para amedrentarla o se le acercaban haciéndose a un lado el saco para que viera que estaban armados.

En una ocasión, el mismísimo Durán Becerra en persona se presentó a su domicilio a altas horas de la noche en un convoy de camionetas con agentes armados, solamente para hacerle preguntas pueriles.

También hubo automóviles sospechosos siguiéndola a cualquier hora del día en sus desplazamientos cotidianos. Intervinieron su celular para escuchar sus llamadas y mensajes, seguramente con el sofisticado software de espionaje que el gobierno de Calzada contrató con la empresa italiana Hacking Team, tal y como lo consignó la revista Proceso (12.jul.15).

Fue tal el acoso que Quintana Ordaz sufrió que recurrió al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que le asignaron un botón de pánico y un escolta, pero sólo entre semana, lo que la dejaba desprotegida los fines de semana. El colmo fue que al poco tiempo, la Secretaría de Gobernación le retiró el Mecanismo.

No sólo las fuerzas del mal acechan a Aleida, en un hecho inaudito y lamentable, en septiembre de 2015, cuando la Red de Mujeres Feministas de Querétaro, la distinguía con la presea “Dra. Cecilia Loría Saviñón”, en la sede de la Legislatura de Querétaro, un grupo de personas, al parecer de la asociación civil Desaparecidos Justicia, interrumpieron el acto, presidido por el sacerdote Alejandro Solalinde, para impedir que le fuera entregado el reconocimiento por su lucha en defensa de los derechos humanos de las mujeres.

Como remate, al retirarse del evento, una de las inconformes gritó: “¡Nosotros si trabajamos! ¡A nosotros si nos reconoce el gobierno, a esa mujer no!”, razón por la cual el padre Solalinde pidió a los asistentes un aplauso para los enviados del gobierno” (Libertad de Palabra 11.09.15).

Gobierno blanquiazul

Aleida tuvo un breve oasis en su trabajo de denuncia y documentación sobre la desaparición, la trata de persona y los feminicidios, cuando el gobernador interino de Querétaro, Jorge López Portillo Tostado, entregara el poder al nuevo gobernador Francisco Domínguez Servién.

Sin embargo, a los cuantos meses de la nueva administración en funciones, las amenazas resurgieron a través de la vía telefónica: “date por muerta” e “hija de puta, así vas a terminar”. Actualmente Aleida es protegida por dos guardias los ocho días de la semana que le fueron asignados por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.