El encontronazo
Publicado en Sergio Aguayo: EL CAMBIO
El caso Ayotzinapa está enterrando la complicidad internacional con la violación de los derechos humanos en México. Ese es uno de los significados del encontronazo entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y la comunidad internacional.
Miguel Ángel Osorio Chong aseguró, con la firmeza de quien está acostumbrado a manejar el poder, que “no se va a renovar” el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, James Cavallaro, reviró, en entrevista exclusiva para J. Jesús Esquivel de Proceso que el “extender o ampliar” la permamencia del GIEI “es decisión de la CIDH” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y no del gobierno mexicano.
Para aclarar si en el basurero de Cocula se habían quemado los cuerpos de los normalistas, el GIEI y el gobierno federal acordaron crear una comisión de seis “especialistas en fuego”. La semana pasada nuestras autoridades decidieron hacer públicos los hallazgos sin buscar el consenso del GIEI. El rompimiento se hizo público. Fue una ruptura buscada por el régimen.
Arropado por la Procuraduría General de la República, el “fuególogo” Ricardo Damián Torres salió a leer un brevísimo texto en el que la afirmación más explosiva es que “al menos 17 seres humanos” sí “fueron quemados en el lugar”. En ningún momento dice que fueran estudiantes y debilita su propio texto al añadir que eran “primeros resultados” y que para “establecer la hipótesis” de que ahí “se consumieron 43 cuerpos” se requiere de una “prueba a gran escala” que se hará en las próximas semanas”. Un texto endeble porque careció del respaldo de la investigación completa y del acompañamiento de los cinco “fuególogos” restantes.
El hecho confirma que el gobierno de Enrique Peña Nieto ya decidió correr al GIEI cuya presencia la ven como incómoda, irritante y nociva para el régimen. Se trata, en realidad, de un endurecimiento dirigido contra quienes sostienen, dentro y fuera de México que hay una “crisis generalizada” de derechos humanos en México. Carlos Loret de Mola coincide en esta interpretación y aventura una hipótesis plausible en su columna para El Universal, del 5 de abril: en Los Pinos optaron por la dureza para complacer al voto duro que necesitan para ganar las elecciones en 2018.
En derechos humanos estamos regresando a los tiempos de Gustavo Díaz Ordaz; con una diferencia. El poblano sí pudo cerrar las puertas a las misiones internacionales. En la actualidad Los Pinos tienen la voluntad pero carecen de la fuerza para reconstruir el muro. Y eso se hizo evidente con la reacción de la CIDH que auspicia al GIEI. El corresponsal de Proceso en Washington le preguntó al presidente de la CIDH: “¿Es tan grave la situación de los derechos humanos en México?” y el defensor respondió con un rotundo “sí, sí y sí”.
Con esas tres sílabas termina una época. A partir de 1927, Washington y México llegaron a un acuerdo informal para protegerse mutuamente. En 1927 el embajador de los Estados Unidos se hizo el desentendido cuando fusilaron a Miguel Agustín Pro y en 1976 otro embajador justificó en un cable interno la represión de los alzados. Al entendimiento se sumaron otros países. En 1988 Fidel Castro vino a legitimar el fraude electoral cometido por Carlos Salinas de Gortari contra Cuauhtémoc Cárdenas, integrante de una dinastía que se la había jugado con la Revolución cubana. Y en 2006 la Unión Europea envió una misión de observación electoral que legitimó el fraude cometido por Felipe Calderón para llegar a Los Pinos.
Una consecuencia de este final de época es la desatención a las víctimas, lo cual es éticamente inaceptable. Para evitarlo deben activarse mediaciones ahora ausentes. Pienso, sobre todo, en los países nórdicos con su larga tradición a favor de la paz y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuyo silencio en estos momentos es contraproducente.
Quienes estamos comprometidos con frenar la sangría y acompañar a los que sufren debemos solicitar los buenos oficios de los nórdicos y presionar a la CNDH para que haga sentir su peso y jale a ese gigantesco tejido institucional que hace tiempo era presumido en los foros internacionales como “el sistema de protección no-jurisdiccional más grande del mundo”. Es una burocracia grandota, obesa y rica a la cual le falta demostrar grandeza y está se demuestra mediando en la polarización y poniendo como prioridad el bienestar de las víctimas que es lo verdaderamente importante.
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Trata de niñas y mujeres que Nestora investigaba y por la que fue encarcelada
Publicado en Sanjuana Martínez: DE AMOR Y DE GUERRA
Con ocho kilos menos, enferma y soportando intensos dolores, Nestora Salgado García, La comandanta de la Policía Comunitaria de Guerrero presa en el penal de Tepepan, no pierde su ímpetu de lucha y se prepara para el careo que mañana sostendrá con sus principales acusadores. Hay una mano poderosa que no me deja salir de la cárcel. Se llama Isabel Miranda de Wallace. ¡Soy inocente! ¿Por qué sigo aquí? Por ella.
Miranda de Wallace, la fundadora de la organización Alto al secuestro, acompañará en el careo a Eugenio Sánchez, quien acusa a Salgado García de plagio.
“Yo no soy una secuestradora, soy una policía comunitaria; mi expediente judicial fue armado, es una pantalla, una mentira.
Ya iba a salir, pero no salgo por Isabel Miranda de Wallace. Ella tiene influencias para que me tengan aquí, para que me traten mal. Tiene mucho poder. Pero todo mi pueblo sabe que jamás secuestré; mi pueblo me conoce y es testigo de mi buen actuar.
Está sentada en una cama de la Torre Médica, en la celda A3 de esta prisión, donde fue recientemente trasladada luego de su huelga de hambre, una acción de resistencia contra su injusto encarcelamiento, que le ha causado daños irreversibles a su salud, particularmente en el páncreas y en el hígado, aunado a la neuropatía cervical crónica que padece y no es atendida debidamente: lo que más me atormenta son los dolores.
Viste una bata azul de hospital y luce demacrada, tiene ojeras y una mirada profundamente triste. A pesar de ello, sonríe y sus ojos oscuros brillan cuando habla de su pueblo, de su familia.
Lo que más extraño son los abrazos, sentir el cariño, sentirme protegida. Extraño mucho el sol, tengo dos años que no me da; añoro el aire, esa sensación cuando te toca y sientes tan bonito. Me faltan mi familia, mis hijos, mis nietos, mi vida, mi libertad…
Una luchadora social muy fuerte
Se emociona, llora. Luego, a pesar de todo, sonríe. Voltea a su izquierda y ve una foto donde está con su nieto pequeño: Esa mirada me sostiene, esa sonrisa; mi familia, la gente que me quiere… Tengo muchos planes cuando salga. Voy a volverme una luchadora social muy fuerte. Tengo mucho por que luchar en este México tan lastimado. Sé que esto no ha terminado, que acaba de empezar.
En su mesa, una pila de libros leídos y por leer: Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, regalo de Alejandro Solalinde; La noche de Tlatelolco, que le trajo Elena Poniatowska; Como agua para chocolate, que le entregó Laura Esquivel; Guerra en el paraíso, de Carlos Montemayor, obsequio de Liliana Felipe y Jesusa Rodríguez; Siembra de concreto, cosecha de ira, de Luis Hernández Navarro, y muchos otros que le ha traído su gran defensora, la activista Enriqueta Chávez López.
Pedí y di seguridad a mi pueblo, nada más. Yo no violé, no torturé, no maté, y nunca secuestré. ¿Qué daño he hecho? No me tratan como delincuente ni como presa política, entonces, ¿qué soy? ¿Qué clasificación me dan? Para los inocentes encarcelados no hay clasificación, no hay túneles.
La historia del encarcelamiento ilegal de Nestora empieza el 27 de octubre de 2012, cuando fue designada comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá y luego dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria.
Para ofrecer seguridad a su pueblo, ella combatió los negocios ilícitos de políticos y grupos del crimen organizado, como Los Rojos, que operan en Guerrero: Cuando a mí me agarraron iba tranquila, porque las detenciones que hicimos fueron legales. Nunca me imaginé estar en la cárcel tanto tiempo por un caso totalmente inventado.
Cuenta que empezó a combatir no sólo la actividad criminal, sino también a los llamados narcopolíticos, y su diversificación más allá del tráfico de drogas y armas, particularmente contra el delito de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
Uno de los casos fabricados que le han armado, dice, es el supuesto secuestro de cuatro jovencitas, las cuales fueron encontradas por la Policía Comunitaria y se las llevaron a sus familiares.
“Yo les dije: ‘aquí están sus hijas, no están muertas, gracias a Dios’, y luego nos dieron la autorización para que recibieran la reeducación, primero en la Casa de Justicia y luego en la de El Paraíso, en el municipio de Atoyac de Álvarez, concretamente en el convento de las monjitas. Al mes y medio entregamos a dos de las muchachas a sus mamás; las otras dos, no nos las pidieron, nadie las reclamó, hasta que pasaron más de ocho días vinieron por ellas.
“Tenemos un problema de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. La gente ya había identificado a ocho muchachas, algunas menores de 12, 13 y 17 años, y otras de 18, que las convirtieron en ‘novias’ de los sicarios. El pueblo las quería quemar. Estaban tan enojados que yo los encontré con garrafones de gasolina porque las querían quemar y luego colgar en la plaza de Olinalá.”
Dice que intervino para evitarlo y convenció a los pobladores para que le permitieran hablar con las jóvenes a fin de que dieran la ubicación de dónde habían estado con los delincuentes: Así nos enteramos que los sicarios tenían planeado matar a 20 personas, para aterrorizar al pueblo. En la lista yo estaba incluida.
En su investigación sobre la red de trata, Salgado García pudo determinar que estaban involucrados políticos de alto nivel y que las menores de edad eran prostituidas en diversos lugares de Guerrero y Puebla, e incluso eran trasladadas a Tulancingo del Valle, en Hidalgo, para ofrecer servicios sexuales que cobraban en 500 pesos.
Otro de los delitos que le imputan a Nestora es el secuestro de Eugenio Sánchez, acusado de robo de ganado: Antes que lo detuviéramos, quiero decirle que ese señor tiene ocho familiares detenidos por plagio. Está identificado como un bandido en el pueblo, como un robavacas. Tenía dos carnicerías; una la cerraron, pero la gente sabía de toda la vida que el señor robaba ganado, y lo agarramos con carne robada.
Comenta que en otra ocasión lo había detenido la policía municipal, pero pagó un soborno de 20 mil pesos y salió en dos días. Esta vez era diferente, porque a los policías comunitarios les informaron del robo de nueve cabezas de ganado bovino, y ellos encontraron, de camino a Tehuastitlán, una camioneta con un animal destazado.
Doña, véngase, la cosa se esta poniendo muy fea, esta gente está muy agresiva, le dijo un compañero a La comandanta. “Cuando llegué, Eugenio me hizo a un lado y me dijo: ‘le doy 30 mil pesos, pero déjeme ir, yo no quiero verme involucrado en una cosa de éstas. El animal me lo vendió mi primo’”.
Nestora le solicitó entonces ver el cuero del animal para identificar el fierro con el que estaba marcado, y además el documento de compraventa. El tío de Eugenio es el encargado de la asociación ganadera y nos trajeron un documento casi en blanco, pero con el sello y la firma; un papel sin validez. La abogada lo revisó y decidimos llevarnos a Eugenio, su primo, el chofer y el copiloto de la camioneta a la Casa de Justicia de El Paraíso.
En el camino encontraron un retén de 80 hombres que no les permitieron el paso: “Yo me bajé y fui a hablar con ellos, les expliqué con detalle por qué los habíamos detenido, entonces el líder dijo: ‘A nosotros nos contaron otra cosa, y no nos queremos meter en algo así, mejor pásenle’”.
Más adelante, la familia Sánchez intentó detener la aprehensión: “Era una valla prácticamente de mujeres, entre ellas Zulma Rodríguez, esposa de Eugenio, quien se atravesó y el policía Carlos Patrón la agarró para que no la apachurrara una camioneta. Ahora ella dice que yo le dije a Carlos: ‘¡Pártele su madre!’ Eso es mentira, nunca dije eso, la gente que me conoce sabe que no digo malas palabras. Ella exigía que lo entregáramos al Ministerio Público, pero yo le dije: ‘Para que lo suelten con 20 mil pesos de mordida’, en alusión a la vez anterior. Y de allí se agarraron para decir que yo solicité 20 mil pesos para liberarlo. ¡Jamás! Es otra mentira”.
Los detenidos finalmente fueron puestos a disposición de la Asamblea Regional, que determinó su encarcelamiento por no justificar la procedencia del animal. En esos días su gente le avisó del asesinato de Nemesio Guevara y su hijo Carmen Guevara Rodríguez, una familia conocida en la región por cometer distintos delitos, entre ellos robo de ganado.
Fue entonces cuando solicitó al síndico procurador de Olinalá, Armando Patrón Jiménez, levantar los cadáveres en la comunidad de Axoxuca, municipio de Tlapa de Comonfort, pero éste se negó: “Decidimos irnos a Huamuxtitlán y para mi sorpresa me lo encuentro escondido detrás de una camioneta intentando llevarse una vaca (robada) que traían los Guevara. Cuando lo encontré estaba en el suelo quemando unos papeles. Yo le dije a un marino lo que estaba sucediendo y el síndico dijo delante de mí: ‘No le hagan caso, está loca’. Pero en eso, uno de mis compañeros comunitarios comentó: ‘Esa vaca es de mi papá, está marcada con el fierro de nombre Raúl’”.
Al final, resultó que el síndico estaba implicado y horas después se trasladaron hasta el lugar el subsecretario de Asuntos Políticos de Guerrero, Misael Medrano Baza, y el director de Gobernación del estado, Moisés Alcaraz Jiménez, quienes exigían la entrega del síndico para liberarlo.
La Policía Comunitaria no lo permitió y encarceló al síndico, pero el 21 de agosto del 2013 el gobierno estatal, en coordinación con el federal, encabezaron un operativo con el Ejército, la Marina, la Policía Federal y la policía de Guerrero para liberar a más de 40 presos recluidos en la Casa de Justicia.
Fue cuando me detiene el Ejército, quema toda la papelería y libera a los presos. Me detuvieron sin una orden de aprehensión y me entregaron a la Marina, que me llevó a Chilpancingo y me entregó a la PGR (Procuraduría General de la República) y luego me subió a un helicóptero y me llevó a una casa de seguridad en Acapulco; después me suben al avión particular del entonces gobernador Ángel Aguirre y me trasladaron a la prisión de máxima seguridad de Tepic, Nayarit. Todo fue irregular. Violaron el debido proceso.
Miranda de Wallace y el montaje
Para ella, detrás de su caso armado está el abogado de Miranda de Wallace, Samuel González, quien capacitó a la policía de Guerrero, y el ex subprocurador de Atención a Víctimas de ese estado, Ricardo Martínez Chávez, abogado de Alejandro Iglesias Rebollo, dueño del bar Cadillac en la ciudad de México, investigado por delitos de trata de mujeres y niñas.
“A mí me encarcelan por orden de Ángel Aguirre y el entonces fiscal Iñaki Blanco. Entre todos los casos que investigaba estaba el tráfico de niñas y niños y les mostré videos pornográficos donde abusaban de menores. Todo mi expediente está armado por ellos y por los sicarios a los que afecté en sus negocios.”
La cruzada emprendida por Miranda de Wallace contra ella la atribuye a intereses ocultos: Creo que no sabe bien quién soy o definitivamente es parte de la cadena de complicidades políticas y criminales que me tiene en la cárcel. ¿Yo qué tengo que ver con el delito de secuestro? Al contrario, es mi lucha, yo lucho contra los secuestros y los asesinatos. Yo apoyo su causa y la veo con buenos ojos, porque es mi causa también.
Son muchos los intereses que ha tocado y teme por su vida: Tengo muchas pesadillas. Ahora le tengo miedo a la gente, a todo, hasta de tomarme el medicamento. Tengo miedo de que me maten, le tengo miedo al gobierno, incluso que me hagan pasar por loca.
A pesar de todo, La comandanta Nestora dice continuar en pie de lucha. Espera salir pronto: Sé que voy a salir, porque soy inocente, pero ya no confío nada en la justicia mexicana; si existiera, yo estaría libre.
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A Carmen Aristegui, a un año de ausencia
A Karla Silva por haberle apostado a la justicia
En la universidad cuando no soñábamos con ser Kapuscinski fantaseábamos con ser periodistas de investigación para, si no tumbar a un presidente como Nixon con la investigación del Watergate, al menos derrocar a un secretario de estado o algún funcionario no tan menor. Pensábamos que así se medía el poder de la prensa.
Con el tiempo descubrí que Nixon renunció gracias a que la denuncia periodística fue acompañada por el poder judicial que investigó a un presidente, y a mi alrededor vi cómo el periodismo perdía su glamour y su impacto: las instituciones se blindaron contra las denuncias, los funcionarios se hicieron más cínicos y las pruebas de la corrupción ya no despeinaban a nadie.
El escándalo por la mansión de La Casa Blanca de Peña Nieto y su esposa no provocó despido alguno porque, en México, el cinismo, la corrupción y la impunidad caminan de la mano. En cambio, castigaron a la periodista Carmen Aristegui y a su equipo de investigación al destierro, y condenaron a sus millones de radioescuchas (fieles a su voz disidente, investigativa, abierta a las verdades no prefabricadas por las mafias que gobiernan) a consumir noticiarios salidos del mismo guión oficial.
“¿Sirve de algo hacer periodismo cuando sabemos que por más denuncias que hagamos no ocurre nada?”, me preguntó con desasosiego hace poco un periodista que masticaba la duda que muchos hemos tenido y para la que sólo pude esbozar ideas.
En contextos como el mexicano el buen periodismo no se puede medir como antes, no hay condiciones para hacerlo. Donde la justicia no funciona, donde la mentira se presenta como la verdad, el periodismo tiene alcances menos vistosos pero no menos importantes.
En este país donde la “narcoguerra” carga un saldo de más de 150 mil personas asesinadas, más de 27 mil desaparecidas, más de 300 mil desplazadas, y donde se ha instalado la muerte y el silencio, no falta quién nos pida a diario que colemos en los medios al menos una línea sobre la injusticia de la que se saben víctimas: para sentir que su palabra pesa que su historia cuenta que su sufrimiento existe.
Ese es nuestro papel en este momento: documentar, tomar testimonio, investigar, sumar datos y publicar de la manera más responsable y efectiva posible esas historias y los mecanismos de la impunidad que las hacen posibles. Y por más que parezca que no pasa nada y aunque ningún tomador de decisiones acuse de recibo, hacerlo con la convicción de que cada nota es un documento que forma parte de una Comisión de la Verdad en tiempo real (aunque la justicia se conjugue en tiempo futuro).
De mi maestro Javier Darío Restrepo aprendí eso: Nuestro trabajo es como lanzar pájaros al viento que, aunque no sabemos en qué rama se van a posar y quizás no nos toque ver dónde pondrán su nido, debemos tener fe de que así será. Tener fe de que la noticia que hoy escribimos y que parece que cae en el vacío un día servirá. Un día será la prueba para que un desplazado obtenga la visa que le salva la vida, el dato para que una familia encuentre a su pariente ausente, el detalle para que se le crea a una víctima en un tribunal.
Recuerdo cuando Lulú, la mamá de Brandon Esteban –niño desaparecido junto a su papá, aunque tenía 9 años–, me pidió le dedicara mi libro donde mencioné su caso en un par de líneas, y me explicó que cuando su chiquito regresara ella se lo mostraría porque, al escribirlo, me hice testigo de su amorosa búsqueda. Y eso es: los periodistas somos testigos del dolor. Para quienes sufren nuestro trabajo tiene sentido.
Eso reaprendo cada vez que un papá o una mamá me piden que publique que su hija fue secuestrada, o el hallazgo del cadáver al que las autoridades no quieren hacerle prueba de ADN, pues cuando les digo preocupada que por esas notas podrían quizás asesinarlos me responden: “No importa, sabemos el riesgo, hay que correrlo por ella”. Para ellos, entonces, es importante.
Siempre encuentro motivos para mantener la esperanza de que lo que hacemos vale la pena, como cuando conozco a esos periodistas que, a pesar del riesgo, documentan fosas clandestinas, a la reportera fronteriza que busca los rastros de los migrantes perseguidos aunque sólo encuentra sangre, al colega silenciado que sólo tiene permitido contar muertos y no deja de llevar ese registro, a la valiente que recoge testimonios en pueblos serranos tomados por el narco, la joven que mantuvo su exigencia de justicia luego de que el alcalde la mandó golpear por sus notas o quienes han tenido que renunciar a su trabajo -dando una lección de dignidad- después de que su nota fue censurada por órdenes de un funcionario complacido por los directivos de su medio, o quienes se han quedado a dar la pelea adentro de su redacción.
Admiro a aquellos periodistas que empeñaron su dinero y su vida en un documental sobre Las Patronas o para mapear la Geografía del Dolor, y a quienes escriben a escondidas el libro con la información que en su empresa no publican, y a quienes se juntan con otros para documentar masacres como las de los migrantes o emprender proyectos colectivos. Y a aquellos que desde el área que les corresponde cubrir investigan lo que importa. A todas y todos los que desde su campo de acción intentan desmontar la mentira, la corrupción, la impunidad.
En estos tiempos en los que publirrelacionistas del poder se disfrazan de periodistas y las voces uniformes del oficialismo acaparan casi todos los medios repitiendo noticias falsas que nos intoxican, sobreviven trincheras donde se sigue haciendo periodismo que denuncia injusticias y revela mentiras oficiales, como las matanzas de Tlatlaya, Apatzingán o Ayotzinapa. Si bien en México los periodistas no tumban funcionarios corruptos, a veces, sin saberlo, salvan vidas y cada día siembran memoria.
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La caravana antiguerra (1)
Publicado en Crónicas y reportajes
Es domingo santo. Decenas de personas y defensores de derechos humanos se dirigen hacia el arranque de la Caravana por la paz, la vida y la justicia, un largo andar por América que buscará debatir la política de guerra antidrogas, impulsada desde Estados Unidos.
El arranque de la Caravana, que recorrerá más de 5 mil kilómetros desde este país hasta Nueva York, coincide con el aniversario del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), uno de los grupos más fuertes de lucha y resistencia de este golpeado país.
El camino al sitio de arranque, en esta capital centroamericana, está tapiazado con el rostro de Berta Cáceres, una líder indígena y ambientalista, defensora de derechos humanos y fundadora de Copinh, que por su trabajo fue asesinada en su casa, hace 24 días.
Por eso este domingo santo es tan especial. Porque en el rostro de Berta, en el aniversario de Copinh y en el caminar de la Caravana está simbolizada la indignación de los ciudadanos por la violencia, pero también la resistencia de un pueblo que busca vivir en paz.
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Este largo caminar por América, que busca llegar a Nueva York el 18 de abril, en la víspera del arranque de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) -que después de 18 años volverá a discutir sobre la política de drogas- busca abrir un diálogo entre la sociedad civil de Honduras, Salavador, Guatemala, México y EU sobre la política de guerra contra las drogas, que ha dejado en la región centenares de miles de muertos, desplazados, detenidos, desaparecidos.
Ted Lewis, de la organización Global Exchange que organizó este andar, confió en que la caravana sea una oportunidad sin precedentes para revisar y reorientar las políticas de drogas nacionales y el futuro del marco internacional para el control de drogas en un momento en el que en Estados Unidos hay un debate fuerte de la justicia criminal y un reconocimiendo de la tesis de Michelle Alexander sobre el New Jim Crow (legalizar la discriminación).
“Es un momento muy importante y de hecho estamos en contacto con las dos campañas (presidenciales) para invitarlos al acto final”, señaló Lewis, quien destacó que la caravana coincide también con el inicio de las primarias demócratas.
También participan una treintena de activistas de Honduras, Salvador, Guatemala y México, y el diputado del partido Sebastián Sabini del Frente Amplio de Uruguay, que ha venido a explicarles las razones que los llevaron a legalizar el uso de mariguana en ese país, como una medida alternativa para enfrentar el narcotráfico y el consumo de drogas ilegal.
“La militarizaciones y los aparatos represivos no nos llevan a un lugar mejor. Hay países que se están dando cuenta de que no funciona”, dijo el diputado Sabini, quien alerta que el mayor riesgo de que esta política se extienda en la región es la narcopolítica.
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Honduras es un país de 8 millones habitantes y uno de los más pobres de América Latina, es el principal expulsor de migrantes de centroamerica a EU porque el país no logra reponerse del desastre económico que dejó el Huracán Mitch en 1998 ni de los efectos políticos del golpe de estado de en junio de 2009, cuando fue depuesto Manuel Zelaya.
“Aquí estamos empezando a ver cosas que en México ya han pasado”, consideró Thelma Mejía, una experimendtada periodista, en referencia a la infiltración de narcos y grupos de poder y políticos.
Thelma se refiere al caso de los Rosenthal. En octubre del 2015 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos determinó a Jaime Rosenthal -fundador del banco continental ex vicepresidente una de las familias más poderosas de Honduras-, su hijo Yani y su sobrino Yankel como «traficantes de narcóticos especialmente designados» según la Ley Kingpin, siendo la primera vez que se cataloga a un banco fuera de Estados Unidos en esta categoría.
El problema en Honduras es una mezcla de poder criminal, de traspazo, de pandillas como las maras y de institucionalidad.
Pero la gente en Honduras está harta y siguiendo el ejemplo de lucha de Berta y otros líderes derechohumanistas, ha provocado que la tierra se mueva:
En el 2016 entrará en funciones la Misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad MACIH y se instalará la Oficina del Alto Comisionado de la ONU. Además, estará la comisión para vigilar los fondos de la Alianza para el prosperidad, un acuerdo firmado entre Estados Unidos, Honduras El, Salvador y Guatemala para impulsar el desarrollo y frenar la migración.
Quizá por todo ese movimiento –de resistencia y violencia- la Caravana arrancó en Honduras. En su paso por este país centroamericano, recorrerá La Ceiba, Progreso, San pedro Sula –la ciudad más violenta del continente—y a la Esperanza, donde está la resistencia de los lencas.
Carlos Sierra, hondureño, integrante de Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en (Ciprodeh) y de la fundación Friedrich Ebert, opinó que el gobierno de Honduras está obligado a dialogar con los grupos a los que no ha querido escuchar: los líderes ambientalistas, como Berta, indígenas y migrantes.
“El hecho de que la caravana arranque aquí además de visibilizar todos los problemas, puede propiciar que el tema se incluya si lo que se ha hecho en la lucha contra las drogas no se ha hecho bien”.
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Como parte del arranque de la Caravana, en esta capital se llevó a cabo el Foro de organizaciones. Aquí habló Sandra Maribel Sánchez, de Radio Progreso, un espacio de apoyo a migrantes.
“Si no nos matan de un palazo, nos matan de hambre”, dijo.
Ella, como el resto de los participantes, considera que la guerra contra las drogas –el tema de esta Caravana- es una política de Estado, una guerra que a través del terror y militarización, busca el control territorial para quedarse con los bienes comunes.
En este foro resuena la idea de que la política antidrogas tiene en sus entretelones la legalización del despojo del territorio.
“Somos los países del sur (de Estados Unidos) quienes ponemos los muertos. Si nosotros no iniciamos una discución sobre nuevas políticas anti drogas nadie más lo va a hacer”, destacó Sabini, el político Uruguayo que viajó desde más al sur para compartir la experiencia de su país con el resto de América.
En algo entán de acuerdo los participantes de los países que conforman la caravana, la guerra contra las drogas se convirtió en algún punto en una guerra contra las personas. Y aquí, en Honduras, las personas están perdiendo.
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Garzón en México
Publicado en Sergio Aguayo: EL CAMBIO
¿Han sido positivas las frecuentes visitas de Baltasar Garzón a México? ¿servirá que la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) ya tenga sede en nuestro país?
En abril de 2013 Garzón entregó al gobernador Graco Ramírez una propuesta de estructura de ley para víctimas. Según La Jornada “Garzón aclaró a los familiares de víctimas de la violencia que su fundación no cobró por ayudar a crear esta ley” (23 de abril de 2013). En caso de que lo hubiera dicho falseó la realidad. De acuerdo con documentos oficiales obtenidos vía Infomex, FIBGAR recibió, en marzo de 2013 cinco millones de pesos (más IVA) del gobierno de Morelos (404 mil dólares a la tasa de ese mes) sin informar sobre ello.
Fue el pago adelantado por un proyecto de 14 meses (octubre de 2012-enero de 2014) para que FIBGAR presentara la estructura de ley entre otras actividades. Como su informe final es raquítico (siete cuartillas) envié preguntas a FIGBAR que respondió con huecos y omisiones (véanse, detallados junto con los otros materiales de este caso, en: www.sergioaguayo.org). En las Memorias de FIBGAR es notable la opacidad de los reportes financieros sobre México frente a los que describen su trabajo en Colombia y Argentina.
El único resultado tangible de los 404 mil dólares es el proyecto de estructura de ley que FIBGAR entregó al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad días antes de difundirlo (abril de 2013). Javier Sicilia me comentó que entregó el documento para revisión a los abogados Eliana García y Julio Hernández Barros (actual comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas).
Para Eliana, el principal problema de la propuesta de FIBGAR era que concedía al gobernador el poder de nombrar a los integrantes de la Comisión Ejecutiva. Julio Hernández añade que el proyecto fue “innecesario y desconocía la realidad mexicana. Tuvimos que ajustarlo al contenido de la Ley General de Víctimas” (promulgada tres meses antes por Enrique Peña Nieto). Sicilia es más severo: la “Fundación Garzón, me parece un puro negocio”; fue “decepcionante lo que hicieron. Esa gente es parte del problema”.
La presencia de Garzón en México adquirió relevancia por la detención de Humberto Moreira en España. El antiguo gobernador de Coahuila solicitó inicialmente que lo defendiera Garzón. El exjuez sugirió a Manuel Ollé (jurista asociado con Garzón en varias causas célebres) quien logró que el juez Santiago Pedraz archivara provisionalmente la causa y liberara al político priista.
Alejandro Gutiérrez de Proceso y Daniel Montero de El Español (diario digital) han documentado que Garzón, Ollé y Pedraz participaron juntos en varios foros organizados por FIBGAR para políticos y gobernadores: César Duarte en Chihuahua, René Bejarano en Michoacán, Jaime Rodríguez, El Bronco en Nuevo León, etcétera. ¿Tráfico de influencias y conflicto de intereses de los tres juristas españoles?
¿Qué buscan los políticos mexicanos placeándose con Baltazar Garzón? Graco Ramírez lo explicó en un discurso el día que se firmó el convenio (octubre de 2012) con FIBGAR: “[el] aval que nos da, moral, ético, jurídico… queremos que se escuche en el Zócalo de la Ciudad de México y […] en todo el país”. Estaba tan contento el gobernador que ese día declaró a Garzón “morelense, parte de nosotros”.
Un buen número de políticos mexicanos buscan en el exterior la legitimidad de la cual carecen dentro. Por ejemplo, en 2011, Elba Esther Gordillo era muy poderosa y se trajo al prestigiado Fernando Savater para que conversara sobre ética con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Se desconoce si hubo honorarios y, de ser el caso, el monto. Ahora bien, por lo general, son visitas breves que sirven para lanzar un inocuo rocío de celebridad.
La Fundación Garzón es diferente porque al tener sede en México debería informar cómo se gastaron los 404 mil dólares que les dio Morelos y cuánto han recibido de otros gobiernos y donantes privados. Sería también útil que Baltasar Garzón explique el papel que jugó en la liberación del impresentable Humberto Moreira.
Es saludable que organizaciones de derechos humanos extranjeras se instalen en México; es tan inmensa nuestra tragedia humanitaria y es tan profunda su corrupción y nuestra desigualdad, que requerimos de la solidaridad internacional. Sobran los simuladores que vienen a legitimar gobernantes insensibles e inservibles. Nos distraen de lo prioritario: taponar la sangría y atender a las víctimas.
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Dejemos algo muy claro.
Estoy a favor del uso de tecnologías para innovar en todos los campos de vida, incluida la función pública. También me interesan las posibilidades de cambio que presentan las herramientas digitales y no tengo ningún problema con explorar nuevas formas de interacción entre ciudadanía y gobierno que tiendan a generar políticas más eficaces y transparentes. Soy ávida usuaria de las redes sociales y creo que son un medio que nos está permitiendo evidenciar cosas que antes quedaban en la opacidad, reaccionar de otra manera frente las arbitrariedades, organizarnos y plantear necesarios cambios a nuestro paradigma de Estado moderno. Por eso muchos gobernantes, es cierto, les tienen miedo. Aplaudo la intención de incluir y regular el uso de tecnologías en los asuntos públicos, pero sin perder de vista sus sanos límites.
El problema con políticas como #VecinoGandalla no es que no deban usarse las tecnologías o que no deba exponerse, bajo ninguna circunstancia, una conducta indebida al escrutinio público. El problema es desde dónde, cómo y hacia dónde se hace. La cuestión es que esa medida no termine afectando más de lo que beneficia o siendo un paliativo a medias –o peor aún, un causante más- del mal que se supone pretende erradicar: el abuso y la impunidad. Hay puntos clave muy básicos en el planteamiento y modus operandi de este programa que ya se han explicado suficientemente:
- La diferencia entre hacerlo como ciudadano y hacerlo como servidor público: nos guste o no, y ése es un pacto social en el que hemos basado no solamente nuestras leyes sino nuestras instituciones, para un servidor o servidora público no es lo mismo actuar desde la ciudadanía que desde el gobierno. Esto no significa que, como ciudadano, la persona no tenga derechos, significa que mientras se encuentre ejerciendo con recursos públicos la función de naturaleza pública que se le encomienda al asumir un cargo público, se convierte en agente de gobierno y por lo tanto en ejecutor de las obligaciones del Estado. Si quisiéramos cambiar estas condiciones tendríamos que cambiar primero la estructura y las reglas del Estado en el que vivimos, porque de otra manera estamos pretendiendo imponer cierto “orden” a partir de ignorar las pautas acordadas y de inventar arbitrariamente nuestras propias reglas del juego, cosa que confunde y mete en conflicto a cualquier sociedad.
- ¿Y cuáles son estas obligaciones del Estado a las que está sujeto un servidor público? El respeto a la ley como un límite para el ejercicio del poder de ese ente llamado Estado en el que hemos delegado facultades como la impartición de justicia y el uso de la fuerza (sí, eso de que nadie puede hacerse justicia por su propia mano del 17 constitucional). Ese respeto llamado legalidad y resumido en la máxima de que “el gobierno solamente puede hacer aquello que la ley lepermite” (a diferencia del ciudadano que puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe). Ese respeto también traducido en seguridad jurídica, que no es otra cosa más que la certeza que tiene el ciudadano de que la autoridad ejercerá su poder dentro de los límites de las reglas establecidas. Segundo, la protección de otros derechos como la protección de datos personales (el derecho que le da a los individuos el poder de decidir con quién se comparte su información personal y para qué se utiliza con terceros, así como el derecho a que ésta se trate de forma adecuada, para permitir el ejercicio de otros derechos y evitar daños a su titular)
- Las falacias sobre los derechos humanos. Es importante tener bien claro que los “derechos humanos” son un concepto forjado a partir de la relación Estado-individuo, como respuesta ante los excesos y abusos de gobernantes de diferentes épocas y como un medio para limitar el poder público. Por eso es que cuando una persona agrede físicamente a otra en la calle estaremos hablando de un delito (el de lesiones) pero no propiamente de la violación a un derecho. Si bien, la integridad física es un derecho humano, en el plano jurídico éste se considera violado solo cuando el Estado es quien comete la agresión, cuando habiendo estado en sus manos no intervino para protegerle de la agresión o cuando no procura justicia a la persona lesionada; es decir, cuando incumple con alguna de sus funciones. El concepto de violación se sustenta en la verticalidad de la relación gobernante – gobernado, por eso es que sólo existe cuando el Estado interviene por acción u omisión en el hecho violatorio y siempre en correlación con una responsabilidad pública. Aunque es sutil y difícil de comprender, esta diferencia es fundamental porque su desconocimiento genera muchos mitos y confusiones.
- La humillación pública como política de Estado: No soy la única a la que el tema le evocó las plazas públicas del siglo XVIII que describe Lynn Hunt en su capítulo sobre “el espectáculo del dolor” dentro de “La invención de los Derechos Humanos”; y no porque estemos al nivel de desarrollo propio de esas épocas, cuya comparación nos puede parecer exagerada, sino porque hallar satisfacción en la expiación del transgresor social a través de la vergüenza pública es algo muy humano, como lo muestra también hacia adelante el capítulo “The White Bear” de la serie Black Mirror. Sí, una dimensión de la llamada falta “cívica” que se traduce jurídicamente en falta administrativa, es y siempre será de interés público; pero hay que evaluar muy detenidamente las causas, fines, medios y resultados de la medidas que elegimos para atender el problema. ¿Es la exhibición pública del infractor una medida disuasiva? ¿Es el uso de periscope para exponer a quienes violentan reglas la medida más eficaz? ¿Es la más adecuada? La discusión está abierta, pero no son preguntas a la ligera. No por nada nos alerta el testimonio de Malala sobre la práctica de los Talibanes de publicar dentro de su transmisión cotidiana de radio el nombre de quienes (como ella al sugerir que las niñas debían recibir educación) cometían conductas inapropiadas según las leyes del poder en turno; “todos querían escuchar quién de sus vecinos era pecador".
Por eso, cuando un servidor público investido de poder público, en ejercicio de funciones públicas definidas bajo un marco jurídico específico y utilizando recursos públicos, pretende salir a las calles a poner en evidencia, mediante el uso de una herramienta de video transmisión en tiempo real, a aquellos vecinos que, con el de “gandalla” y otros calificativos, pone a merced de un público sediento de justicia, quizá, pero también de morbo, de castigo y de espectáculo, la medida se vuelve cuestionable. En concreto está faltando al artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos y siendo omiso en su obligación de garantizar a las personas el derecho a la privacidad.
Quien se ha permitido considerar los puntos anteriores quizá tiene ahora una opinión más informada, y a quien todavía no le queda claro puede indagar en los principios básicos de teoría del Estado, derechos humanos y derecho administrativo.
El talón de Aquiles del caso del “city manager” de la Delegación Miguel Hidalgo es justamente su incapacidad para recibir la crítica y transformar su propuesta a partir de ella. El funcionario ha preferido escudarse en unos mal entendidos “derechos humanos” y generar falacias a partir de la desinformación de las personas, aludiendo sin fundamento a falsas acusaciones de censura y ataques a su libertad de expresión. ¿Y dónde quedan los derechos que "se violan" a la ciudadanía con el actuar de los vecinos gandallas?, ¿y sus derechos como servidor público?
No nos confundamos. La libertad de expresión (que por cierto incluye el derecho a estar informado) es el derecho que nace de la necesidad de que circulen opiniones de todo índole en espacio público para tornarlo en uno más democrático, y que consiste en que ningún ciudadano en ejercicio de su ciudadanía (ojo, no servidor público en ejercicio de funciones estatales) debe ser molestado a causa de sus opiniones. Implica el derecho de investigar, recibir y difundir información sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión; tal como señalan el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 6 de la Constitución Mexicana. En México asesinan a un periodista cada 24 horas, en 46.9% de los casos con intervención de servidores público y en un 23% con su anuencia; recién sucedieron las renuncias forzadas de Karen Cota y Néstor Ojeda por presiones de la Secretaria de Desarrollo Social Federal al periódico Milenio en relación con un reportaje sobre desvío de recursos a través del programa público “Cruzada contra el hambre”. Esos sí son casos de censura. Si Arné aus den Ruthen manifestara una opinión desde su rol ciudadano y fuera silenciado por el Estado o con permiso del mismo, sí sería un caso de censura. Exigirle a un servidor público el cumplimiento de sus obligaciones no es violarle ningún derecho.
Por supuesto que hay límites a los derechos humanos, entre ellos el bien común y los derechos de terceros. Por eso la difusión de ideas que inciten al odio racial, por ejemplo, puede ser sancionada sin que su limitación sea considerada un acto de censura. Cierto es que, aunque no hay jerarquía en los derechos humanos, es posible entrar en la ponderación de dos derechos para definir la política más adecuada, pero eso no se hace de manera parcial, aislada y arbitraria, porque el riesgo de justificar el detrimento de unos derechos por otros es alto. Aquí vale la pena preguntarse ¿por qué y a partir de qué la protección de datos personales es un derecho humano? El desconocimiento (voluntario o involuntario) del origen de cada derecho nos expone a recaer en los excesos que hicieron necesario su reconocimiento como derecho. Los derechos humanos no son a conveniencia. Son lo que son. Si los vamos a usar como argumento, primero conozcámoslos bien.
Y hablemos con franqueza. A mí también me encantaría que alguien hubiera expuesto a quien sea que nos robó hace apenas unas semanas. También me genera malestar presentar una denuncia sabiendo lo infructífera que puede resultar dado nuestro ineficiente y corrupto sistema de justicia. Incluso he pensado en poner cámaras de video vigilancia en los alrededores de mi domicilio. Las leyes e instituciones actuales son insuficientes, estoy totalmente de acuerdo. También me molesta la prepotencia con la que quienes se sienten con el poder suficiente para imponerse se adueñan del espacio público. Lo veo todos los días desde mi función pública de atención a la ciudadanía: estamos cansados y estamos hartos. Pero no por eso me deslumbro con la primer promesa de aparente justicia express, que propone la instauración de un régimen en el que todo cuanto ocurre en la vía pública es puesto bajo la valoración de todos, a costa de lo que sea. No sin preguntarme ¿cuáles son las consecuencias de una autoridad que quiere actuar como ciudadano pero con inmunidades de servidor público?, ¿dónde quedan las soluciones de fondo para evitar las conductas “anti cívicas”, más allá del uso de la explotación de la vergüenza pública? y ¿por qué está dispuesta la gente a ceder con tanta facilidad a derechos por soluciones a medias a los problemas públicos?
No digo que la propuesta de uso de Periscope en la función pública no sea novedosa. No digo que no sea osada. No digo que no sea bien intencionada. A mí también me parece de entrada una idea digna de explorarse y hasta me gusta que como servidor público utilice las redes sociales para mantener contacto directo con la ciudadanía. Pero lo que Arné no ha podido o no ha querido entender es que valerse y respaldarse de falsos argumentos y de la desinformación de la gente para legitimar su política pública no solo es un apostura jurídicamente incorrecta, sino oportunista (aprovechada del sentir colectivo de desesperanza),excluyente (si no te parece estás atacando su persona y sus “derechos”), deshonesta y discursivamente tramposa.
Si los promotores de la Miguel Hidalgo tienen un poco de inteligencia y autocrítica, en lugar de defender lo indefendible admitirán y plantearán modificaciones a su propuesta (las “tres reglas para el buen uso” ya son un avance), retwittearían a sus críticos y no solamente a quienes lo avalan, aclararían de qué si y de qué no va el debate y no aventarían convenientemente a una audiencia confundida aseveraciones falaces como "Regular la libertad de expresión es a todas luces ilegal", “He invitado a la Comisión a venir conmigo a las calles y no han aceptado” (fingiendo desconocer ¿o desconociendo? que el impedimento que tiene la CDHDF para acompañarle en las condiciones que solicitan es que con ello estarían legitimando una medida que vulnera derechos).
La intención no es demeritar. Hay mucho de rescatable en el tema. Alternativas hay muchas. ¿Las reglas del juego son limitadas? Cambiémoslas. ¿Por qué no abrir un sano debate sobre los beneficios, riesgos y límites del uso de estas tecnologías en funciones de inspección y vigilancia? ¿Por qué no hacer una mesa de trabajo con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales?¿De qué campañas de prevención de las conductas perseguidas y de fortalecimiento de los mecanismos existentes se está acompañando esta nueva medida? ¿Por qué no usarlo como medio de prueba en los espacios adecuados de denuncia sin exponer a las personas al escarnio público? …. ¿Por qué así no da tanta popularidad?
Pugnar por la innovación en el cuidado del espacio público es legítimo, pero la negativa a reconocer las fallas en su propuesta es una de las cosas que me hace cuestionar si no estará buscando más polémica protagónica que soluciones de fondo. Algo no huele bien cuando la desinformación le es conveniente a un proyecto político. Su postura intransigente genera una innecesaria división de la ciudadanía entre “nosotros” y “ustedes”. “Ustedes solo critican sin proponer” (que es igual de absurdo que decir “ustedes solo defienden algo que alguien más propuso sin proponer”).
Es interesante ver cómo cuando a la personas les favorece la existencia de “sus derechos” los exigen como lo más natural y evidente del mundo, pero cuando no entonces quienes los defienden se convierten en “corruptos que quieren impedir la rendición de cuentas”. También es interesante como (sin generalizar pero en su mayoría), quienes se mantienen críticos de la propuesta de Arne atacan a la política mientras quienes la “defienden” lo hacen a partir de ataques directos a las personas. Todavía más interesante es ver cómo los primeros se toman el tiempo y la molestia de explicar razones y fundamentos, mientras que los segundos aluden como verdad absoluta que la oposición lo es “por hipsters”, “por haters” o hasta “por estúpidos”. Sería riquísimo entablar un diálogo serio y objetivo de más de 120 caracteres respecto del tema, pero tristemente ese todavía no es nuestro nivel de discusión. No solo estamos desesperados, también estamos enojados; basta una mirada al debate en redes…. “a la gente que trabaja bien se le critica”, “parce que prefieren censurar a cambiar las cosas”, “por lo menos él hace algo, hablan los que solo critican”. Confundirse es muy fácil en un debate tan visceral y simplista.
Estoy segura de que a muchos de mis amigos y familiares les convence o por lo menos les llama la atención la propuesta de la Delegación Miguel Hidalgo, pero no por eso vamos a pelearnos, insultarnos y polarizarnos. Se vale disentir, pero hay que saber opinar. Es parte del ejercicio responsable de una libertad y de un derecho. Si verdaderamente fuera defendible la medida, tal como está planteada, su promoción se haría con argumentos, no con falacias, insultos y necedades.
Estoy segura de que a muchos de mis amigos y familiares les convence o por lo menos les llama la atención la propuesta de la Delegación Miguel Hidalgo, pero no por eso vamos a pelearnos, insultarnos y polarizarnos. Se vale disentir, pero hay que saber opinar. Es parte del ejercicio responsable de una libertad y de un derecho. Si verdaderamente fuera defendible la medida, tal como está planteada, su promoción se haría con argumentos, no con falacias, insultos y necedades.
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“Las zanjas a los costados de las carreteras, los botaderos de basura y los sectores desolados en Chía, Soacha, Choachí, Mosquera y Madrid se convirtieron en los cementerios clandestinos para los muertos anónimos de la violencia en Cundinamarca”. Este es el lead que encabeza una noticia del 05 de agosto 1991 escrita por el periodista Miller Rubio del periódico colombiano El Tiempo.
Quise aprovechar esta época de semana santa que miles de personas salen a recorrer las vías del país, para escribir este relato sobre los lugares de la muerte y el sentido que los espacios tienen para la reconstrucción histórica de nuestros relatos como nación (Colombia – México). Así que si usted tomó carretera es importante que tenga en cuenta este artículo, es posible que se haya encontrado con una historia parecida.
Durante muchos años en Colombia, lugares a las afueras de las ciudades se convirtieron en espacios de la muerte[1]. Umbrales que permiten llenar de significado aquello que se reconoce como la cultura del terror, compuesta específicamente por las historias que se construyen sobre los lugares.
En los testimonios sobre la violencia de los últimos treinta años, es común encontrar narraciones que relacionan estos hechos con los parajes de las carreteras, las zonas boscosas, las riveras de los ríos, las casas abandonadas en medio de las vías entre muchos otros. Las historias relatan la forma como las personas eran asesinadas, torturadas, desaparecidas y violadas, y son construidas a partir de los relatos de los sobrevivientes que han logrado como lo describe Taussig “traspasar y volver para contarnos el cuento”.
Cuando uno se acerca a un espacio de la muerte se da cuenta que ahí los procesos más elementales de la vida material fluyen, por ejemplo: si se detiene por un rato en el Alto de la Virgen[2] en la vía entre Bogotá - Choachí[3], se puede dar cuenta que este sitio es la frontera entre el páramo y el bosque nublado, creando un umbral de neblina, humedad y vegetación musgosa. En este espacio se reduce la luz solar directa y todo el tiempo está goteando entre los árboles el agua que se condensa de los bancos de niebla, dando la impresión de constante lluvia. El agua cruza la carretera y baja por el abismo de más de 300 metros por donde fueron arrojadas muchas personas torturadas y asesinadas. Esas montañas húmedas, junto con la vegetación y el monumento a la Virgen del Carmen adornado con flores, cera derretida y velas a medio terminar todavía prendidas, son los testigos indelebles de la historia de muerte que se construyó en este espacio.
Para finales de los años 80 algunos lugares como el Alto de la Virgen, se habían convertido en botaderos de cadáveres, espacios de tortura y enterramientos clandestinos. Alrededor de Bogotá se reconocieron además de Choachí lugares como: el antiguo botadero de basura de doña Juana en la localidad de Usme, los caños sobre las vías de acceso a la capital, la vía a Mondoñedo, la carretera que conduce de Soacha, Mosquera y Madrid, la autopista norte a la altura de la Caro y finalmente, la vía que de Bogotá conduce a Villavicencio, a la altura del municipio de Guayabetal.
En las investigaciones realizadas por las mismas familias de las víctimas, se ha podido establecer que un número importante de los casos cometidos en los lugares mencionados anteriormente, fueron realizados por agentes del Estado. En Bogotá y sus alrededores, el batallón de inteligencia y contrainteligencia Charry Solano creó un mecanismo sistemático de desaparición de líderes de izquierda. Como queda claro en el testimonio entregado por el Sargento Bernardo Garzón Garzón a la Procuraduría General de la Nación en el año de 1991, sobre el caso de desaparición forzada y asesinato de Víctor Manuel Nieto Campos, Bertel Prieto Carvajal y Francisco Luís Tobón el 30 de junio de 1987:
“En la unidad establecieron que día iban a salir en libertad y los esperaron a la salida de la misma, los tres individuos abordaron un jeep Zuzuki LJ 80 y fueron seguidos por personas del Batallón, quienes cuadras más adelante los bajaron de dicho vehículo, los introdujeron en vehículos del Batallón y en las horas de la noche se dirigieron por la vía que de Bogotá conduce a Villavicencio y los fueron matando dejándolos abandonados uno a uno sobre la vía”
En este testimonio se identifica la manera como los cuerpos de las personas desaparecidas son extraídos de su espacio social, para luego ser transitados a un “no lugar”. Después estos cuerpos ya sin vida y sin identidad, vuelven a ser insertados en un lugar cotidiano (botaderos de basura, ríos y carreteras). De esa forma, los cuerpos se convierten en poseedores de mensajes de terror, que terminan por convertir los espacios cotidianos en espacios de muerte.
Por eso, ahora que usted ha leído esta historia y que seguramente dentro de las próximas horas va a pasar de largo a alta velocidad por uno de estos lugares, debería si es posible detenerse por un momento, parquear el carro en un espacio seguro, bajar la cámara si la tiene a la mano, invitar a sus amigos a descansar, acercarse a una de esas tiendas de orilla de carretera, tomar unas imágenes para la posteridad —una selfie si así prefiere— y preguntarle a una de las personas que atiende, por algún relato sobre el lugar donde se encuentra ubicado. Quizás en uno de esos ejercicios pueda encontrar partes de las historias desaparecidas.
De esta forma, estaríamos iniciando un proceso de re-significación de nuestros espacios de muerte, en espacios de re-existencia, volveríamos a la vida relatos obliterados por el paso del tiempo y así usted además del descanso tendrá una nueva historia que podrá compartir durante el trayecto.
[1] Este fue el nombre que les dio el antropólogo Michael Taussig a los lugares donde sucedían hechos de terror relacionados con los procesos de colonización y el accionar de las caucherías en el departamento del Putumayo.
[2] Este recorrido se realizó en el marco del proyecto de investigación “Tras los Rastros del Cuerpo: un estudio etnográfico del cuerpo y la desaparición forzada en el contexto del escenario transicional Colombiano”. Dirigido por el antropólogo Alejandro Castillejo Cuellar, en el desarrollo de este proyecto se han realizado los recorridos a los lugares descritos en este documento.
[3] Choachí es un municipio ubicado a 42 km al oriente de Bogotá.
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El otro de los otros soy yo: riesgo y alteridad en los atentados en Bruselas
Publicado en Ensayos y artículos
Vivo en Bruselas hace casi 4 años donde trabajo como investigador y profesor universitario. Recibí la noticia sobre la primer explosión en el aeropuerto, temprano. Minutos después supe de la bomba en el metro Maelbeek, estación que queda cerca de donde vivo y forma parte de una línea que utilizo con frecuencia. Mi primera reacción fue de choque, de preocupación por la posibilidad de que hubiera conocidos entre las víctimas. Por las redes sociales, principalmente Facebook y Whatsapp, conseguí tener acceso a mis amigos más cercanos y pude constatar que todos estaban bien. Durante todo el día recibí un gran número de mensajes de amigos y familiares, pero también de muchos conocidos con quienes hace mucho no tenía contacto, todos preocupados por saber si mi compañera y yo estábamos bien. Obviamente todas esas muestras de solidaridad, preocupación y cariño me dejaron contento. Por otro lado, quedé impresionado con la magnitud de la movilización pues percibí que para los que miran desde afuera, los riesgos de que yo fuera víctima parecían mucho más grandes de las probabilidades reales.
Algunas estadísticas simples pueden ayudar a comprender lo que quiero decir. Hasta ahora fueron confirmadas 32 muertes ligadas a los atentados. La población de la región de Bruselas (solo los habitantes, sin contar las miles de personas que conmutan todos los días para la capital) es cercana a 1.140.000 habitantes. Eso quiere decir que la posibilidad de que una persona haya sido víctima del atentado es de cerca de una en 36 mil, ó 2.8 muertos por cada 100 mil habitantes. Mi ciudad en Brasil, Goiânia, tuvo en 2015 una taza de 43 homicidios por cada 100 mil habitantes. Si consideramos que en todo el 2016 probablemente este será el único atentado terrorista en Bruselas y que las tazas de homicidios en Goiânia se mantendrán igual en el 2016, podemos afirmar que un habitante de mi querida ciudad natal tiene quince veces más posibilidades de morir asesinado, que la posibilidad de que alguien muera víctima de un atentado terrorista en Bruselas. Sumado a este dato es alarmante notar que, según datos recientes del Instituto de Investigación Económica Aplicada – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)-, 10% de los homicidios del mundo ocurren en Brasil. No pretendo decir con esto que el miedo y el impacto mediático provocados por los ataques terroristas y por homicidios sean directamente comparables.
Además de esto, no quiero decir que se pueden comparar vidas como se comparan manzanas. Yo mismo caí en ese error cuando ocurrieron los atentados en París, en noviembre del año pasado. A pesar de haber vivido tres años allí y tener un gran apego y cariño por la ciudad de la luz, quedé indignado con la repercusión selectiva de los medios, tanto tradicionales como de las redes sociales. Hubo una gran atención a los muertos de aquel atentado frente a un silencio casi absoluto en relación a otros ataques terroristas que ocurrieron el mismo año en Mali y Kenia, por ejemplo. Muchos de ustedes, inclusive, deben estarse preguntado: ¿Qué ataques?, ¿Kenia? En aquel momento venía constante a mi mente una frase del geógrafo Milton Santos, de su libro O Espaço do Cidadão: “Cada hombre vale por el lugar donde está.” Un ejemplo de la semana pasada también puede ser evocado para mostrar la selectividad. Más de 30 personas murieron en un ataque con bomba en una de las principales calles comerciales de Estambul y tal atentado no recibió ni un décimo de la cobertura del actual atentado en Bruselas.
Hay, obviamente, razones por las cuales nos preocupamos más con la vida de unos que de otros. De manera general, por más humanistas que seamos, sentimos mucho más la pérdida de un ente cercano que la muerte de un desconocido. Hay varias razones posibles para el hecho de preocuparnos más por las vidas de aquellos que consideramos como “nosotros” que de todos los que son dejados en condición de “otros”, pero no profundizaré esa idea en esta discusión. Esto me recuerda de un film clásico de los años 80, Comando. El film cuenta la historia del coronel retirado John Matrix, interpretado por Arnold Schwarzenegger, cuya hija Jenny es secuestrada por un ex compañero del coronel para forzarlo a cometer un crimen político en el país ficticio de Valverde. El protagonista comienza una saga en busca de su hija y no perdona a quien se cruce en su camino. Un total de 81 personas mueren en manos del coronel (según cálculos del sitio Movie Body Counts). En ningún momento del film nosotros como espectadores nos preguntamos si tal carnicería tiene sentido. Cuando Jenny es finalmente rescatada, sentimos una sensación de alivio y de que aquella cruzada valió la pena. Una vida entre uno de “nosotros” vale más que la vida de 81 de los “otros” y todo eso nos parece bastante normal.
Esa relación dialéctica de alteridad, ese conflicto entre “nosotros” y los “otros”, está bastante presente en los recientes atentados terroristas, incluido el de antier en Bruselas. Esta también forma parte de los origines del problema. La mayor parte de los terroristas son mucho más europeos de lo que yo soy. Son belgas, franceses, ingleses, nacidos en Europa pero que nunca fueron completamente integrados a la categoría de “nosotros, los europeos”. Ellos son, y por alguna forma, serán siempre los “otros”, los árabes, los africanos, los musulmanes. Por otro lado, para ellos, nosotros los “otros” y nuestras vidas valen tanto como los 81 muertos por el coronel Matrix. Como dijo Clarice Lispector en el libroPara não Esquecer: “Mi mayor experiencia sería ser el otro de los otros. Y el otro de los otros era yo”.
Todo indica que algunas reacciones de las autoridades belgas y europeas van a reforzar la disparidad y la distancia entre “nosotros” y “ellos”. Mayor control de las fronteras y control policial de los jóvenes en barrios con gran concentración de árabes y musulmanes (como Molenbeek y Schaerbeek). También se habla del aumento de la seguridad urbana, por ejemplo, un mayor control en la entrada de los aeropuertos. Es curioso, por ejemplo, que una botella de champú de 150 ml. sea confiscada, pero terroristas consigan entrar fácilmente con tres maletas llenas de explosivos al galpón del aeropuerto. La barrera de control probablemente, como ya ocurrió en Tel-Aviv, será desplazada para la entrada del aeropuerto. Allí se concentrarán personas las cuales podrían estar sujetas a otros ataques terroristas. ¿La solución? Transportar la barrera un poco más adelante, antes de la entrada en la fila. ¿Dónde va a parar esto?
Cabe aquí una analogía con la masacre de Columbine, ocurrida en 1999 en los Estados Unidos. Después del atentado, algunas escuelas estadunidenses resolvieron instalar detectores de metales en sus entradas. La medida, además de generar largas e inconvenientes filas, y de naturalizar la desconfianza y el fenómeno de la vigilancia, expone a los alumnos a nuevos riesgos, ya que ellos tendrán que esperar por largos periodos fuera de los perímetros de la escuela. Luego, muchos directores se dieron cuenta de la ineficiencia de tales aparatos y de los nuevos problemas que éstos generaban. Es necesario, por lo tanto, que se eviten medidas precipitadas y que haya prudencia en los análisis para que atentados como el de Bruselas no terminen en acciones xenófobas o que refuercen los miedos y paranoias.
Para el filósofo Ortega y Gasset, en su libro Meditación de la Técnica, “la vida humana, y todo en ella, es un constante y absoluto riesgo.” El reconocimiento de que vivir implica correr riegos, no debe ser entendido como un mensaje de desánimo, de frustración o comodidad. Por el contrario, significa aceptar que hay límites para la racionalización y seguridad posibles en la vida, pero que, a pesar de tales riesgos, vale la pena seguir viviendo y, que queramos o no, los riesgos son parte inherente de la existencia humana. Podemos complementar que el exceso de seguridad puede no ser sólo aumentar la paranoia sino también dificultar más el ejercicio de la alteridad. El refuerzo de la desconfianza y de los preconceptos sólo va aumentar la distancia entre “otros” y “nosotros”. Que las reacciones a la tragedia de Bruselas sean en el sentido de la reducción de barreras y no en su reforzamiento.
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Aniquilar la protesta (3)
Publicado en Crónicas y reportajes
El video que circula en internet muestra al director de Política Regional, Julio Cerecedo, dialogando tranquilamente con los maestros.
– Compañeros y amigos: venimos a hacerles un exhorto para que nos permitan hacer los montajes correspondientes para las representaciones del 15 de septiembre (…) somos un gobierno de diálogo, de concertación. Les pido que por favor desalojen…
– ¿Usted nos garantiza la integridad de cada uno de los maestros?-- cuestiona una de las mujeres.
– Claro que sí-- responde el funcionario.
El diálogo dura 14 minutos. El funcionario y sus acompañantes, que permanecieron en silencio, dan la vuelta y alejan por la calle mojada por la lluvia.
El video está referido como evidencia en la recomendación que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz al Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, por el ataque de la policía contra manifestantes, el 14 de septiembre de 2013.
Los maestros del país llevaban meses de protestas contra la reforma educativa federal y los de Veracruz eran de los más activos. Habían mantenido un plantón en la capital del estado, pero ya sus fuerzas estaban menguadas. Después de la reunión con Cerecedo, evaluaron sus opciones: apenas eran unas 40 mujeres y 20 hombres; además, durante la tarde habían corrido rumores de que iban a “barrer” con ellos. Así que decidieron abandonar la Plaza Lerdo esa misma noche y comenzaron a desmontar el campamento. Pero ya no hubo tiempo.
Lo que ocurrió esa noche sólo es posible reconstruirlo con testimonios anónimos o documentos ministeriales. Aunque en su momento, varias personas denunciaron lo que pasó --en la Procuraduría General de la República, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP)— ante la falta de avances en las investigaciones, las amenazas que recibieron después, y el asesinato de uno de los denunciantes, el fotógrafo Rubén Espinosa, ahora muchos optan por el silencio. Los que aceptan hablar, lo hacen en voz baja y con miradas detrás del hombro, para corroborar que nadie alrededor los escucha.
De los documentos oficiales se desprende que, poco después de la medianoche, cuando los maestros estaban quitando sus casas de campaña, la plaza quedó en penumbras. Solo quedó iluminada una calle lateral, pero incluso las lámparas de la Catedral fueron apagadas. Por las calles que rodean la Plaza, comenzaron a llegar patrullas de la policía estatal. De pick ups bajaron policías antimotines con los rostros cubiertos por pasamontañas, que llevaban perros, bastones eléctricos y proyectiles de goma. Se alinearon frente a los manifestantes y mientras esperaban instrucciones, golpearon con los toletes eléctricos el piso mojado. Rayos azules, como víboras de agua iluminaron el suelo electrizado.
“¡Ya te cargó la chingada!”…“¡Te vamos a partir la madre!”, retaron los policías a un centenar de personas asustadas, entre maestros, estudiantes que llegaron a apoyarlos y periodistas. Pero aún entonces, pensaban que sólo los querían asustar.
Lo demás, el espanto, fue narrado a estos reporteros por diferentes testigos:
T1: “Cuando les da la orden su comandante, les grita: “¡Ya!”, se sueltan todos en línea. Empiezan a avanzar y conforme van avanzando, van barriendo con todo: chavos que iban pasando, señoras … no llegan a decirles que se retiren, nada más a detener y a pegarles (…) Con los toletes y empiezan a disparar las balas de goma y algunos perros los sueltan, los perros los traían atrás”.
T2: “Las maestras empiezan a gritar. Les dicen: “¡no, ya no nos peguen, ya nos vamos, ya nos vamos!” (…) Empezamos a correr y vemos cómo todos van corriendo con caras de terror, porque iban los policías atrás de ellos (…) Veo a una maestra que va llorando y corriendo también, traía unos taconzotes. “Señora quítese esos zapatos y córrale”, le digo. Y me responde: “es que no puedo… mi marido, mi marido”, porque se se le había perdido en la corretiza”.
T3: “Pensé que al llegar a la esquina ya me iba a salvar, pero traía a dos policías atrás de mí. Media cuadra más arriba, casi tres cuadras de la plaza, ya no aguanté, porque es de subida y es cuando me alcanzan (….) En lo que yo iba corriendo y lo que podía ver, eran policías que alcanzaban a alguien y le empezaban a dar de macanazos, lo sometían, lo esposaban, se lo llevaban a la patrulla y los aventaban así, como costales, ahí a la camioneta (…) “Me empiezan a dar con los toletes eléctricos y uno de esos policías me la empieza a jalar, y me dice: “¡suéltala (la cámara fotográfica) porque ya te cargó la chingada!”, y entonces, entre ese y el otro me empiezan a dar, me querían dar en la cara con la electricidad, en lo que me quitaba y todo al final uno de ellos me da uno en el pecho y ese sí lo siento así súper fuerte y es cuando ya le suelto la cámara y ellos la agarran, se echan para atrás. Inmediatamente llega una patrulla, abre la puerta y avientan la cámara y la mochila ahí, en el asiento del copiloto, veo que ya llevaban como cinco equipos (fotográficos) ahí”.
T4: “Los maestros y las maestras salen corriendo y como unos veinte policías se le van a la camioneta del estudiante de la UV. Dos patrullas le empiezan a pegar así, como carritos chocones y otros veinte policías rompiéndole los vidrios, parabrisas, todo. Todos los maestros corriendo en contrasentido de esa calle que está de subidita, cuando llega otra patrulla (…) y aplasta a cuatro maestros contra la pared, de los que iban corriendo, para cerrarles el paso (…) Dijeron que habían muerto dos. Circularon los nombres, pero empezaron a sonar amenazas de que no se acercaran a los familiares de esos maestros, a los reporteros y a los familiares de los heridos los amenazaron que si hablaban, que si decían que se habían muerto por ese asunto, iban a ir contra todos los demás de esa familia, y la verdad, ya nadie lo investigó”.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos inició por oficio un expediente de investigación, al que en los días siguientes se acumularon varias quejas. En total, la Segunda Visitaduría conoció los testimonies de 39 ciudadanos agredidos, acumuladas en tres expedients (DOQ- 1157/2013, DOQ- 1164/2013; DAM/0896/2013). De esas denuncias se derive la recomendación 59/2013 emitida contra el Secretario de Seguridad Pública del estado por “actos violatorios de Derechos Humanos consistentes en lesiones, actos de molestia y ataques a la libertad de expresión”.
La recomendación tiene muy poca información (la versión disponible ni siquiera establece la fecha en la que se emitió), pero de lo que se puede saber, la institución desmiente al gobierno de Veracruz, que dijo que los policías acudieron a “resguardar” a los funcionarios que dialogaron con los manifestantes, pues se retiraron antes de que llegaran los uniformados.
“Los elementos de la Policía Estatal persiguieron y golpearon a diversas personas sin distinción, como medida de supuesta prevención y protección que resultó excesiva e innecesaria, en primer lugar porque no se encontraban resguardando a ningún servidor público, y en segundo lugar, porque provocaron la huida masiva de personas que no estaban armadas y se manifestaban pacíficamente”, concluye la recomendación.
El sello de Arturo Bermúdez
Cinco periodistas que atestiguaron lo ocurrido en la Plaza Lerdo – entre ellos, Rubén Espinosa, asesinado en julio de 2015 en la ciudad de México, a donde se había autoexiliado dos meses antes por el temor que sentía en Xalapa--, presentaron denuncias en la Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especial de Atención a los Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
De esas denuncias se desprende que durante el resto de la noche, los teléfonos y las comunicaciones en la zona no funcionaron.
El gobierno del estado aseguró que la plaza fue desocupada para que se llevaran a cabo las fiestas patrias, pero que cerca de la medianoche unas 50 personas “ajenas al movimiento magisterial”, ocuparon de nuevo el lugar. “Las fuerzas del orden, siguiendo el protocolo apegado a la legalidad y a los derechos humanos, procedieron a ocupar y resguardar el espacio”, dice el comunicado que fue retomado por la mayoría de los medios en Veracruz.
Para el mediodía, después de la agresión a los manifestantes, los templetes estuvieron listos y en la noche Javier Duarte hizo el grito de Dolores mientras la banda el Recodo atrajo a cientos de manifestantes a la plaza.
A los periodistas que presentaron la denuncia, las instancias estatales les propusieron un arreglo, a través del ministerio público federal: que la policía los “indemnizara” con una cantidad de dinero que no llegó a establecerse, y que ellos retiraran la demanda y pidieran disculpas públicas. Los periodistas se negaron. Y la denuncia sigue sin avanzar en la FEADLE, que sólo ha hecho un par de diligencias en dos años.
La Comisión Estatal de Protección a Periodistas también emitió una recomendación (la A/114/2013) a la Secretaría de Seguridad Pública, por lo ocurrido el 14 de septiembre.
En su informe anual de 2013, la Comisión enumera las recomendaciones emitidas, pero no da detalles de las mismas. Sólo destaca que, como consecuencia de lo ocurrido en este caso “se abrieron 32 procedimientos administrativos sancionatorios en contra de servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública”.
A la distancia, algunos de los testigos de lo que ocurrió en esa manifestación consideran que fue una advertencia de cómo resolvería Javier Duarte los problemas del estado. Ahí, dicen, conocieron el sello de la policía de Arturo Bermúdez.
“Hasta ahora conocí el miedo”
El 23 de diciembre de 2015, dos años y tres meses después del desalojo de maestros en la Plaza Lerdo, un centenar de jubilados se manifestó para exigir el pago de sus pensiones que el Instituto de Pensiones había retrasado. Era el epílogo de un problema que llevaba tres años, en los que los pensionados habían denunciado una serie de irregularidades y corruptelas en el instituto.
El 22 de diciembre, el secretario de gobierno les ofreció pagarles, con la condición de que dejaran de manifestarse. Pero al día siguiente la promesa no se cumplió. Los jubilados, cabello cano o calvos, medio sordos, un poco ciegos, con muletas, algunos acompañados de sus hijos, bloquearon la calles que está frente al Palacio Municipal para exigir el pago del dinero que ahorraron por años de trabajo y que se esfumó del instituto que lo resguardaba. Pero policía los esperaba, y lo que comenzó con unos empujones de barriga terminó con toletazos eléctricos.
“Alguien vestido de civil les estaba dando órdenes –recuerda Gabriel Rey, un ingeniero jubilado por la Universidad Veracruzana, al que le tocaron las descargas de los toletes que el gobierno niega haber usado--. Se siente como una convulsión, como que te acalambras… después viene la adrenalina del coraje y la impotencia”.
“Yo nada más veía cómo se retorcían mis compañeros --dice Nicole González, jubilada después de 30 años de docente--. A mí me dolió la espalda todavía unos días. Pero sí te dan ganas de llorar, es muy grande la impotencia. La peor desfachatez fue cuando empezaron a decir algunos políticos y medios que nosotros habíamos agredidos a los policías”.
La entrevista con los profesores ocurre dos meses después de la agresión. Y aunque siguen en pie de lucha por la transparencia de los recursos del Instituto, también admiten que los golpes que recibieron el 23 de diciembre no sólo fueron físicos.
“También lo anímico, el miedo queda y queda la incógnita de ¿qué sigue? Porque (los policías) están hechos para lastimar y para reprimir verdaderamente al que se les ponga enfrente --dice el ingeniero jubilado, antes de perderse en recuerdos de las manifestaciones a las que fue cuando era un joven maestro de Chapingo--.“La verdad a mí me dio miedo, y mire, había participado en marchas antes, pero hasta ahora conocí el miedo”.
Terror y persecución
En la madrugada del 5 de junio de 2015, ocho estudiantes de la Universidad Veracruzana –identificados con ideologías anarquistas-- fueron sorprendidos mientras festejaban el cumpleaños de uno de ellos; una decena de hombres con el rostro cubierto entraron en el departamento en el que estaban y sin motivo alguno los molieron a golpes con palos provistos de clavos en las puntas, machetes y cuchillos. “¡Se van a morir!”, les dijo uno de ellos.
La golpiza no duró más de 15 minutos. Los agresores se fueron y dejaron el lugar destrozado, con sangre en las paredes y pedazos de piel y dientes en el suelo. Ninguno de los jóvenes murió, aunque algunos requirieron reconstrucción facial. Rubén Espinosa fue uno de los fotógrafos que llegó a documentar el brutal ataque. Y unos días después, al sentirse vigilado, decidió huir a la ciudad de México, donde fue asesinado el 31 de julio, junto con cuatro mujeres, en un hecho no esclarecido aún.
En las reconstrucciones que han hecho después familiares y amigos de los jóvenes, con base en lo que dicen algunos testigos, al lugar llegaron al menos cinco patrullas de la policía estatal, pero no hicieron nada por detener a los encapuchados.
“Responsabilizamos al gobernador Javier Duarte de Ochoa, a Arturo Bermúdez Zurita, secretario de seguridad, y al gobierno federal de este ataque y de cualquier otro que se desarrolle en este clima de terror criminalización de la protesta y persecución de los jóvenes”, señalaron en un comunicado los familiares, amigos y compañeros de los agredidos.
El 3 de marzo de 2016, en su página de Facebook, el Comité Universitario de Lucha, lanzó una alerta en contra de la única persona que estuvo en la reunión del 5 de junio, pero alcanzó a escapar y no fue golpeada. La joven, según esa alerta, también fue una de las personas que convocó a la celebración de cumpleaños. El mensaje señala que “desde hace algún tiempo la vigilancia de los espacios autónomos se ha intensificado”.
“Meses anteriores se había ganado la confianza de manera absurda de algunxs compañerxs del comedor autónomo universitario de la Unidad de Humanidades, incluyéndose en la organización del proyecto autónomo, y de algunas actividades libertarias.(…) ante las sospechas de varixs compañerxs de la veracidad de los hechos de cómo logró escaparse, comenzó a tener una actitud sospechosa, además de ser acompañada algunas veces que se le vio, por un hombre con corte de casquete militar (…) hace algunos días en el carnaval del puerto de Veracruz, algunxs compañerxs nos comunicaron que la habían visto, y encontrado vestida de policía”.
La supuesta infiltración no pudo ser corroborada para este reportaje; sin embargo, entre la comunidad universitaria –académicos y estudiantes— muchos coinciden en señalar a la policía estatal como ejecutora del ataque del 5 de junio. Lo cree tambien la madre de una de las víctimas: “Yo estoy segura que esta represión, es del gobierno”.
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Escuadrones del horror (2)
Publicado en Crónicas y reportajes
“A mi padre lo quería mucho, pero nada se compara con esto (perder un hijo)”, dice Bernardo Benítez Herrera, en un momento de silencio en el improvisado campamento de la agencia ministerial de Tierra Blanca, después de un mes de la desaparición de su hijo mayor y cuatro de sus amigos. El 11 de enero, los cinco jóvenes, originarios de Playa Vicente, se quedaron a una hora de camino para volver a sus casas.
En la entrevista, que se realiza cuando llevan 36 días apostados en este lugar, habla de su padre (ex alcalde de Playa Vicente), a quien secuestraron hace seis años, y aunque la familia pagó el rescate, sus captores nunca lo devolvieron. Lo de su hijo Bernardo, de 24 años, es otra cosa: el equipo de forenses argentinos tomó la muestra de ADN a tres familias para confirmar si el pedazo de tibia que encontraron en el rancho del Limón es de él, como dijeron las autoridades federales. La segunda prueba, con peritos independientes, podría llevarse lo que queda del hueso. “¿Si resulta que sí es y nos quedamos sin nada? No quiero ni pensarlo”, dice angustiada Columba Arroniz, su esposa.
Un mes después de la entrevista saldrán de dudas. El 17 de marzo, los peritos argentinos les confirman que el pedazo de tibia era de su hijo Bernardo. Y sí, a los padres les quedan unos centímetros de hueso para velar. Es más de lo que tienen los padres de los otros cuatro jóvenes desaparecidos.
Desde el 11 de enero, los familiares de los 5 jóvenes desaparecidos por la policía que comanda Arturo Bermúdez Zurita, se plantaron en Tierra Blanca, en busca de respuestas de las autoridades. Pero los indicios no llegaron de las oficinas de los ministeriales, sino del portón que da a la calle de la agencia: decenas de personas han llegado a decir que también a sus familiares se los llevó la policía estatal. Como Elvira Reyes --sus hijos, Juan de Dios y Rodrigo, están desaparecido desde el 19 de septiembre de 2013--, quien clavó una lona en la pared del ministerio público que dice: “a mi hijos se los llevaron los estatales”
Lo de los jóvenes de Playa Vicente ha impactado más, porque está comprobado que fueron los policías estatales los que lo detuvieron y se los entregaron a los criminales. Pero la policía de Veracruz está relacionada con desapariciones de personas en un área que se extiende hacia todas las longitudes del estado; sus más de 700 kilómetros de costa y el pico de Orizaba, la montaña más grande de México, son el escenario de un estado donde la policía estatal se convirtió en la cara del terror.
Los patrones de la desaparición
“¿Dónde está el cabrón?”, gritaron agentes estatales y marinos que allanaron la casa de Angélica María Berrospe la tarde del 11 de diciembre del 2013. Sin orden de cateo, irrumpieron en la cocina, la sala, el baño… con las culatas rompieron la chapa del cuarto de Jonathan Mendoza y lo sacaron de debajo de la cama.
Desde entonces, pareciera que al joven de 17 años se lo comió la tierra. Como muchas otras madres en Veracruz, Angélica busca a su hijo en las cárceles y fosas, o en catálogos de fotos de cuerpos descuartizados.
A Velia Aurora García Cruz, Amelia Hernández Namorado y Dolores González Cortés las conoció en el Ministerio Público. Las cuatro mujeres viven en la misma colonia: la Formando Hogar, del puerto de Veracruz. Las cuatro perdieron a sus hijos entre el 9 y 11 de diciembre de 2013. Y las cuatro señalan a la policía estatal como responsable de las desapariciones.
Lo saben porque han hecho el trabajo que no han hecho las autoridades: investigar, preguntar a los testigos, agotar pistas, buscarlos por todos lados.
Veracruz es el estado con más policías estatales reprobados en el examen de confianza, y es también uno de los cuatro estados – los otros son Tamaulipas, Guerrero y Coahuila-- que concentran el 47 por ciento de las desapariciones forzadas en el país, según los registros del Informe de Labores de 2015 de la Procuraduría General de la República.
Desde que Arturo Bermúdez Zurita fue nombrado Secretario de Seguridad Pública hasta enero de 2016, en el estado se han registrado, al menos, 80 desapariciones que involucran a policías estatales, según un conteo de notas de la prensa local, que ha ido documentando las denuncias de familiares, que cada vez suman más y hacen mancuerna para flanquear al olvido y a las temidas autoridades.
Las víctimas son, principalmente, hombres jóvenes, de entre 18-27 años. Los colectivos de víctimas han perdido el miedo a hablar y piden que se finque responsabilidad al gobernador Javier Duarte, y al jefe de la policía, Arturo Bermúdez Zurita. Aunque hay registros de desapariciones en las 7 regiones del estado, las zonas de alerta son el corredor Córdoba-Orizaba, la zona de la Tinaja hacia el sur y el puerto de Veracruz y sus alrededores. (Cardel, Úrsulo Galván, La Antigua, Paso de Ovejas).
Estos son casos de desapariciones forzadas a cargo la policía estatal que han sido denunciados por los familiares, según los expedientes a los cuales tuvo acceso PiedePágina: Charly Yosimar Rodríguez, averiguación previa 784/2012; Marco Antonio Ramírez Hernández. 430/2013; Ángel Ulises Lara Pulido, 776/2013; Pedro Gustavo Esteves González, averiguación 918/2013; Pablo Darío Miguel Hernández, 1247/2013; Víctor Álvarez Damián, averiguación previa /2013, Jonathan Isaac Mendoza,1293/13; Isidro Gil Flores, 1927/2013; y Arturo Figueroa, 24E2015.
Pero las denuncias de los familiares, que han documentado por su cuenta la participación de agentes estatales, no han sido suficientes para las autoridades. Ninguna de las 95 recomendaciones que ha emitido la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra la Secretaría de Seguridad Pública –por detención arbitraria y tortura—es por desaparición forzada.
Tampoco hay interés de investigar conexiones entre distintas desapariciones, como la de Jonathan Mendoza, el hijo de Alejandra Berrospe, y Víctor Álvarez Damián, de 16 años, a quien unos policías “encapuchados” se llevaron de su trabajo, un taller mecánico ubicado en la colonia Cristóbal Colón, el mismo día que a Jonathan.
Ese día, dice Perla Damián, madre de Víctor, se llevaron a otros muchachos de la colonia, dentro del “operativo Guadalupe-Reyes”. Unos aparecieron en la cárcel preventiva El Penalito. Otros no volvieron a ser vistos. Las autoridades niegan que la policía se los haya llevado, pero un testigo aseguró a la madre de Víctor que él estaba entre los detenidos por la policía.
“Fuimos a la base y me negaron que lo tuvieran allí. Estaban las patrullas con los números tapados; estaban las camionetas Suburban blancas y negras; los policías estaban enmascarados y con armas largas. Pregunté por mi hijo y me lo negaron, me dijeron que tenían a un Víctor Álvarez Domínguez, que lo habían remitido a PGR porque lo habían llevado por drogas (…) hasta ahora, lo único que sé es que si tuvieron a mi hijo en El Penalito y de ahí ya no se volvió a saber nada, de él ni de otros jóvenes”, dice Perla Damián.
El puerto de Veracruz, nombrado cuatro veces “heroico” por resistir igual número de invasiones extranjeras entre 1825 y 1914, ha tenido en tiempos recientes un nuevo embate que no ha logrado contener: el 20 de septiembre del 2011, mientras todos los procuradores de justicia del país se reunían en el municipio vecino de Boca del Río, hombres armados a bordo de camionetas dejaron en un paso a desnivel 35 cuerpos sin vida. “Ese fue el punto de quiebre para el estado”, dice un experimentado periodista. La señal de que la guerra por el territorio, entre zetas y “matazetas” (ahora identificados con el Cartel de Jalisco Nueva Generación) había tocado fondo.
La punta del iceberg
El 9 de febrero, la División Científica de la Policía Federal encontró 3 mil fragmentos de restos humanos en el Rancho El Limón en el municipio de Tlalixcoyan—ubicado entre el Puerto y Coatzacoalcos. Según la hipótesis de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) al lugar eran llevadas las víctimas para ser asesinadas, quemadas, trituradas y enterradas. El rancho, informó la CNS, fue utilizado por una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación comandada por Francisco Navarrete, detenido el 24 de enero.
En este lugar fueron encontrados –según las autoridades federales—el pedazo de tibia de Bernardo Benítez Arroniz y una gota de sangre de Alfredo González Díaz
Lo que se ha podido reconstruir hasta ahora de la desaparición de los 5 jóvenes de Playa Vicente, es que ocurrió en la Carretera La Tinaja-Tierra Blanca y que los policías estatales entregaron a las víctimas al grupo delictivo, según las declaraciones del octavo policía involucrado, Rubén Pérez Hernández.
La declaración ministerial de este mismo policía, revelada por el Blog Expediente, (http://www.blog.expediente.mx), que ha dado una amplia cobertura al caso, involucra a Marcos Conde, delegado de la Secretaría de Seguridad Pública del estado en Tierra Blanca y cercano a Arturo Bermúdez.
Conde ahora está detenido por el caso de Playa Vicente, pero familiares de otros desaparecidos en los municipios de Cardel y Úrsulo Galván también lo ubican como el responsable de desapariciones forzadas ocurridas en esa región en enero de 2013.
Cuatro días después del hallazgo del Rancho El Limón, el 13 de febrero, familias del Colectivo por la Paz y Solecito y peritos de la fiscalía estatal iniciaron la búsqueda de restos humanos en la Laguna del Escape,en el Paso del Macho, una zona que está en el perímetro de Córdoba.
Estos dos lugares son apenas la punta del iceberg que se destapó con la desaparición de los jóvenes de Tierra Blanca. Lo mismo que en Xalapa, donde cada vez, madres, esposas y hermanas han perdido el miedo de denunciar a la policía.
Como Adela, madre de Carmelo Cervantes De Anda, estudiante de arquitectura desaparecido desde el 3 de agosto de 2012. En la madrugada de ese día fue a recoger a su amigo Julián a la estación de camiones de Xalapa. Iban a la casa de Julián, pero en el camino se compraron unas cervezas, por lo que fueron detenidos por Marinos y las policías estatales.
“Este no es el negro gordo por el que venimos”, dijo uno de ellos. Pero no importó. A Julián le rompieron una costilla, “le reventaron las nalgas” a golpes y se llevaron a Carmelo. Su madre presentó al día siguiente una denuncia y después, se convirtió en mensajera: ella misma tuvo que ir a la Policía Federal, al Ejército y a la Marina a entregar notificaciones y regresarlas selladas para apurar las diligencias.
El coche fue hallado un año después, en un corralón cercano a la Academia de Policía el Lencero. Carmelo no ha regresado a su casa. “Siento que para mí la vida se acabó, ya no hay ilusiones –dice su madre-. Ya no le veo sentido a nada. Ya nomás es la angustia y las ansias de poderlo ver, era por él que trabajábamos. Todo era bonito, pero todo se convirtió en una pesadilla”.
O como Nancy, hermana de Santiago Demián Bolaños Rodríguez, un comerciante que desapareció el 8 de octubre de 2013, tres días después de su boda.
Según la reconstrucción que ha hecho, que estudia derecho y ahora se especializa en la figura de “desaparición forzada”, unos 15 policías llegaron esa noche a casa de su hermano, preguntando quién era “el dueño de la camioneta negra”.
Golpearon a un vecino, empujaron a su esposa, y se lo llevaron. Todavía alcanzó a hablar por teléfono con su padre. “Papá, hay unos policías que quieren tirar la reja”, le dijo. Minutos antes, otros policías se habían llevado a un amigo de la familia que les rentaba una propiedad y que también está desaparecido.
Pero en la Secretaría de Seguridad Pública no hay registros de la detención ni de quienes se llevaron a los jóvenes. “Los inquilinos donde también mi hermano terminaron por irse de ahí. Dos de los vecinos ya no volvieron, tenían miedo, porque policía regresaba para inspeccionar quien estaba”, dice Nancy.
O como Karla, esposa de Heron Miranda Godos, quien tenía un depósito de chatarra en Banderillas, la zona conurbada de Xalapa y se lo llevaron de ahí el 27 de marzo del 2014. El negocio pagaba 8 mil pesos por “derecho de piso”. Pero un día, Heron tuvo una discusión con un policía, quien –según él—quería cobrarle doble derecho de piso y le advirtió: que se arrepentiría. Dos días después, hombres armados entraron a su negocio y se lo llevaron.
Al principio pareció un secuestro y la familia pactó la entrega de 60 mil pesos, a cambio de que siguieran “cooperando con sus cuotas”. Pero la entrega se frustró por la intervención de la propia policía estatal, que hizo dos retenes (que nunca fueron notificados al C-4) y los secuestradores no se aparecieron.
Meses después, su esposa consiguió reunirse con el secretario de seguridad. “Nos reunimos con Bermúdez Zurita y nos dijo que de todos sus oficiales activos la mitad eran delincuentes, pero que existían la otra mitad que eran buenos, que desgraciadamente nos había tocado la mala suerte de que nos había tocado uno malo”, recuerda.
En Tierra Blanca esperan los resultados del equipo argentino forense del caso, único que verán de Bernardo Benitez Arroniz. Los demás no tienen posibilidades. Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, le dijo a los padres que seún las investigaciones fueron asesinados y desintegrados.
Las mujeres rezan y reciben nuevos casos de gente que se quiere quedar. “Son muchos casos”, repite Columba Arroniz. Rezan por sus hijos y todos los demás desaparecidos, todos los otros que se han llevado las propias autoridades (los estatales no son los únicos involucrados en desapariciones forzadas, aunque si los más temidos).
Como Elvira Gómez, la mujer que asegura que a sus hijos se los llevaron los estatales. Lo cree porque en diciembre de 2015, dos años después de que sus hijos desaparecieron, recibió una llamada con lada de Estados Unidos y un hombre al otro lado de la línea, que le dijo que era un ex policía amenazado: “Yo levanté a sus hijos, señora – le confesó el hombre, según contó ella a Blog Expediente—. A mí me dieron la orden”.
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