NUESTRA APARENTE RENDICIÓN QUEREMOS CONSTRUIR PAZ Y DIÁLOGO. POR ESO ESTAMOS AQUÍ

“La tarea del arte sigue siendo crítica y transgresora;
introduciéndose a las mismas estructuras que generan
la unidimensionalidad de lo social, puede generar la
apertura hacía territorios libertarios”.
* Jorge Juanes

El pasado 16 de abril  se llevo a cabo la mesa "Estrategias Poéticas en tiempos de guerra" en las coordenadas de Rio Elba y Melchor Ocampo donde se situa el espacio Chanti Ollin, territorio en rebeldía. Los invitados participantes que asistieron a este Encuentro desde la danza y la acción social fueron Francisco Illescas de Barro Rojo, Urbe y Cuerpo, Arte Acción Cero '12 y el Fotografo Jorge Izquierdo, no asistio Javier Contreras Director del Centro de Investigación Coréografica CICO-INBA.

Si más preambulo pasemos a las temáticas propuestas para el analisis del presente en que estamos trabajando, desde nuestra humilde perspectiva: Arte Acción Cero '12 Somos un colectivo de artistas multidisciplinarios con el antecedente de más de 30 años de trabajo; habiéndonos iniciado como Arte Acción Teatro de Movimiento un trabajo dirigido a los grupos más vulnerables y desfavorecidos: personas con diversas discapaidades, los que nacieron con el cuerpo equivocado, los nacidos diferentes, los discriminados, los condenados en estado de reclusión, hombres y mujeres en las carceles de nuestro país, jóvenes en situación de calle y -dentro de está Emergencia Nacional en que vivimos-  familiares de Desaparecidos. Desde el 2011 decidimos tomar las calles por Asaltos al asfalto, creando Arte Acción Cero'12.

Urbe y Cuerpo, con una trayectoria de danzar la calle, se expande a otros puntos de la Repúbica Méxicana llevando su arte a la gente; Barro Rojo, como pioneros de la Danza Independiente y callejera y con experiencia en el Salvador en situacion de guerra, habren su corazón a compartir, transmitir a las nuevas generaciones su experiencia en los momentos tan dificiles que hoy en día vivimos en nuestro país; Arte Acción Cero '12 propone rebazar los límites de la creación convencional y el confort a un ARTivismo que asuma el riesgo y el compromiso de estar en piel y sangre con los que hoy en día sufren el colapso generalizado del capitalismo “gore” a partir del despojo, la represión, el desprecio y la explotación.

Partiendo de una cultura política y urbana con tematicas vigentes y del día; a partir de los acontecimientos que circundan la realidad social y política de nuestro país, por lo que estamos viviendo y siendo testigos.

A propuesta de J. Izquierdo, el público se vendó los ojos para recrear una temática sobre los Desaparecidos. De manera oportuna Arte Acción Cero'12 leyó el poema  "Tiempos Oscuros" de Eduardo Galeano acompañando la acción dentro de un ejercicio fotografíco.

Jorge Izquierdo presento el "Libre en el camino" de Barro Rojo con la participación de Francisco Vera, Argelia Guerrero y Laura Rocha, que compartio su experiencia al haber sido detenida por soldados y revisada violentamente en su ser, experiencia que la marco en su vida. La exposición fotográfica sobre la banqueta de Izquierdo tomo re-vuelo al paso de los autos y los visitantes al encuentro. De manera simultanea se dieron varios eventos de danza contemporánea, performance, talleres y música con la asistencia fluctuante apróximada de unos trecientos participante, donde se degusto un buen mezcal de Guerrero y pulque del Estado de ;éxico cerrando con La Banda la Misanteña de Santa Cecilia.

El presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, reconoció las debilidades de la democracia pero no dijo cómo las combatiría el INE, una institución domada, sumisa e irrelevante.

Córdova es un funcionario optimista, de los que siempre realzan el lado amable de las elecciones y la democracia. Por ello, sorprende la franqueza con la cual respondió algunas preguntas de Carlos Acosta Córdova de Proceso (2 de abril de 2016).“Las instituciones democráticas del Estado”, dijo, tienen poca credibilidad. “La insatisfacción y la desconfianza de la sociedad son de tal magnitud” que será “muy fácil que germinen pulsiones autoritarias”.Dicho esto, presumió de que en 2015 hubo elecciones incluso en estados conflictivos (se refería a las protestas en Guerrero y Oaxaca).

Lanzó el diagnóstico sin dar el protocolo curativo. Se comportó como algunos médicos de hospital público que dicen a la paciente: “señora, su cáncer es de los difíciles pero el especialista en ellos podrá atenderla dentro de un año. Pero usted no se me desanime, ¡échele ganas!”. Por doquier brotan los indicios de que las elecciones están siendo afectadas por la violencia política y criminal, por la compra de votos y por la guerra sucia y a Córdova y al INE sólo les importa que se instalen las urnas y se cuenten los votos. Una actitud similar se observa en la Fepade y el Tribunal Electoral.

La brecha entre diagnóstico y realidad se hizo evidente porque la entrevista coincidió con un largo reportaje de investigación sobre “Cómo hackear una elección” en la revista Bloomberg Businessweek (31 de marzo). Jordan Robertson, Michael Riley y Andrew Willis reconstruyeron la historia de un genio en la manipulación de las redes sociales y la explotación de la vulnerabilidad generada por los avances tecnológicos. Andrés Sepúlveda está preso en una cárcel colombiana de alta seguridad porque lo atraparon interceptando –para un cliente-- las negociaciones de paz en La Habana y hackear al presidente. Su objetivo era “acabar [con] el proceso de paz” (Semana, Bogotá, 23 de agosto de 2014). 

Los periodistas de Bloomberg Businessweek profundizaron en el tema y encontraron que la especialidad de Sepúlveda era servir a candidatos: "mi trabajo –les contó– era hacer acciones de guerra sucia y operaciones psicológicas, propaganda negra, rumores, en fin, toda la parte oscura de la política”. Su faena más importante fue manipular en secreto durante tres años las redes sociales a favor de Enrique Peña Nieto. Él piensa que la elección de 2012 fue “una de las campañas más sucias de Latinoamérica en los últimos años”. También relató cómo torpedeó las campañas de Enrique Alfaro por la gubernatura de Jalisco y Gerardo Priego en Tabasco en 2012.

Recomiendo leer el largo reportaje (disponible en: www.sergioaguayo.org). Es una pieza sólida de periodismo de investigación que merecería más atención institucional de la recibida. Los Pinos simplemente lo negaron en un boletín breve y endeble que cierra con una opinión no verificada: “El triunfo de nuestro candidato presidencial obedece, única y exclusivamente, al respaldo libre, informado y mayoritario del electorado mexicano”. El INE se atrincheró en el mutismo aunque el consejero Benito Nacif reconoció que “el INE no ha diseñado un blindaje para evitar prácticas de hackeo y espionaje en campaña”. La Fepade y el Tribunal Electoral se hicieron los desentendidos.

El INE tendrá que reaccionar porqque el PAN interpuso una demanda para que se esclarezcan los dichos del hacker colombiano que, por cierto, tiene la obligación de cooperar como parte de su acuerdo con las autoridades judiciales de su país. Es útil rescatar una afirmación hecha a Semana, “de todo, absolutamente [de] todo, tengo pruebas. Yo tengo documentos, tengo medios técnicos, registros técnicos, llamadas, documentación, información, videos, audios… tengo de todo”. Con una buena lista de preguntas, y algo de voluntad, en el peor de los casos entenderíamos mejor el papel de la guerra sucia en las elecciones mexicanas.

Por ahora, lo cierto es que el INE es timorato, la Fepade se transformó en un avestruz que esconde la cabeza y el Tribunal Electoral deambula en el mundo de los silencios y las solemnidades. Los partidos y los poderes fácticos vaciaron el concreto de una prisión inconclusa. Las tres reclusas podrían salirse pero usaron sus temores para pintar barrotes imaginarios. Ahí se sienten seguras, ¿y la democracia? ¡qué se las arregle como pueda!

El video circuló los primero días de abril. Tres hombres uniformados y con el rostro cubierto, que aseguran ser agentes de la Policía Nacional Civil, leen un comunicado “junto con el grupo de exterminio libertad o muerte”, en el que advierten que “todo tipo de opinión o comentario a favor de estos pandilleros terroristas serán tomados como enemigos”.

“No a la tregua. No al diálogo con estos parásitos”, remata el mensaje que los supuestos policías mandan a la comunidad internacional, a los defensores de derechos humanos, a las iglesias y al arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, quien días antes había pedido al gobierno no excederse en el uso de la fuerza con los pandilleros: “Le pedimos que se abstenga de opinar y continuar estas decisiones. Queremos que recuerde cómo Monseñor Romero se hizo mártir de la patria, no queremos que Monseñor quiera convertirse en mártir de las pandillas”.

La referencia al emblemático sacerdote católico que el 24 de marzo de 1980 fue asesinado mientras oficiaba una misa en la capilla de un hospital, removió la memoria.

Óscar Romero --beatificado en 2015—es venerado en este país. El día anterior a su asesinato, había hecho un llamado al Ejército para cesar la represión contra el pueblo que se convulsionaba con el inicio de una Guerra Civil que dejó más de 75 mil muertos y desaparecidos en 12 años. “Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la Ley de Dios”, dijo entonces el cura.

Cuatro décadas después, El Salvador libra otra guerra, no oficial. El año inició con un promedio diario de 23 homicidios, casi todos de hombres jóvenes. Esta semana, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) lanzó una alerta sobre el aumento de solicitantes de asilo en México y aseguró que el número de desplazados por la violencia en Centroamérica “ha alcanzado niveles que no se veían desde los conflictos armados que sacudieron la región en los años ochenta”.

El partido que formaron las guerrillas tras los acuerdos de paz aquel 1992, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), lleva siete años en el poder y los pandilleros que controlan la ciudad lo acusan de tener escuadrones de exterminio contra la población civil.

“Sufrimos las consecuencias de una guerra para encubrir una dominación: antes, el paramilitarismo se arropaba con el pretexto del comunismo, ahora el pretexto es la guerra contra el narcotráfico”, dice, desde la hondureña comunidad de Santa Rosa del Copán, el sacerdote Fausto Milla, un hombre que ayudó a salvar la vida de refugiados salvadoreños durante la Guerra Civil.

La tregua que no fue

La historia es conocida y ha sido documentada ampliamente por el diario digital El Faro: en 2012, el obispo Fabio Colindres y el ex comandante guerrillero Raúl Mijangos, visitaron en las cárceles a los líderes de las dos pandillas que había en El Salvador --la Mara Salvatrucha y Barrio 18--, para impulsar un proceso de pacificación entre pandillas. Ellos aceptaron con la condición de que serían trasladados a penales de mínima seguridad, cerca de sus familias, y se iniciaría un proceso de integración social a través de proyectos impulsados desde el Estado.

Durante los meses siguientes las tasas de homicidio disminuyeron. Pero el programa de reinserción nunca llegó.

El partido opositor, Arena, acusó al gobierno del ex presidente Mauricio Funes de pactar con criminales y entregarles el control de los centros penitenciarios. El gobierno fue presionado por sus propios aliados y por Estados Unidos, que condicionó recursos para proyectos de reinserción.

Tres años después, el único resultado de la “tregua” entre pandillas fue la agudización de la fractura de Barrio 18, que en 2006 se había dividido en dos: la 18 sureña y la 18 R (revolucionaria). Ahora, los revolucionarios se negaban a un trato con la MS.

Según estimaciones oficiales, en El Salvador hay más de 80 mil pandilleros. Los grupos políticos mantienen un duro discurso contra las pandillas, pero bajo la mesa todos se disputan su base social.

En marzo pasado, el Faro difundió un video, grabado durante la campaña presidencial, que muestra a Ernesto Muyshondt, entonces vicepresidente de Arena y un duro crítico de la tregua, negociando con los líderes de las pandillas, a los que ofreció terminar con el régimen de máxima seguridad de la cárcel de Zacatecoluca, donde están presos sus líderes históricos, si su candidato, Norman Quijano, ganaba la elección. Paradójicamente, la campaña de Quijano ofrecía “un país libre de maras”.

“El Salvador es un país polarizado y la oposición siempre llevará un propósito. El gobierno actual está cayendo en la trampa, porque está haciendo cosas que supuestamente le va a favorecer políticamente, y con esto va a haber una matanza”, advierte Martin Barahona, obispo emérito de la Iglesia Episcopal Anglicana, y quien forma parte de la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia que busca abrir un debate sobre la política de drogas en la región.

Soldaditos de los carteles mexicanos

Las pandillas tienen una estructura vertical y rígida. Ninguno de sus integrantes puede hacer nada si no recibe una orden superior. El palabrero es el que se encarga de llevar la palabra (y dar la órdenes de lo que hay que hacer: “hoy toca operativo” o “hay aquí un soplón hay que limpiarlo”.) Los perros se encargan de llevar información para los corredores, que a su vez llevan la información del penal. Los chuchos son los sicarios. Las mulas viven de vender puchito, es decir un dólar (de droga), pero no pueden consumir. “Al que lo encuentren haciendo eso lo pueden hasta matar, porque si anda alucinado no puede hacer ese tipo de cosas. Pueden beber pero ciertos días. Si es poste no se puede mover de su lugar, aunque esté crudo. Y si no está en su lugar lo pueden hasta zapatear, o le dan su minuto loco”, cuenta un ex pandillero que rechaza la idea de que la violencia de las pandillas sea por un asunto de guerra contra las drogas.

Las pandillas, dice, viven de la extorsión. Y el dinero que reciben lo mandan para los penales, para pegar a los abogados, a los custodios, a los policías, al alcalde de la prisión. O lo usan para comprar armas. Pero no son los consorcios que mueven toneladas de droga y armas por el país.

Lo que sí ha pasado, dice, derivado del fenómeno migratorio, es que el trato con carteles mexicanos ha hecho más violentos a los pandilleros.

“Los zetas los tienen ahí guardaditos hasta que se cumple el número. Ellos te ofrecen negocio la mayoría de los soldados que tienen son centroamericanos. Las meras cabezas allá son mexicanos”, dice.

“Se gana buen billete, 300 dólares a las personas que quieren ir a hacer los paquetes. Son fuentes de empleo. No tenemos prestaciones, pero nos va bien. A mí me preocupaba nada más el trabajo, darle de comer a la gente, atender bien al migrante y tener limpio el lugar. (En Reynosa) me di cuenta que los del (cartel del) Golfo no reciben MS y si los reciben los tiran al río, los matan. Los Zetas sí agarran MS. Allá se entrenan y luego llegan al El Salvador a entrenar a otros y eso es lo que los ha hecho más violentos”.

Terroristas y escuadrones de exterminio

Una de las peticiones era que los ranfleros (jefes) no fueran trasladados a penales de máxima seguridad. Su argumento era que sin órdenes claras las estructuras de abajo se iban a salir de control. “Si no hay un perro grande que los guíe los perritos se nos sueltan, y esto se va a poner cabrón”, dijo uno de los dirigentes al grupo que cabildeaba la tregua.

A finales del 2014. La tregua se iba al caño. “Participamos en una mesa donde estaba el gobierno, las empresas, privadas, la gente del FMLN y Arena. Presentamos una carta pastoral al gobierno para que mantuviera los acuerdos, pero nomás salimos y empezaron a moverlos a los penales.”, dice Giovanni Marroquín, integrante de la Iniciativa Pastoral por la Vida y la Paz (IPAZ), una organización ecuménica que nació en 2012 y que al principio incluyó a la iglesia católica.

“En el sector de las campaneras asesinaron a tres muchachos, los policías empezaron a jugar al tiro con ellos enfrente de toda la colonia. Eso indignó a las pandillas y se fueron contra las familias de los policías. Mataron a la mamá del primer policía, de la delegación de Zacatecoluca”.

En julio de 2015, los revolucionarios, ya separados de la 18 original, provocaron un paro nacional de transporte público y emplazaron a todos dueños y choferes de las rutas de no salir dar el servicio por tres días. Lo consiguieron. Los únicos que se lograron mover fue el ejército con sus vehículos.

A partir de la Ley contra Delitos de Terrorismo, vigente desde 2006, el gobierno de izquierda declaró terroristas no sólo a los pandilleros, sino a quienes tengan contacto con ellos.

Según los defensores de derechos humanos y las propias pandillas comenzaron a operar escuadrones de exterminio. En la versión oficial, los pandilleros han muerto en enfrentamientos con la policía. Pero no hay investigaciones que lo comprueben. Páginas de internet controladas por administradores anónimos, empezaron a subir imágenes de los supuestos enfrentamientos en las que se ven adolescentes asesinados, boca abajo, con las manos en la espalda o en la cabeza.

Pero estigma de las pandillas es tan fuerte (y sus excesos), que a la mayor parte de los salvadoreños le importa muy poco lo que les pase.

“En Ipaz tenemos al menos 100 desparecidos registrados. Hemos puesto la denuncia en derechos humanos, pero no hemos sido escuchados”, dice Marroquín.

¿Quién gana con el fracaso del diálogo?

En El Salvador, por cada recarga telefónica hay un impuesto de cinco centavos de dólar que va a las arcas de la seguridad.Asignaciones similares han pasado del agua o la luz. "Todo es para seguridad, Ahora, hasta de las pensiones quieren quitar recursos para pasarlos a la seguridad", dice el activista.

¿Quién vende las armas, quién vende las municiones? No se sabe, pero en los últimos años han surgido unas treinta empresas de seguridad privada cuyos dueños son ex policías.

También han surgido montones de iglesias nuevas, porque el Plan Salvador Seguro establece que serán las iglesias las encargadas de manejar los recursos destinados a la reinserción.

“El país está complicado, pero es el gobierno el que nos ha complicado todo, con tantas leyes tontas que no sirven para nada”, dice Marroquín, convencido de que las pandillas no van a desaparecer, por más que las persigan, porque son parte de la comunidad. Y tampoco van a cambiar porque no tienen opciones. Los ex pandilleros no pueden trabajar más que en los call center, que son las nuevas maquilas del país.

“Así como está el gobierno se puede soltar algo fuerte si no se sienta a dialogar. Ahorita tienen escondida a su gente, porque a cualquiera que encuentra lo acribillan. Pero no va a durar. Ellos no pueden sostener una guerra, pero sí pueden hacer daño”, dice el activista.

Por lo pronto, el 26 de marzo, en una sui géneris conferencia de prensa, los líderes de las tres pandillas anunciaron un cese temporal de homicidios, presentaron una petición con treinta puntos y lanzaron un mensaje a las iglesias y a la comunidad internacional para que les ayuden a construir un nuevo pacto social. “Demasiada sangre se ha derramado sin razón alguna”, dijo uno de ellos.

La respuesta llegó cuatro días después, con ese video donde tres hombres encapuchados, que dijeron ser de la Policía Nacional Civil, lanzan una advertencia al obispo de San Salvador: ni diálogo, ni tregua.

“Los de Ayotzinapa son quizá los ángeles que el destino sacrificó para que salieran a la luz los miles que están en la misma situación”, asegura Magda.

Uno de los miles de los que habla Magda es su hermano Tomás.

Tomás era… es, es taxista.

Determinar hablar en presente o pasado sobre sus desaparecidos es uno de las cosas difíciles alrededor de esta situación.

¿Cómo hacer referencia a alguien que no se sabe si está vivo o muerto?

Eso le pasa  a menudo a Mayra, otra hermana de Tomás, aunque finalmente habla de él como si estuviera a su lado.

Cada cuerpo descubierto en las fosas que se localizan en Guerrero que resultan no ser su hermano, le permite pensar que Tomás está vivo, pero que no puede regresar a casa.

Mario, hermano de Tomás, es quien se dedica a la búsqueda activa , se adentra en las zonas boscosas con un equipo llamado “Los Canes” que a base de ojos, oídos, tacto y olfato, localizan cúmulos que podrían ser fosas. Con una vara pican hasta que los indicios principalmente el olor y las plantas crecidas alrededor de los montículos. Conocimientos de médicos forenses que han aprendido a fuerza de “haré lo que sea por encontrar a mi hermano”.

 Basados en el trabajo que realizan “Los Canes”, las autoridades colectan los restos que encuentran. Hasta el momento van 101 cuerpos, pero ninguno es el de Tomás.

Pero, ¿quién era Tomás?

El mayor de cuatro hermanos, padre de un pequeño. Taxista, un trabajador que hacía viajes para proveer a su familia.

Sus hermanas y hermano lo describen como cariñoso y un gran apoyo para ellos.

Sin embargo, el 5 de julio de 2012, que curiosamente es el cumpleaños de Magda, Tomás salió a hacer un viaje.

Magda preparó pozole con sesos, el favorito de Tomás, pero nunca regresó.

Un llamado les hizo helar la sangre cuando les pidieron dinero. Denunciaron, pero no pasó nada. La última llamada de quienes dijeron tener a Tomás fue un aviso de que jamás volverían a verlo.

Magda no se resignó. Una vez que el mundo supo lo de Ayotzinapa, ella llevó un cartel con la foto y nombre de su hermano. Mayra fue con ella. Le hicieron saber al mundo que los normalistas de Guerrero no eran los únicos desaparecidos y que todas las familias sufren por la inacción del Estado, que no responde y no busca.

Desde entonces, mientras Magda y Mayra salen a hacer visible la crisis de desapariciones en su estado, Mario sale con los “canes” a buscar fosas.

“Con cada fosa y cuando vemos que ningún cuerpo es de mi hermano, tenemos la esperanza de que lo hayan dejado lejos y que por eso no puede regresar, porque no sabe cómo”, comenta Mayra.

Magda dice que a pesar de las dificultades de la búsqueda, la hierba crecida y animales venenosos, lo único que pretenden es encontrar a su hermano, no culpables.

Mario dice que continuará su trabajo hasta lograr que su hermano aparezca y hasta que cada cuerpo sea identificado. Hasta encontrarlos a todos. Hasta entregarlos.

En Jalisco se decretó la Alerta de Género para salvaguardar la integridad de las mujeres y erradicar toda violencia en su contra; sin embargo, tras las primeras denuncias públicas sobre intentos de plagios y desapariciones, las autoridades optaron por minimizar la situación e, incluso, calificaron como falsos los testimonios que diversas mujeres escribieron en sus redes sociales para advertir que no se trataba de un rumor sino de una realidad que a ellas les tocó vivir en las calles de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

En lo que va del año, en Jalisco se han presentado ante la Fiscalía General 454 denuncias por desaparición, 187 corresponden a mujeres. En este texto se presentarán diversos testimonios de mujeres sobrevivientes que narran cómo es que pretendían plagiarlas a ellas o a sus pequeños hijos, y cómo es que las autoridades se negaron a levantarles su denuncia porque consideraron que lo que pasó fue producto de su imaginación o porque al no concretarse su desaparición no hay existía delito que perseguir.

• “Es como la que buscamos”, el testimonio de Ana Karen (19 años).

Sábado 5 de marzo, 12:00 p.m., Guadalajara: Ana Karen, como muchos otros sábados, salió de tomar clases de inglés en la zona de Chapultepec. Ese día tenía que comprar material para uno de los cursos que toma en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. Así que decidió bajar al centro de Guadalajara por la calle López Cotilla, a la altura de la escuela Alianza Francesa (entre las calles Robles Gil y Atenas) una camioneta Windstar negra con placas tapadas por una mica se le emparejó:

“De la camioneta se bajó un hombre joven que vestía pantalón de mezclilla, camiseta blanca y una gorra negra, era una persona normal. De pronto, me agarró de mi brazo izquierdo y después me tomó de la cintura para meterme a la fuerza a la camioneta. Me intentó meter y al hacerlo le dijo al otro hombre que estaba adentro: -Es como las que buscamos-”.

Ana Karen pensó que se la llevarían porque la calle estaba sola pero de pronto alguien gritó: ¡Hey, hey! y el hombre que la sujetaba la soltó rápidamente y se metió a la camioneta, la cual arrancó a toda velocidad. Ella, a pesar del desconcierto, intentó ver las placas del carro pero las micas que traía se lo impidieron, estaba desconcertada y llena de miedo. El hombre que ayudó a Ana Karen le dijo: -“Vete, vete”-, y ella caminó hacia la avenida Enrique Díaz de León buscando la ayuda de una patrulla o un policía, no había nadie.

Ana Karen llamó a su familia y decidió esperarla cerca del Templo Expiatorio, durante este tiempo jamás pasó ninguna patrulla. Al llegar su familia, acudieron a la Comisaría de Seguridad Pública. Ahí le tomaron algunos datos y le recomendaron presentar su denuncia en la Fiscalía General y llamar al 066 para que le generaran un número de reporte.

Ana Karen y su familia llegaron a las instalaciones que la Fiscalía General. Ahí las mandaron al archivo y les dieron un formato para que de puño y letra, Ana Karen escribiera lo que pasó. Ella lo escribió todo y después se lo entregó al funcionario en turno, éste le puso un sello y la fecha del día, luego le indicó que regresara en cinco días hábiles para darle alguna noticia. Sí, le dijeron que regresara en cinco días para ver sí le levantaban la denuncia porque el formato que ella llenó fue un acta circunstanciada de hechos, no una denuncia formal, lo que hubiese implicado que la autoridad le tomara su declaración.

“Fuimos a la Fiscalía y cuando llegamos sólo nos dieron un formato pero no nos dieron ningún tipo de orientación (…) Me parece que tienen un muy mal protocolo porque me dijeron que veían difícil que esto procediera porque no tenía el número de placas, porque nadie podría dar testimonio de lo que viví y porque cerca de donde pasó no había cámaras de seguridad para que a través del video se pudiera identificar a mis agresores. Me citaron en cinco días y eso fue lo único que me dijeron”, precisó Ana Karen, quien pese a la emisión de la Alerta de Género, la cual está vigente en Jalisco desde el 8 de febrero, no ve que se esté cumpliendo con la promesa del gobernador: “brindar seguridad a todas las mujeres”.

A Ana Karen se la intentaron llevar en plena vía pública del sábado 5 de marzo en la calle López Cotilla. Lo que ella vivió: “No es un FALSO mensaje de desaparición de mujeres que sólo buscan crear psicosis”, como aseguró mediante una publicación en la página de Facebook de la Fiscalía General de Jalisco. A ella le hubiese gustado que se tratara de una falsa alarma; sin embargo, la experiencia y la frase “es como la que buscamos” aún retumba dentro de su cabeza y le hace pensar que hay un patrón para llevarse a cierto tipo de mujer.

Ana Karen ha sido firme en su testimonio porque en las redes donde su mensaje se viralizó ha sostenido que es una joven universitaria que no tendría ninguna razón para mentir, incluso, ha contestado al mensaje que el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, subió su cuenta de Facebook donde aseguró que su Comisaría “no tenía reportes recientes de casos de intento de secuestro o levantón a mujeres”. Ella le relató su historia, no tuvo respuesta.

Ahora Ana Karen sabe por experiencia propia que los plagios o desapariciones de mujeres no son rumores sino realidad. Esto, lamentablemente, es su realidad y ella tomó valentía para escribir lo que le pasó en su cuenta de Facebook y desde ahí lo ha sostenido porque reconoce que ante esta violencia todos debemos cuidarnos y no minimizar los mensajes que otras chicas, como ella, suben para narrar la manera en que evitaron desaparecer.

La ratificación de su acta de hechos en la Fiscalía sucedió el 11 de marzo. Ese mismo día, el Fiscal General, Eduardo Almaguer, subió un video en Periscope invitando a las mujeres que fueron víctimas de hechos similares a presentar sus denuncias. Dos días antes había asegurado que estos mensajes eran creación del crimen organizado. Ahora ya cree en las palabras de las mujeres que inicialmente criminalizó.

•  “Sube éste es el taxi que te mandaron”, el testimonio de Denisse

Lunes 7 de marzo, 11:00 a.m., Guadalajara: Denisse (19 años) al salir de la escuela decidió esperar su camión en la parada ubicada en el cruce de Avenida Américas y la calle de Morelos. Esta era una práctica habitual para ella porque después de clases acude siempre a trabajar.

Ese día, un taxi de sitio se acercó a la parada y le dijo: “Ven, sube este es el taxi que te mandaron”, Denisse no hizo caso porque no había manera de que alguien le mandara un taxi y menos en la parada del camión. Dejó pasar los comentarios del taxista hasta que éste comenzó a subir el tono de la voz y con groserías le ordenó que se subiera, ella siguió ignorándolo hasta que por el radio de la unidad escuchó la voz de otro hombre que le ordenó al taxista que si ella no se subía éste bajara por ella y la subiera a la fuerza.

Ignorar esto era imposible, así que cuando Denisse volteó al taxi su conductor estaba bajándose y se dirigía a ella: “Me quedé en shock porque era real lo que estaba pasando, así que mi reacción fue correr y meterme en una Farmacia Guadalajara que se ubica frente a la parada. Ahí me quedé. Las personas al verme me preguntaron qué me pasaba y yo les conté lo que me había dicho el taxista. Ellos salieron para ver si seguía ahí pero no estaba”.

Denisse tomó la decisión de marcar en ese momento al 066 para reportar lo que le había pasado y del otro lado de la línea de emergencia sólo encontró indolencia: “Llamé para denunciar el hecho a las autoridades y lo primero que me dijeron es que si eso no lo había imaginado. Después me dijeron que seguramente sí me habían mandado el taxi mis familiares pero yo no sabía. Yo lo que les dije es que si fuera así, ellos me habrían avisado”.

La llamada continúo y Denisse dio todos los detalles de lo que le había pasado pero en la línea de emergencias concluyeron su atención de la siguiente manera: “El intento de secuestro no es un delito y, por tanto, no podemos tomar tu reporte”.

La mezcla de indignación y coraje le quitaron a Denisse las ganas de ir a la Fiscalía General para decirles que lo que le pasó fue real y no sólo meros rumores de redes sociales. Ella espero dos días para ir a presentar su denuncia, lo hizo el miércoles 9 de marzo, un día después de que la Fiscalía en sus redes sociales presumiera su voluntad de defender los derechos de todas las jaliscienses por la celebración del Día Internacional de la mujer.

Denisse llegó para presentar su denuncia en las instalaciones de la Fiscalía, la desesperanza se apoderó de ella porque el ministerio público en turno sólo le entregó un formulario de acta de hechos para que ella escribiera lo que le había pasado pero antes le advirtió que como no tenía las placas del taxi ni el número del sitio sería muy difícil que su denuncia prosiguiera pero que eso le daban posiblemente se tomaría en cuenta.

“Todo quedó en eso en una acta de hechos de la cual ni siquiera me dieron un folio, nada. Yo me enoje mucho porque no sólo me negaron eso sino que también tuve que esperar horas para que llegara la persona que me haría el retrato hablado de mi agresor. Primero me dijeron que llegaría en 45 minutos, pasó una hora y media, y nada. Al final, el dibujante jamás llegó y sólo me dijeron que en unos 15 días me llamarían. Fue para mí una burla”.

Como el mensaje que el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, escribió en su cuenta de Facebook diciendo no tenían reportes de ninguna agresión como la sufrida por Denisse: “Yo vi una publicación de Alfaro y le respondí que era un completa burla porque para las autoridades mientras no proceda como tal la denuncia no hay delito pero nosotras podemos ir a levantar la denuncia pero de qué nos sirve si todo queda en una acta de hechos, ya que mientras no tengamos las pruebas suficientes no se procesará como denuncia y, por lo tanto, para ellos seguirá siendo un rumor”.  El alcalde nunca contestó su mensaje pero sí realizó una rueda de prensa el 17 de marzo donde aceptó que sí eran reales los reportes de plagio y que en Guadalajara se concentraban 11 de las 19 denuncias.

 “Si nosotras no tenemos las pruebas, ellos seguirán con la postura de que es un rumor y la gente también reaccionará de manera viral por las redes sociales de la misma forma. Si seguimos así no llegaremos a nada. Mi experiencia ya me ha puesto a pensar en cuántas actas de hechos hay de casos como el mío”, dice con firmeza Denisse, quien ahora sabe que esto que le pasó es algo que va más allá del rumor, ya que ella estuvo a punto de ser plagiada a plena luz del día. Las autoridades, no obstante, le dijeron que quizá lo había imaginado.

• “Hija, ahí viene el carro”, el testimonio de Elizabeth

Lunes 7 de marzo, 9:00 a.m., Zapopan: Elizabeth (27 años) trabaja en una clínica y ese día salió a realizar unos depósitos como muchas otras veces lo había hecho. Aprovechó su trayecto para comprar unos transvales (vales para pagar con descuento el transporte público) en las oficinas ubicadas en pleno centro histórico del municipio de Zapopan. Caminó por las banquetas estrechas con sus planillas de transvales, ese día el viento se las arrebataba de las manos. Enfocada en ello, sólo observó que un hombre se dirigía hacia ella, no le dio importancia e, incluso, se movió hacia los carros para dejarlo pasar.

“Al pasar el hombre a mi lado me agarró muy fuerte de mi muñera y me dijo: –Hija, ahí viene el carro-. Yo lo miré y jalé mi brazo hacía atrás, estaba muy asustada que no supe reaccionar porque en ese momento detrás de mí pasaron un par de policías de que los que andan en bicicleta y no pude decirles nada. Cuando este hombre vio a los policías me soltó: -Ay no te confundí, discúlpame-. En eso pasó un carro Jetta, color negro, y éste e subió”.

El shock y las pulsaciones sobre su muñeca le impidieron reaccionar, ya que Elizabeth había leído en las redes sociales historias como ésta y no es que no las creyera, sin embargo, pensó que esto no le pasaría: “Yo no supe cómo reaccionar en el momento, sé que pude decirles a los policías la manera en que hombre me agarró de la muñeca. Sé que ellos pudieron decirle que aclarara su confusión… Ahora sé que no estaba de más el haberlo dicho pero no pude hacer. Yo sé que no fue un error porque este sujeto me agarró con mucha fuerza”.

Elizabeth espera que se haga algo porque lo que vivió no fue un rumor: “Yo no sé por qué lo están negando o qué es lo que quieren ocultar cuando lo hacen. Todos debemos cuidarnos, no andar solas y andar en sitios con mucha gente aunque lo que me pasó a mí fue a plena luz del día y en un lugar donde había mucha gente”.

Ana Karen, Denisse, Elizabeth afortunadamente hoy pueden hablar de que todo quedó en un intento de plagio o desaparición. Su verdad y testimonio, más allá del optimismo institucional, nos deja entrever que las agresiones contra la mujer pese a la Alerta de Violencia no ha cesado; al contrario, se mantiene firme, ya que del 1 de enero al 29 de febrero de 2016, la Fiscalía recibió 187 denuncias por desaparición de mujeres y dijo haber encontrado sólo a 98 con vida y dos sin ella. Esto significa que en el año, 87 mujeres siguen sin regresar a casa, así que afirmar que lo denunciado por Ana Karen, Denisse y Elizabeth son rumores es una gran falta de responsabilidad en un estado que no sólo dice estar en una Alerta de Género sino que además registra un alto porcentaje de denuncias por desaparición de mujeres, 8 mil 368 desde el año 2006 hasta el 29 de febrero de 2016.

Sobrevivientes del intento de robo de sus hijos

Un hombre visiblemente golpeado y maniatado confiesa a la Policía de Guadalajara que forma parte de una red de robo de menores que opera en la zona oriente de la capital de Jalisco. Detenido por vecinos de la colonia Río Nilo cuando pretendía llevarse a un menor,  éste declaró que esto lo realiza para un “un hombre pesado” que le daba 15 mil pesos por cada niño y que el destino de los menores era la ciudad de Monterrey. También confesó que días antes su cómplice había intentado arrebatarle un menor de seis meses a una mujer en la colonia Insurgentes. Hoy ambos hombres están presos.

•  “Baje para ver qué le paso a su carro”, testimonio de Bárbara.

Miércoles 24 de febrero, 6:10 p.m., carretera a Zapotlanejo.- Bárbara (26 años) condujo de manera habitual por la carretera Guadalajara-Zapotlanejo. Paró para poner gasolina a su vehículo. Ahí se percató que unos hombres en una camioneta plateada con placas de Florida (Estados Unidos), la miraban. Esto se le hizo raro pero no reparó más en ello.

Pagó por el combustible y decidió seguir su camino rumbo a Zapotlanejo. En el carro viajaba con su hija de cinco años, la cual estaba sentada en el asiento del copiloto. La carretera, como es normal a esas horas, tenía un tránsito pesado. Desde su retrovisor observó que la camioneta gris había rebasado a varios vehículos hasta quedar justo frente a ella. Ahí se percató que los hombres comenzaron a mirarla por sus espejos laterales. Bárbara supo que algo estaba mal, así que subió sus vidrios y aseguró sus puertas.

“De pronto veo que estos hombres comienzan a echarse de reversa y golpean mi carro. Pensé en bajarme y pelearlos pero de esa camioneta bajaron cuatro hombres grandes. Uno de ellos que era muy moreno y bigotón, me dijo –bájate para que veamos qué le pasó a tu carro-. Yo me enfoqué en él pero luego me di cuenta que los otros dos hombres estaban intentando abrir la puerta donde estaba mi bebé. En ese momento me asusté muchísimo y comencé a decirle –No me voy a bajar, no le pasó nada a mi carro-“.

Los hombres, sin embargo, no se movían y le insistían que se bajara. Un taxista que estaba a un costado del carro de Bárbara la vio asustada y le gritó al hombre: “Ya cabrón avanza, te está diciendo que no le pasó nada, avanza”, los otros conductores secundaron su voz y comenzaron a sonar su claxón… Los hombres regresaron a su camioneta y comenzaron a avanzar muy despacio sin despegar sus miradas del carro de Bárbara. Ella también hizo lo mismo y anotó las placas, el tipo de vehículo y las características de los cuatro hombres.

“A la primera oportunidad me salí de la carretera cerca de un restaurante que se llama El Rodeo… por donde está una Bodega Aurrera. Ahí me esperé un rato, tenía miedo de bajar del carro… ahí supe que lo que querían esos hombres no era robarnos el carro sino a nosotras, a mi hija. Supe ahí que no eran falsos los mensajes que había visto de otras mujeres que en Facebook decían que esto estaba pasando”.

Al día siguiente, 25 de febrero, Bárbara, junto con su familia, acudió a la Fiscalía General a presentar su denuncia. Ellos tenían todo: placas, características de los agresores, color del vehículo, marca y pensaron que con esto sería suficiente pero pronto se dieron cuenta de que no era sí porque el ministerio público que los atendió les dijo: “Como no hay señales de violencia no podemos hacer la denuncia”.

“En la Fiscalía recibimos una pésima atención, ya que se atrevieron a decirnos que la denuncia no procedía porque yo no tenía golpes pero también porque no me habían llevado y que para que procediera me tuvieron que haber matado. Me da desconfianza su actitud es como si protegieran alguien. Yo no les mentí, lo que me pasó fue real”.

Tan real como golpe que aún mantiene en el taller el carro de Bárbara, tan real como el mensaje que dejó en Facebook para alertar a otras mujeres que, como ella, quizá no creían que esto fuese cierto. Tan real como saber que el lugar donde ocurrió su agresión es el que tiene que tomar diariamente y donde la Fiscalía le dijo que no existió delito alguno.

“Si no sueltas la mano de tu hijo, vas a valer madre”: testimonio de Yolanda.

Sábado 5 de marzo, 9:30 a.m., Zapopan: Yolanda (27 años) salió de su casa junto con su pequeño hijo de cuatro años para comprar lo que necesitaba para hacer la comida. Ambos caminaban por avenida Cruz de Sur y Patria hacia avenida Tabachines: “En la pura esquina de esas calles hay una Liconsa, la banqueta donde está es muy angosta y yo sentí a un tipo muy cerca de mí y lo que pensé es que no lo dejaba pasar, así que recorrí a mi hijo para darle espacio y que éste se pasara”. Pero el hombre no pasó sino que espero a que caminaran un grupo de adolescentes y le susurro unas palabras que aún estremecen a Yolanda: -Suelta la mano de tu niño que te lo voy a robar-.

“Me quedé congelada y éste sujeto me dijo otra vez lo mismo pero ahora con palabras ofensivas, ya que me dijo que si no lo soltaba iba a valer madre con él. Yo pensé en mi hijo todo el tiempo y en cuanto vi un espacio entre los coches corrí al camellón. Lo único que quería era ponerlo a salvo en la glorieta. Yo quería que si algo me pasara, él se quedará ahí”.

Yolanda no dejó de ver al hombre que la quería seguir, los carros que cruzaban le impedían a éste llegar hasta donde ella se encontraba con su hijo: “Cuando él me vio correr no pudo cruzarse  porque venían más carros. Yo lo veía, él no hallaba la manera de cruzarse. Escuché que le gritó a alguien más: -¡Córrele wey, retórnate!-. Yo miré hacia atrás y ahí estaba estacionándose un choche negro en la esquina”.

Una señora que estaba detrás del hombre que amenazó a Yolanda con llevarse a su hijo, comenzó a gritarle: “Viejo puerco, viejo puerco”. Yolanda supuso que la señora pensó que la estaba acosando pero ese gritó lo hizo desistir: “Él volteó a la señora y regresó al vehículo y se fueron rápidamente con rumbo al Cerro del Tesoro. Yo recuerdo que era un carro Aveo en color negro… del nervio no pude ni ver las placas, incluso, si las hubiera visto seguro no las hubiera grabado… Lo que sí se me quedó en la mente es la imagen de este sujeto pues era un hombre gordo como de un metro con 80 centímetros, traía una gorra, una playera azul y usaba pantalón de mezclilla”.

Justo en la glorieta donde Yolanda se resguardo con su hijo existe un módulo de la policía municipal de Tlaquepaque pero ese sábado no había nadie, así que regresó al día siguiente con su esposo para contar lo que les sucedió: “Nos dijeron que si no teníamos las placas del carro no procedería la demanda pero que si quería fuera a declarar eso a la Fiscalía. Yo no tengo las placas del carro, no las vi y como no las tengo me dijeron que no se puede hacer nada”, señaló Yolanda con un terrible desconsuelo porque desde que esto le pasó tiene tanto miedo que ya no se permite salir a la calle con su pequeño hijo; por ello, tampoco ha querido presentar la denuncia porque temé que regresen a buscarla. Tiene miedo.

“Yo no soy alguien de dinero y entonces se descartan muchas posibilidades porque soy una más, ya que si esto le pasara a un familiar de alguien importante tomarían todas cartas en el asunto. Yo lo que quiero pedirle a las personas es que se cuiden porque supongo que esta gente elige al azar y esa ocasión nos tocó a mí y a mi hijo. No sé qué pasa en todos los casos que he visto en Internet  pero el mío fue real, lo que nos pasó fue real”, se repite Yolanda para quien narrar lo que sucedió la mañana del 5 de marzo es doloroso y, a la vez, tiene un sentido terapéutico, como ella lo menciona: “hablarlo me hace sentir más tranquila porque sé que dando mi testimonio estaré aportando un granito de arena”.

La autoridad, a diferencia de los intentos de plagio de mujeres, no se ha manifestado en relación al robo de menores; sin embargo, la  Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos coloca a Guadalajara como una de las ciudades donde operan libremente las bandas “roba niños”. Esta Fundación estima que en México existen 40 mil niños desaparecidos. En el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas sólo tienen el dato de 159 niños y adolescentes desaparecidos en Jalisco.

Esto fue Jalisco en marzo de 2016.

El sábado 2 de abril el rotativo de mayor circulación de la entidad, El Imparcial, amanece con un encabezado que dice: “Tiroteo en Costa deja un muerto; van 15 asesinatos”. En la nota se recuerdan otros acontecimientos violentos en la comisaria del poblado Miguel Alemán durante lo que va del año en curso, así como también se maneja la teoría de que el repunte en la violencia se debe al reacomodo que está haciendo el crimen organizado en el narcomenudeo. Esta teoría se comenzó a manejar desde el acontecimiento del 5 de febrero, cuando fueron asesinadas 8 personas en la comisaría, que hasta la fecha sigue siendo el escenario de los acontecimientos más violentos del municipio de Hermosillo.

De acuerdo al semáforo delictivo, Sonora ahora está en rojo en delitos que en el sexenio pasado si acaso llegaban a estar en amarillo en sus momentos más álgidos. Actualmente los asesinatos, las extorsiones, los robos a casa habitación, las lesiones y las violaciones están en color rojo, mientras que el robo de carros en amarillo. Las justificaciones que se dan para esto muchas veces caen en lo ridículo, porque las autoridades se muestran insensibles y alejadas, como si fueran parte de otra realidad, de una en la cual todo es color de rosa, una realidad prefabricadas y ensañada mil veces como si fueran actos de campaña. Ya desde el sexenio pasado la clase política se había distinguido por esa distancia con la realidad; sin embargo, ahora vemos que cuando los números de la violencia se han disparado de una manera tan alarmante, la clásica política es incapaz de reconocerlo. Por lo contrario, viven como si en las colonias de Hermosillo no hubieran organizaciones vecinales que ajustician a rateros. Tampoco se dan cuenta que en Cajeme los narcos se matan en las plazas públicas, no se dan por aludidos cuando en la televisión nacional salen burreros de Nogales cruzando la frontera con el beneplácito de la Border Patrol mientras son captados por las cámaras.

En fin, existen dos Sonora, así como existen dos Veracruz y dos México; una que pertenece a ellos, la elite hegemónica de la clase política y empresarial, la de los insensibles, los impunes, los que andan tranquilos en la opacidad, y el otro que es donde se dispararon los índices de violencia y debemos sufrir las consecuencias de la impunidad, la corrupción y la ineficiencia de las autoridades que están más entretenidas en sus campañas, en tener sus cambios de imagen gubernamental, sin preocuparse por las cosas básicas que deseamos las personas de este país: paz, justicia y dignidad.

En la cara de la Border

Como buen estado fronterizo, cruzar al otro lado es parte de nuestra cotidianidad y para la clase media y la elite hegemónica, es una costumbre ir hacer varias compras al país vecino cada cierto tiempo. Por eso, para el comercio de Arizona, las compras de los mexicanos, principalmente los sonorenses, representa una de sus principales ganancias. Esta relación tan estrecha con el estado norteamericano con el cual tenemos vecindad ha tenido momentos ríspidos por las políticas antiinmigrantes que caracterizan a personajes como el sheriff Joe Arpaio o la Ley SB1070, mejor conocida como Ley Antiinmigrante de Arizona. En esos momentos la clase hegemónica en el poder político y empresarial de la entidad reaccionó con un mínimo de dignidad y fue capaz de ejercer presión, tanto económica, como política, para poner un alto a las iniciativas racistas que se daban del otro lado de la frontera.

En ese entonces la discusión no cuestionaba el hecho de que la frontera permitiera cada vez más que las mercancías viajaran con mayor facilidad. En cambio, ahora la frontera es más restrictiva con las personas que desean viajar de un país al otro. Me atrevo a decir que tanto del lado mexicano como del estadounidense no estaba en discusión que el tránsito de mercancías debería ser libre y el de las personas siguiera restringido o limitado, porque lo único que quería la elite sonorense era que los policías de Arizona no los confundiera con los indeseables inmigrantes. Hay que dejar claro que el problema de migración en la entidad les es indiferente y que son insensibles a la tragedia humanitaria que representan cada una de las vidas de los migrantes que se pierden en el desierto de Sonora o en la frontera entre los dos estados.

Esta misma insensibilidad de las autoridades mexicanas se presentó en el caso de José Antonio Elena Rodríguez, el adolescente que fue asesinado por un Border Patrol en el lado mexicano de la frontera. Su delito fue tirar piedras al enorme cerco que divide a los dos países. En esa ocasión las autoridades mexicanas no hicieron nada para pedir la identidad del agente que mato a José Antonio y menos hizo algo para pedir justicia a las autoridades norteamericanas, simple y sencillamente se subordino a la impunidad del país vecino.

Hago memoria de todo lo anterior para señalar que ahora —después de que TV Azteca grabó, de manera fortuita, a dos burreros cruzando la frontera frente a dos camionetas de la Border Patrol— ha dejado ver su faceta permisiva y cómplice con el crimen organizado de los dos lados de la frontera. Las autoridades del estado y esa elite hegemónica nuevamente presentan su rostro más indiferente. Esta grabación debió haber sido retomada por las autoridades estatales para exigir al gobierno norteamericano ser más congruente en su compromiso contra el crimen organizado y el narcotráfico. Pero no fue así, a la elite política y empresarial de la hegemonía sonorense le da igual la crisis humanitaria de la frontera, al igual que la violencia en la entidad, porque ellos están en sus eventos perfectamente planeados para evadir que el hecho de que Sonora arde y sangra de norte a sur.

El camino incierto de los migrantes en Sonora

La Red Sonora de casas y albergues migrantes —con ayuda de la Oficina en Washington para Centro para Asuntos Latinoamericanos (WOLA),  FUNDAR Centro de Análisis e Investigación y siete albergues  y organizaciones que defienden los derechos de los migrantes— presentaron en el Colegio Sonora el Informe: “Un Camino Incierto” en el cual dan a conocer como a partir de la entrada del Programa Frontera Sur (PFS) del Instituto Nacional de Migración (INM) han aumentado las detenciones arbitrarias y la violación de los DDHH de los migrantes en tránsito tanto en Sonora como en todo el país.

La participación de la Red Sonora —compuesta por: Iniciativa Kino para la Frontera (Nogales), Centro de Recursos para Migrantes (Agua Prieta), Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado (Altar) — da cuenta de que tanto el robo como la extorsión van acompañadas de restricciones al libre tránsito, detenciones arbitrarias, amenazas y tratos crueles por parte de la policía federal, policía preventiva y transito municipales, pero también de policía estatales, seguridad pública y el INM.De acuerdo a los datos que se presentaron en el Informe solo en Sonora, los albergues para migrantes registraron en el 2014: 35 casos de robo, 49 de extorsión, 15 de tortura, 43 de tratos crueles y 11 amenazas, más todas aquellas que pasaron desapercibidas y ni siquiera fueron registradas por los albergues de la Red Sonora.

En ese mismo informe y de acuerdo a los datos que se han podido recoger de enero del 2014 a junio del 2015 por la Red Sonora, se observa que los perpetradores más señalados son autoridades. En primera instancias, la Policía Federal es señalada como responsable en un 29.8% de los casos de violación de DDHH de migrantes en tránsito en la entidad, le siguen las Policías Municipales y de Transito con 22.8%, Policías Estatales de Seguridad con 7%, PGR con 7.4%, policía 7%, Protección Federal 7%, INM 4.6%, crimen organizado 4.2%, seguridad privada 1.9%, PEI 1.9%, Policía Turística 1.9%, Coyotes 0.9%, Marina 0.9%, Patrulla Fronteriza 0.9%, SEDENA 0.5% y algún actor indefinido 0.5%.

La crisis humanitaria que se describe en el informe “Un Camino Incierto” en la parte de Sonora nos indica que para los migrantes lo más peligroso en este territorio no es el crimen organizado, sino las autoridades. Esta situación ha hecho que la ruta migratoria, sacando la vuelta a las autoridades, se desvié a las zonas más inhóspitas, donde las condiciones climáticas son más extremas y los migrantes estén más expuestos a las altas temperaturas de ese asesino silencioso que es el sol del desierto.  Cómo siempre los migrantes son los primeros en sufrir las desgracias que vienen y en esta ocasión vuelven a ser los primeros en ser las víctimas de la insensibilidad y el abandono de las elites hegemónicas de la entidad que ni siquiera los ven pasar en sus viajes a Tucson.

Para los hermanos activistas mexicanos, Gustavo y Óscar Castro, el tiempo se alarga en este país. Las horas se convierten en días, mientras esperan que el sistema de justicia resuelva alguno de los tres recursos legales que le permitirán a Gustavo, sociólogo y activista ambiental, salir de la cárcel en la que se ha convertido la embajada mexicana durante las últimas tres semanas.

Mientras Gustavo espera en la embajada, Óscar, activista por los derechos de los migrantes, pasa los días sobresaltado, en llamadas y reuniones, buscando cualquier posibilidad que ayude a su hermano.

Gustavo Castro es el único testigo del asesinato de Berta Cáceres, una de las más emblemáticas luchadoras por los derechos ambientales y de los pueblos indígenas de Honduras. Su asesinato, el 3 de marzo pasado, ha conmovido al mundo. El activista mexicano estaba con ella y también resultó herido en el ataque, pero en lugar de atenderlo como una víctima, y a pesar de que su vida corre peligro, el gobierno de Honduras lo mantiene retenido de manera irregular en el país.

“En ninguna parte del mundo pueden retener a un testigo o víctima, eso es violatorio de los derechos humanos”, dice Óscar, quien, después de 26 días del asesinato de Cáceres, observa un “enrarecimiento de las investigaciones”.

Y lo muestra con un razonamiento sencillo: En los primeros cuatro días, la fiscalía concretó 9 diligencias; mientras que en los siguientes 21 días sólo ha hecho dos.

“No tenemos elementos para decir que lo quieren inculpar (como se ha dicho en algunas notas de prensa), en todo el expediente es señalado como testigo. Pero lo que sí hay claramente es un enrarecimiento de las investigaciones”.

Óscar debe cuidar cada palabra que dice, pues éstas pueden ser utilizadas para agravar la situación de su hermano Gustavo, quien por recomendación de abogados, permanece en la embajada, además no puede hablar.

La retención

Berta Cáceres fue asesinada en su casa por dos sicarios con el rostro cubierto; Gustavo Castro se encontraba de visita y recibió un rozón de bala en la oreja. “Me dieron por muerto”, escribió el activista en las horas siguientes, para explicar por qué lo dejaron libre. Después de las primeras diligencias ministeriales en la comunidad de La Esperanza, le dijeron que se podía ir. El gobierno de Honduras le ofreció incluso volarlo en helicóptero a Tegucigalpa, pero la aeronave no pudo aterrizar por condiciones climatológicas. Castro regresó a la capital del país por tierra y resguardado por las autoridades, para evitar un posible ataque en su contra.

El activista tenía un boleto de vuelta a México para la mañana del lunes 7. Pero todo cambió el domingo 6 de marzo, en la madrugada. La juez Victorina Flores determinó una retención de 32 horas, que solicitó el ministerio público.

Un agente ministerial habló a la Embajada de México, que había alojado a Castro para protegerlo, para avisar que el activista sería notificado de una nueva diligencia, pero el requerimento oficial nunca llegó. Al llegar al aeropuerto, le prohibieron la salida, sin mostrarle ninguna documentación. Ese día en la tarde, la jueza extendió la prohibición de 32 horas a 30 días, por una nueva solicitud del ministerio público.

Al día siguiente, la jueza desechó un recurso de reposición del proceso e inhabilitó por 15 días a Ivanna Galeano, abogada del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) –organización que fundó Berta- y nombrada representante legal del activista, debido a que solicitó copias del expediente y eso le pareció a la jueza un desacato a la autoridad.

Ahí comenzó el viacrucis de los hermanos Castro. La defensa de Gustavo espera ahora las resoluciones de tres recursos:

Una solicitud a la fiscalía para que se desista de su petición de retenerlo en el país; un amparo contra la resolución de la jueza y un habeas corpus, que es un es una solicitud a la Suprema Corte para detenciones ilegales. El argumento de los abogados es que Gustavo Castro está cohibido de su libertad (eso significa que peligra su vida estando en Honduras).

La vara dispareja de la cancillería

Los recursos han acumulado una veintena de amicus curie, a las que se sumó este martes la del ex juez de la audiencia Española Baltasar Garzón. Pero ni esa presión ha permitido liberarlo. Castro permanece en resguardo en la Embajada de México en Honduras, donde ha sido muy bien atendido, aunque la cancillería mexicana ha mostrado muy poco interés por defenderlo.

Por eso, las organizaciones que apoyan a Castro en México demandan que la canciller Claudia Ruiz Massieu reciba a la familia y que eleve el diálogo sobre el caso entre cancilleres, apelando al Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal que tienen los dos países.

“Acá el gobierno de México ha apoyado, pero allá nos han dado largas y solo mandan a una subsecretaria. Es la diferencia que hace el gobierno mexicano para rescatar a mexicanos en el extranjero, como Moreira”, dice Óscar Castro, en referencia a la prontitud y prestancia con la que el gobierno mexicano actuó en defensa del ex gobernador de Coahuila y ex líder nacional del PRI, Humberto Moreira, detenido en España el 15 de enero por lavado de dinero y organización criminal.

Moreira fue liberado una semana después. Pero no estuvo solo, el gobierno de Enrique Peña Nieto, “puso a su disposición toda la maquinaria diplomática y legal de su embajada en España para intentar conocer su situación hasta el más mínimo detalle, atender a su familia y sacarle de la cárcel”, según publicó el diario El País. Además, el presidente Enrique Peña Nieto pidió no hacer juicios anticipados sobre la detención.

El activista ambiental retenido en Honduras, en cambio, no ha tenido apoyo de la Cancillería, a pesar de ser víctima y testigo de un asesinato político y de que su vida está en riesgo. Todo lo que se ha hecho para gestionar su salida sido posible por la movilización de las organizaciones civiles y de hecho, hay una solicitud a la CIDH de agregar a la medidas cautelares a los familiares de Berta Cáceres y otros amigos, incluido el propio Óscar Castro.

Pero las gestiones, como la justicia en este país, avanzan lentamente.

En la Sierra Tarahumara analizábamos las repercusiones del narcotráfico en la vida cotidiana. Quienes estaban en la charla trazaron una línea de tiempo, en un intento de explicarse cómo se había incubado esa violencia que los tiene encerrados en sus casas, prisioneros, despojados del terruño amado donde se criaron.

“Siempre se ha cultivado eso –dijo alguien– pero había libertad de a quién venderle y los narcos eran campesinos conocidos”. “Luego se ordenó a la gente que sólo a ciertas personas venidas de fuera debían de vender su mercancía”, comentó otro. “Quien vendía por su cuenta desde entonces era castigado”.

En el mapa iban sumando datos para dejar asentado qué pasó año con año. Hasta que todos ubicaron una fecha como el parteaguas, el arranque de su desgracia. Una línea dividía el antes y el después: el día que “el narco ganó las elecciones”.

Ese momento en el cual los candidatos a diputados y a presidentes municipales “no eran gente del partido” sino empresarios desconocidos impuestos a saber por quién. Esa fue la tendencia presente en la mayoría de los municipios serranos. El arranque formal del narcotráfico como financiador las campañas.

Los alcaldes ganadores, esos desconocidos sin currículum partidista, nuevos ricachones de pueblo a quienes no se conocía interés en la política, nombraron a sus compadres en el gabinete y pusieron a sicarios como policías municipales.

Lo que siguió en el tiempo fue el terror: la primera masacre, la de Creel, el pueblo mágico de camino hacia las Barrancas del Cobre. Desde ese 2008 la violencia no ha cesado.

Pocos medios que escapan a la línea de gobierno informan sobre los asesinatos, los pueblos abandonados, las casas quemadas, la estampida de personas que huyen horrorizadas, los indígenas mendigando en las periferias de las ciudades muertos del susto, del hambre y del frío. Algunos pocos rarámuris susurran en voz baja y con el miedo atascado en la garganta que “a una familia la quemaron viva”… “entraron al pueblo y se llevaron a nueve hombres”… “nos obligan a sembrar para ellos sino nos matan”.

La historia de nuestro secuestro inicia cuando los partidos políticos le abren la puerta al dinero de la mafia y se le retribuye el favor permitiéndole apoderarse del territorio, controlando la economía y a la población. O cuando a algún gobernante le ponen una pistola en la nunca para obligarlo a dejar hacer a la mafia, y nadie lo auxilia.

Lo que sigue para la gente es convertirse en esclavos y vivir presos en un paisaje sin colores donde se instala la tristeza, la desconfianza y el silencio. La muerte suelta por las calles jugando a una ruleta rusa donde todos son ejecutables.

Hace varios años una veterana reportera de Chihuahua, mi tierra, me contó que mientras hacía un reportaje sobre las elecciones serranas descubrió ese patrón delictivo de captura de los puestos de elección popular. En su diario no le permitieron publicarlo. El estratega electoral de esos comicios después fue gobernador.

Se me enchinó la piel hace unos días cuando leí en La Jornada y en Proceso que la historia se repite en estas elecciones: en tres municipios serranos, zona de influencia de cárteles, el PRI inscribió candidatos con fama pública de narcotraficantes. Y, casualmente, sus adversarios estaban siendo obligados a renunciar.

El presidente del partido, rápida y convenientemente, respondió que revisaría esas candidaturas. Pero, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué los periodistas son los encargados de dar la alerta, arriesgando su vida, y no el sistema judicial? ¿Quién sanciona a los partidos que nos entregan a los brazos de nuestros secuestradores?

La narcopolítica no es un concepto ajeno a nosotros. Es la venta de nuestra libertad. Es el saqueo permitido de nuestros recursos naturales. Son los asaltos, secuestros o cobros de piso tolerados en nuestro barrio. Son los policías que asesinan y desaparecen a cualquiera que les parece sospechoso. Son las masacres permitidas. Es la prohibición de las protestas y el silenciamiento de nuestros periodistas. Es ir al Ministerio Público y que nadie quiera levantar tu denuncia. Es no poder vacacionar o usar ciertas carreteras por miedo a ser desaparecido. Son nuestros jóvenes asesinados, cortados en pedacitos. Es respirar aire envenenado y presenciar el ahorcamiento de nuestro futuro. Es tener la casa tomada.

Esta traición política contra los ciudadanos es añeja y perpetuada por alcaldes, gobernadores, legisladores, jueces, generales, presidentes de la República que por tener más poder nos vendieron como rehenes.

Los escándalos de la semana son los de la diputada acusada de manejar los negocios de El Chapo y del ex presidente de otro partido acusado de trabajar para un cártel sanguinario. Pero tenemos historias dignas de colección: Gobernadores videograbados con capos de la droga, presidentes de partido impedidos de viajar al extranjero porque tienen órdenes judiciales esperándolos, directores de penales que permiten a los sicarios salir en las noches a matar o incinerar cuerpos dentro de las instalaciones, presidentes municipales emparentados con los narcos locales, policías dedicados a entregar gente a los asesinos, militares y federales supervisores de que la amapola llegue bien a su destino, presidentes señalados como imposiciones de los cárteles a los que benefician.

Si la cabeza está corrupta, todos están invitados a corromperse.

Los políticos se han vuelto cínicos ante las evidencias. En cada proceso electoral los directivos de los partidos desempolvan el anuncio de que blindarán los comicios de la infiltración del narcotráfico, pero sus promesas de saliva se convierten en escupitajos a los ciudadanos.

No se ve una solución próxima: Cuando los violentos toman el poder, los mejores ciudadanos, los decentes, los comprometidos, se alejan de la política, se autodescartan del pervertido juego electoral con reglas que sólo los mafiosos entienden. Pocos son las y los valientes que entran al sistema electoral en un intento por rescatar nuestro futuro y, cuando lo hacen, su propio partido los sabotea o enfrentan a la maquinaria del dinero que compra votos o reciben amenazas hasta que renuncian a la candidatura o con un balazo en la frente se les hace llegar el mensaje.

¿Ya ha terminado la guerra contra el narcotráfico? La respuesta obviamente es NO ¿Usted ha visto que haya bajado el número de ejecuciones y desapariciones en Nuevo León? Sea honesto y no se deje llevar por los comerciales del gobierno ¿Verdad que no? La realidad es que no; y si hablamos de cobros de piso, secuestro, narcomenudeo, robos en general. ¿Le parece que ya acabó la violencia? ¿O usted es de los que piensa que eso nunca va a acabar? En México existe un persistente movimiento en contra de la guerra irregular que vive el país, es un movimiento encabezado por las familias víctimas de ejecuciones y desapariciones, también participan defensores y defensoras de Derechos Humanos, que no se doblegan y que el día 13 de abril se reunirán en el marco del Foro Social Nuevo León, en Monterrey, para exponer la realidad en la que se encuentran los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila ¿Le digo algo? Ojala pueda usted asistir para escuchar de viva voz la realidad de las zonas capturadas por la violencia en el noreste mexicano. Pero no solo hablarán personas de estos tres estados; el 28 de marzo pasado salió de Honduras la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia; esta Caravana recorrerá Centroamérica, México y llegará a Nueva York, a la sede de la ONU donde se discutirá la estrategia global contra las drogas. La Caravana expondrá las consecuencias terribles de haberse entregado los gobiernos a una estrategia de balas y más balas donde solo ganan los fabricantes de armas y pierde la población. Ese mismo día, el 13, llegarán estos caravaneros y serán recibidos por el Foro Social donde escucharemos lo que han vivido en la América Central y sus propuestas. Representantes de Fuerzas Unidas por nuestros Desaparecidos en Nuevo León y de Alianza Cívica Nuevo León más un representante de familias de desaparecidos en Tamaulipas encontraremos a la Caravana en San Cristóbal de las Casas, Chiapas este miércoles 6 de abril y les acompañaremos en su camino hasta la frontera con Estados Unidos. La solidaridad ante la tragedia humanitaria que ha desplazado poblaciones enteras y también destruido la economía en las zonas rurales y gran parte de las urbanas se impone. Nos necesitamos. Infórmese sobre el tema, no es necesario que deje de ver futbol o telenovelas, todos tenemos derecho a las alegrías, pero hoy existe una tragedia creciente allá afuera que nos alcanzará tarde o temprano si no es que a usted ya lo alcanzó. Manténgase al pendiente del Foro Social y de lo que tienen que decir las familias de víctimas de la guerra, acérquese, conózcalos, organícese. Aquí la información sobre el Foro de este 12 y 13 de abril https://www.facebook.com/events/595919057240383/

Con machete en mano, un tapabocas y una playera negra con la leyenda ¿Dónde están? Ramiro Lara sale al campo a buscar pistas para encontrar a su hermano desaparecido en 2011, el año más violento en la historia de Monterrey. Lo último que se supo de él, era que estaba festejando con sus amigos en un antro llamado San Pedro Antiguo, donde días después mataron al dueño con un balazo en la nuca.

Para Ramiro, su hermano era algo así como una figura paterna. Cuando desapareció, Ramiro tenía sólo 9 años y su hermano 22. Ramiro y su mamá llevan dos años luchando de la mano de los demás integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León.

Hoy, junto a nueve personas más, emprendieron la tercera búsqueda ciudadana por los desaparecidos. La cita fue en la Plaza de los Desaparecidos, ubicada en Washington y Zaragoza, para luego trasladarse a un terreno baldío en la carretera libre a Reynosa, kilómetro 15.5.  Llegaron con herramientas como varillas, picos, martillos y palas para excavar.

Con esperanza en la mirada y siguiendo su instinto, se adentraron al campo con la ayuda de Maya, una perra entrenada para la búsqueda de cadáveres. Además, contaron con tres elementos de Fuerza Civil que acompañaron al grupo.

La mayoría son mujeres, mamás o esposas. Hace cinco años también desaparecieron el esposo y el cuñado de Luisa Castellanos. Él era chofer del Mercado de Abastos y en un trayecto a Ciudad Victoria, Tamaulipas, no se supo nada de ninguno de los dos.

Paz Flores Rodríguez también busca a su esposo. Con lágrimas en el rostro cuenta que batallaron mucho para concebir hijos y cuando nació su niña, era como un sueño hecho realidad para ambos. “Lo malo es que duró muy poco”, dice Paz. Su esposo tenía un camión de venta y compra de chatarra, un día que se fue a China, Nuevo León, se perdió su rastro.

Por otro lado, Leticia Hidalgo, fundadora de la asociación, Lourdes Huerta y Angélica Ávila buscan a sus hijos desaparecidos también en esos años. A pesar del tiempo que ha pasado y que la ciudad está más tranquila, las desapariciones siguen ocurriendo. Para prueba está la hija de Julio, quien desapareció el año pasado cuando tenía 15 años de edad. Él es uno de los pocos hombres del grupo.

También está David Cayetán que, aunque no tiene ningún familiar desaparecido, lucha por la causa como defensor de derechos humanos. Asimismo, también colabora Angélica Orozco, quien siempre ha intentado apoyar en diversos colectivos.

Han pasado más de cuatro horas de búsqueda. El camino ha sido largo porque también recorrieron un río cercano donde años pasados se encontraron seis cadáveres. Cualquier pista por más pequeña que sea es una razón para seguir en la búsqueda. “Vives por vivir”, dice Angélica Ávila, “mueres lento ante la indiferencia del gobierno. Pero aunque sea difícil tenemos que hacer algo”.

La mayoría son mujeres, mamás o esposas. Hace cinco años también desaparecieron el esposo y el cuñado de Luisa Castellanos. Él era chofer del Mercado de Abastos y en un trayecto a Ciudad Victoria, Tamaulipas, no se supo nada de ninguno de los dos.

Paz Flores Rodríguez también busca a su esposo. Con lágrimas en el rostro cuenta que batallaron mucho para concebir hijos y cuando nació su niña, era como un sueño hecho realidad para ambos. “Lo malo es que duró muy poco”, dice Paz. Su esposo tenía un camión de venta y compra de chatarra, un día que se fue a China, Nuevo León, se perdió su rastro.

Por eso están aquí en un campo lleno de basura, llantas quemadas, arañas y hormigas. En el camino, Maya detecta unos huesos y son marcados con banderines amarillos. Cada quien hace uso de lo que aprendió en la capacitación que dieron los de Grupo Vida, de Torreón. Clavan los picos y luego olfatean. Si el olor es como el azufre, es un indicio de que pueda haber algún resto del cuerpo.

De hecho, en la noria donde se encontraron dos cadáveres en el 2012, el olor es fétido y fuerte. Sin importar, ellos continúan con la búsqueda y encuentran más huesos. La evidencia la llevarán a la Procuraduría del Estado para que los peritos hagan el trabajo de identificación. A diferencia de otros lugares como Torreón, donde cada fin de semana salen en búsqueda de desaparecidos, aquí los peritos no los acompañan al campo, ni siquiera se presentan. Tampoco usan el equipo especializado que tiene la Procuraduría para las búsquedas.

Solo en la primera búsqueda asistieron los peritos, la cual se realizó el 31 de octubre del 2015 a orillas de la carretera a Saltillo; la segunda fue el 19 de diciembre del mismo año en Santa Catarina. Para hacerlo, el único apoyo que han recibido es la escolta de elementos de seguridad y transporte. Aunque hoy, todos llegaron por sus propios medios.

Por otro lado, Leticia Hidalgo, fundadora de la asociación, Lourdes Huerta y Angélica Ávila buscan a sus hijos desaparecidos también en esos años. A pesar del tiempo que ha pasado y que la ciudad está más tranquila, las desapariciones siguen ocurriendo. Para prueba está la hija de Julio, quien desapareció el año pasado cuando tenía 15 años de edad. Él es uno de los pocos hombres del grupo.

También está David Cayetán que, aunque no tiene ningún familiar desaparecido, lucha por la causa como defensor de derechos humanos. Asimismo, también colabora Angélica Orozco, quien siempre ha intentado apoyar en diversos colectivos.

Han pasado más de cuatro horas de búsqueda. El camino ha sido largo porque también recorrieron un río cercano donde años pasados se encontraron seis cadáveres. Cualquier pista por más pequeña que sea es una razón para seguir en la búsqueda. “Vives por vivir”, dice Angélica Ávila, “mueres lento ante la indiferencia del gobierno. Pero aunque sea difícil tenemos que hacer algo”.